23 de enero de 2020, 1:14:29
Opinion


Todo y nada contra la corrupción

Javier Cámara


Que la corrupción política es un problema en España no es noticia. Que es una de las causas de mayor preocupación para los españoles se publica en el CIS cada vez que nos pregunta. Que los políticos siempre dicen que van a hacer lo que esté en su mano para atajarla parece un déjà vu. Lo que sí ha sorprendido es que salga el fiscal general del Estado para criticar las actuales leyes contra la corrupción.

Tiene toda la lógica. A nadie agrada ver cómo pasan los años y los magistrados siguen instruyendo casos como la Gürtel o el de los ERE. ¿Dónde quedó aquello de que si la justicia no es rápida no es justicia? Proponer, pues, una revisión del actual modelo de instrucción de los casos de corrupción para que todo sea más sencillo, ágil y rápido no es extraño. O no debería parecerlo, por mucho que la crítica venga de un miembro del órgano judicial.

Bien por Torres Dulce, que no ha tenido problema alguno, pese a ser un cargo de designación directa del Ejecutivo, en acercarse al Congreso para participar en un encuentro de expertos y reprochar abiertamente a los responsables del Gobierno que no haya transparencia en muchos de los mecanismos que se utilizan para hacer Justicia, para controlar la financiación de los partidos políticos y que no haya dispuesto de herramientas para evitar juicios que se extienden ad infinitum.

Y digo yo: ¿De verdad hacen nuestros políticos todo lo que pueden para acabar con la corrupción? ¿De verdad el fraude a Hacienda del ciudadano es una consecuencia directa de la corrupción que se observa en nuestros dirigentes?

No acabo de entender la dificultad, tanto técnica como jurídica, que puede existir en que se publiquen en Internet, esto es, para que todo interesado que quiera lo pueda ver, las cuentas anuales de los partidos, sus gastos, sus ingresos y sus bienes patrimoniales.

No parece tampoco descabellado exigir que todos podamos conocer quiénes o qué empresas o cuántas instituciones donan qué cantidad a las formaciones políticas y que se establezca jurídicamente de una vez por todas el delito de financiación ilegal de partidos políticos.

Ya puestos, tampoco estaría mal limitar por ley la permanencia de un político en un cargo público, también casi hasta el infinito. Sería la única forma de evitar en gran medida la corrupción, haciendo que no sea un modo de vida, garantizando que la actividad en política sea pasajera, circunstancial y no enriquecedora.

Así nos habría ido mucho mejor a todos y alguno se habría librado de las tentaciones del poder que le hicieron dar con sus huesos en la cárcel. Aunque no a todos los que nos hubiera gustado.
El Imparcial.  Todos los derechos reservados.  ®2020   |  www.elimparcial.es