24 de julio de 2019, 6:36:42
Opinion


España en la estela de Adolfo Suárez

Juan José Laborda


No tengo ninguna duda de que la muerte de Adolfo Suárez ha removido para bien a nuestra opinión pública -¿podríamos calificarla con rigor “opinión nacional”?-.

En una sociedad deseosa de referentes morales, Adolfo Suárez nos recordó , cuando falleció, unos símbolos que la sociedad añoraba. Símbolos políticos, a pesar de que Adolfo Suárez fue un ejemplo, primero, de un político profesional; segundo, de un político que no hizo más que política en su vida; y tercero, que cambió muchas veces de ideología política. En pocas palabras, Adolfo Suárez podía perfectamente asimilarse al tópico del político vituperado de nuestros días. Con esas características personales, algunos profetas del periodismo justiciero de hoy dirían que Suárez era un vividor de la política, un enchufado al presupuesto público, un tipo sin otro oficio que sobrevivir en las luchas del poder.

Cuando fue nombrado por el rey presidente del Gobierno, parecidos justicieros ya pronunciaron anatemas del mismo tenor. Ricardo de la Cierva, por ejemplo, desde una objetividad que le llevó, con el tiempo, a ver masones en la política actual, le dio una patada a Adolfo Suárez en el culo del rey: “Qué error, qué inmenso error”, fue el título del artículo más leído de todos los que Ricardo de la Cierva ha escrito en su vida. El “error” se refería al nombramiento de Suárez, sustituyendo a Carlos Arias Navarro, como presidente del Gobierno, algo que no fue obstáculo para que, pocos años después, Ricardo de la Cierva aceptara encantado que Adolfo Suárez le nombrase ministro de su Gobierno.

También por aquella época, ciertos grandes comunicadores calificaron a los Gobiernos de Adolfo Suárez de “gobiernos de PNN”. Los “penenes” eran entonces los profesores universitarios que dependían absolutamente de los catedráticos. Suárez era un “penene” para los que creían que gobernar era un oficio reservado a las élites económicas y sociales, en un país que, además, había sido gobernado por oligarcas o delegados de la oligarquía, sin otra justificación que detentaban el poder por obra y gracia de la victoria en una guerra civil injustificable.

Una parte de la llamada “sociedad civil”, como una parte de los empresarios (mejor, en este caso, “sociedad político-civil”), no simpatizaron con Adolfo Suárez. Se ha recordado la pertinaz oposición que le hicieron los empresarios de la CEOE, capitaneados por Carlos Ferrer Salat. Leopoldo Calvo Sotelo, en sus memorias, recuerda la despiadada ofensiva que Ferrer Salat lanzó contra los dos presidentes de la UCD, Suárez y el mismo Calvo Sotelo. La dimisión de Adolfo Suárez se comprende por una conjunción de factores, entre los cuáles están la inquina de la CEOE, la campaña que lanzó Pedro J. Ramírez (entonces director de Diario16) y la actitud levantisca que tenía el sector franquista del Ejército, y sus portavoces periodísticos.

Estos hechos, que ponen de relieve algunas de las amarguras que sufrió Adolfo Suárez, y la dureza y peligrosidad de la vida política de aquellos años, demuestran que la Transición no fue esa historia en la que todo estaba previamente decidido, con una “hoja de ruta” -diríamos hoy- con final feliz predeterminado. A ese relato falso y alegremente cursi, algunos le añaden que la historia del consenso fue sólo un acuerdo entre los franquistas -que mantuvieron, por supuesto, su dominación- y los demócratas de la Transición -que, obviamente, estaban muertos de miedo-, para dejar, en lo esencial, todo igual que estaba en el franquismo.

La muerte de Adolfo Suárez ha removido los tópicos. ¿Será sólo temporalmente? Madrid ha vivido sus honras fúnebres, en las que se ha gritado vivas a la democracia al paso de su cuerpo, y esos acontecimientos han coincidido con las manifestaciones de las “marchas de la dignidad”. El manifiesto que se leyó al final de esas marchas llegadas de toda España, contenía una afirmación históricamente falsa y políticamente insidiosa: “la Constitución se hizo en contra del pueblo”.

Adolfo Suárez fue el artífice del consenso del que procede la Constitución. El 21 de julio de 1978, el Congreso votó el proyecto de Constitución, que a continuación pasó al Senado, Cámara entonces con los mismos poderes, y que profundizaría el acuerdo alcanzado en el Congreso de los Diputados. La mañana de ese día 21 de julio, horas antes de que los diputados votasen el texto constitucional, ETA asesinaba en Madrid al general de brigada Juan Manuel Sánchez Ramos, y a su ayudante, el teniente coronel Juan Antonio Pérez Rodríguez. La intención de ETA era manifiesta: no quería la Constitución, ni cualquier otra fórmula democrática para España. A pesar de la conmoción, el Congreso aprobó el proyecto de Constitución. Obtuvo 252 votos afirmativos, correspondientes al partido UCD de Adolfo Suárez; al PSOE de Felipe González (que pronunció un discurso condenando el asesinato que fue aplaudido por la UCD); al partido comunista de Santiago Carrillo; al partido CiU de Jordi Pujol; al PSP de Enrique Tierno Galván, y algunos otros diputados de pequeños partidos. Se abstuvieron el PNV, Esquerra Republicana de Catalunya y Alianza Popular, el partido de Manuel Fraga Iribarne. Sin embargo, un miembro de AP, el diputado y ex-ministro del franquismo, Silva Muñoz, votó en contra. El discurso que pronunció Manuel Fraga no gustó en absoluto a Adolfo Suárez y a sus diputados, pues Fraga acusó al Gobierno de “debilidad”. Votaron en contra, además de ese diputado de AP, el representante del nacionalismo radical vasco.

Los aplausos al paso del cuerpo sin vida de Adolfo Suárez, y los vivas a la democracia que él consiguió a pesar de los tremendos obstáculos, deberían ser el signo de la recuperación de la confianza en nuestro sistema político.
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