14 de noviembre de 2019, 7:29:18
Opinion


El Tribunal Constitucional y la Justicia de la ley

Juan José Solozábal


Según se sabe, nuestro Tribunal Constitucional tiene como una de sus tareas más importantes el control de la constitucionalidad de las leyes, que lleva a cabo
cuando resuelve las denuncias de inconstitucionalidad que frente a las leyes se presentan a través de los recursos y las cuestiones. A través de los recursos de inconstitucionalidad se llevan al Tribunal las leyes inmediatamente después de su publicación, en virtud de la legitimación de que disfrutan determinados órganos o fracciones de órganos constitucionales; mientras que mediante la cuestión de inconstitucionalidad se llevan ante el Tribunal las leyes después de que han entrado en vigor y exclusivamente por la iniciativa de los jueces y tribunales cuando aplican la ley que puede ser contraria a la Constitución.

Los efectos de las sentencias que se dictan resolviendo recursos o cuestiones son idénticos, aunque en el caso de la cuestión la depuración efectuada por el Tribunal tenga la ventaja de referirse a una ley que ya ha entrado en vigor y que por tanto ya ha mostrado sus efectos y es por ello algo más que un mero texto o disposición.

Tanto en el recurso como en la cuestión el Tribunal como es obvio sólo puede utilizar argumentos jurídicos para fundamentar sus fallos, lo que ocurre es que en los recursos los demandantes aunque explícitamente se limiten a aducir tachas de inconstitucionalidad a la ley que denuncian, en realidad se oponen a ella por motivos políticos, que no son alegables ante el Tribunal como órgano jurisdiccional que es; en cambio las cuestiones de inconstitucionalidad que plantean los jueces solo pueden estar basadas, en apariencia y en el fondo, en argumentos jurídicos. No es admisible que un juez cuestione una ley ante el Tribunal porque discrepa de su finalidad o tiene objeciones ideológicas personales frente a ella.

Queda otro importante tipo de problemas a tratar. ¿Qué leyes se llevan ante el Tribunal Constitucional? ¿Y qué es lo que se objeta frente a las leyes aprobadas? ¿Por qué se recurre verdaderamente ante el Tribunal Constitucional?

Hay un número importante de normas que son llevadas ante la jurisdicción constitucional, aunque la legitimación para plantear los recursos de inconstitucionalidad o las cuestiones se encuentre restringida, pues en nuestro sistema no hay un amparo universal frente a leyes y la cuestión de inconstitucionalidad legitima el acceso al Tribunal exclusivamente de los jueces y tribunales en los procesos concretos en que sea trascendente la ley cuya constitucionalidad es problemática. Las estadísticas del Tribunal publicadas, por ejemplo para el periodo 2008 o 2012, nos dicen el número de leyes impugnadas por la vía del recurso o la cuestión, pero no nos dicen si la impugnación se refería a toda la ley o determinados artículos, ni tampoco informan sobre el significado político o la trascendencia de las impugnaciones de que las normas son afectadas. Podríamos decir que las leyes importantes acaban siendo cuestionadas- así la legislación sobre el aborto o la educación, o las reformas fiscales o los Estatutos de autonomía, como notoriamente ha ocurrido en los casos del de Valencia o el de Cataluña-.

Pero la cuestión importante es el por qué se recurre ante el Tribunal Constitucional. O mejor ¿qué sentido tiene la impugnación o para qué sirve que se lleven ante el Tribunal Constitucional las leyes? Hay varios modos de responder a estas interesantes preguntas, que pueden variar dependiendo de si hablamos de los recursos o las cuestiones. Si pensamos en la actitud de los recurrentes, es diferente según consideremos la posición proclamada o la intención oculta o verdadera, acogiendo aquella célebre distinción que establecía Merton entre las funciones reconocidas, mas bien falsas o banales, y las verdaderas u ocultas de las instituciones. En los recursos de inconstitucionalidad los demandantes dicen actuar en defensa de la Constitución, porque no se quiere que sea lesionada por la ley, cuya inconstitucionalidad se denuncia. En realidad lo que explica el recurso es el propósito de la minoría o de los gobiernos central o autonómico de resarcirse frente a su derrota en el procedimiento parlamentario. El recurso es, entonces, una segunda oportunidad de la que se dispone si se cambian los argumentos contra la ley, y de políticos devienen en jurídicos o técnicos. En la cuestión, como hemos señalado, el juez no se encuentra con una ocasión de intervenir en la crítica política de la ley que impugna sino de contribuir a su valoración desde una perspectiva rigurosamente constitucional.

Pero si queremos hallar una explicación de la intervención del Tribunal en los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad creo que hay que subrayar que lo que hace el Tribunal Constitucional controlando la constitucionalidad de la ley es examinar su justicia. El parámetro de referencia del órgano jurisdiccional cuando somete la ley al contraste con la Constitución es el de una norma muy especial cuyo contenido, si hablamos de derechos, valores o principios, solo puede averiguarse tras la conversación de los miembros del colegio, pues ninguna norma como la fundamental necesita de la interpretación, esto es, una discusión sobre su significado. La cuestión es la conexión del juicio del Tribunal con el sentir de la comunidad, pues la Constitución cuando es interpretada no está en manos de un poder soberano sino (solo) de su máxime expositor, que no es el dueño sino el decidor de lo que realmente significa.
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