14 de noviembre de 2019, 5:43:23
Opinion


Un largo proceso de reformas (I)

Juan José Laborda


“Lo más profundo es la piel”, escribió Paul Valéry en sus “Cuadernos”, una especie de apuntes que redactó cada día entre 1894 y 1945, el año de su muerte. Son 26.600 páginas en las que Valéry aborda para sí mismo problemas morales, filosóficos, literarios, científicos, y también problemas del Estado contemporáneo. La prodigiosa inteligencia analítica del autor del poema “El cementerio marino” aún nos sigue impresionando. Historiadores como Fernand Braudel utilizaron intuiciones de sus “Cuadernos” para comprender, por ejemplo, la división de Europa entre católicos y protestantes.

“Lo más profundo es la piel” es uno de los aforismos sugerentes de Paul Valéry.

La piel de España está tatuada con el mapa autonómico con la misma profundidad que imprimió la división en provincias del Estado liberal. Las Comunidades Autónomas de 1978 surgen a partir de las provincias de 1833. En ambos momentos históricos se escucharon intensas acusaciones de artificialidad, y sin embargo, provincias y Comunidades seguirán siendo la base de nuestro Estado constitucional, pasado, presente y futuro.

El aforismo de Paul Valéry puede entenderse gracias al libro de otro genio: “El Antiguo Régimen y la Revolución” de Alexis de Tocqueville. En él se demuestra, por primera vez, que el Estado, aunque sea un Estado revolucionario, evoluciona siempre dentro de rasgos heredados del pasado.

¿Significa esta visión mía de historiador, que cita a un poeta simbolista, que el Estado tiene unas inercias históricas que se oponen a su reforma?

Veamos si consigo explicarme con alguna claridad.

Empíricamente constato que el Estado Autonómico (que no es lo mismo que el Estado de las Autonomías) experimentó, desde el año 1998, un parón reformista. La ley general de cooperación del Estado de las Autonomías, impulsada en 2002 por el ministro Jesús Posada, el periódico debate autonómico, y la reforma constitucional del Senado, son tres ejemplos de ese parón, aunque podrían darse más.

Los gobiernos de José María Aznar, en su segunda legislatura, argumentaron que esas reformas del Estado no sólo eran innecesarias (entonces la prioridad fueron las corporaciones locales), sino que podían abrir un periodo de inestabilidad. El Estado Autonómico no necesitaba reformas de alcance constitucional.

Era un legítimo pensamiento conservador, por definición pesimista ante las reformas, pero optimista ante la fuerza integradora del Estado constitucional. ¿Existe hoy ese optimismo con la capacidad integradora del Estado? ¿O sólo queda el pesimismo de la fuerza del Estado?

Los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque obtuvieron mayorías para desarrollar el Estado de las Autonomías, no contaron nunca con las mismas mayorías para superar el parón reformista del Estado Autonómico.

Ni Aznar ni Zapatero buscaron el necesario consenso para realizar las reformas constitucionales.

Resultado: tras tres lustros perdidos para el reformismo estatal, ahora el Gobierno y la oposición coinciden en su necesidad. Pero mientras el Gobierno se queja de que no existe el necesario consenso para reformar la Constitución, la Oposición critica que sus propuestas reformistas fueron rechazadas siempre por el Gobierno, y que éste no dio ninguna alternativa a su rechazo.

Cada una de las dos posturas se defienden bien ante sus respectivos electorados. Pero, ¿podemos seguir indefinidamente con una situación así? Podríamos seguir, ¡probablemente! Aunque bastantes teman que esa inacción reformista afecte negativamente a nuestro Estado constitucional, y a la calidad de nuestra democracia.

¿Cómo desatascar esta situación política? En mi opinión sólo la opinión pública -atención, la opinión pública y no la opinión publicada- puede urgir las reformas a los partidos políticos, agentes necesarios para esa tarea. ¿Pero cómo hacerlo?

Josep R. Strayer, un gran analista del Estado, colaborador del más grande aún Ernst H. Kantorowicz, escribió lo siguiente: “un Estado existe sobre todo en el corazón y en la mente de su pueblo”.

Si creemos que en España eso es cierto, ¿acaso no podemos exigir que nuestros representantes (y sus partidos políticos) nos muestren cuáles son sus coincidencias en materia Constitucional? Sabemos cuáles son sus discrepancias, pero queremos saber si existe un mínimo punto de acuerdo para iniciar las reformas.

Lo que digo no es mera retórica o truco dialéctico. Al contrario: no se me ocurre ninguna otra solución para superar las dos posturas políticas, que anteriormente he definido. Y la solución consiste en trazar un calendario reformista que comprometa a las fuerzas políticas durante varias legislaturas, estén en el Gobierno, o en la Oposición.

La experiencia alemana puede servir de aliciente. El octubre de 2003 se creó una comisión bicameral, con miembros del Bundestag y del Bundesrat, que a pesar del antagonismo entre los dos grandes partidos alemanes, impulsó la mayor reforma habida de su Constitución federal de 1949. La Comisión bicameral escuchó a cientos de expertos y de líderes científicos, económicos y sociales, y el clima que se creó hizo posible la reforma constitucional de 2006 -¡la madre de todas las reformas!, como fue calificada-, que se centró, fundamentalmente, en corregir los problemas de funcionamiento de su Estado descentralizado o federal. Alemania sigue hoy realizando reformas en su Estado.
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