19 de noviembre de 2019, 16:34:44
América

Crónica de América


Santos y las inminentes presidenciales en Colombia


El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, gana tiempo y se desembaraza de la presión de la narcoguerrilla de las FARC, mientras resuelve las adversidades que obstaculizan su reelección presidencial a finales de este mes.


El dato no deja de ser significativo: cada vez que las negociaciones del presidente colombiano Juan Manuel Santos con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se estancan o encuentran un escollo de difícil solución, estallan en Colombia gravísimas movilizaciones agrarias. Así sucedió en agosto del año pasado, tal como se informó en estas páginas: “Santos, ante las FARC en la cuerda floja”, cuando las dificultades para llegar a un acuerdo con los guerrilleros en materia de una futura ley electoral coincidieron con un paro agrario nacional, en un primer momento tan de baja intensidad y dispersión que fue desdeñado por el presidente. En septiembre, por el contrario, se sumaron transportistas y mineros, de modo que las grandes ciudades comenzaron a sentir la asfixia de suministros y el Ejecutivo hubo de ceder en toda regla.

El descalabro gubernamental fue mayúsculo. Santos hubo de destituir velozmente a cinco ministros: el de Justicia, el de Minas, el de Interior, el de la Presidencia y el de Agricultura y Desarrollo Rural. El mandatario colombiano también se vio forzado a proponer un Pacto Nacional Agrario y realizar la comprometida promesa de “refundar el campo colombiano”. Pero la presión campesina tuvo asimismo sus efectos en la mesa de negociación en La Habana -escenario de las conversaciones-, donde Santos hubo de someterse finalmente a unos confusos acuerdos según los cuales la guerrilla disfrutaría de escaños que no habría obtenido en las urnas y de ventajas en una futura campaña electoral que tiraban por tierra aspectos fundamentales del Marco Jurídico por la Paz, diseñado por la propia justicia colombiana. Cedido ese terreno a las FARC, la movilización campesina se detuvo. Al menos provisionalmente.



Los servicios de información aportaron entonces datos sobre la infiltración de agitadores guerrilleros en las organizaciones agrarias, de manera que podían controlar las fechas de sus levantamientos, su coordinación entre áreas muy distintas del país y planificar dianas políticas de dimensión internacional como pueden ser los Tratados de Libre Comercio, especialmente el firmado con Estados Unidos. Esto no significa que el campo colombiano no requiera profundísimas reformas si se quiere asentar una paz social estable y conseguir que el actual crecimiento económico llegue realmente a las capas más desfavorecidas. Pero la ausencia de esas reformas y la indignación que genera es una herramienta, que, de ser infiltrada, se convierte en una potente arma con la que el narcoterrorismo puede contrarrestar sus severos reveses sufridos en los enfrentamientos bélicos. Como instrumento en el conflicto, el pasado año los narcoguerrilleros no dudaron en identificarse con la agitación campesina acusando a Santos de emplear contra los huelguistas “la brutalidad de las fuerzas de la represión, la hostilidad económica y bélica contra los desposeídos”, con lo que el Gobierno de Santos dio su brazo a torcer en La Habana.

Una maniobra idéntica se está ejecutando en estos días. La negociación en la capital de la isla caribeña se ha estancado y Juan Manuel Santos ha tenido la inteligencia -o se ha visto en la obligación- de desvincular la fecha de un posible referéndum sobre los acuerdos con las FARC con la fecha de las próximas elecciones presidenciales del 25 de mayo, e incluso la previsible segunda vuelta del 15 de junio, tal como antes había asegurado. Ahora los comicios se celebrarán en sus plazos previstos, y el referéndum, de llegar a producirse, queda para un momento indeterminado de su segundo mandato, si este se consuma.

Ante esta cadena de obstáculos, la historia se ha vuelto a repetir. Hace escasas semanas, a finales del pasado mes de abril, las organizaciones agrarias anunciaron un nuevo paro. Visto el precedente, desde la Casa Nariño se dio la orden urgente de negociar, lo que no impidió acciones violentas en Boyacá, Huila o Santander, que paralizaron el tránsito en zonas agrícolas clave. Aprovechando su lejanía de la capital, el Gobierno colombiano se apresuró a restarle importancia. El líder de la revuelta en Boyacá, César Pachón, publicó, por el contrario, vía Twitter, fotos de los disturbios nada tranquilizadoras. En Huila, epicentro de la violencia del paro agrario, se utilizaron cilindros bomba y ácidos contra la policía, contabilizándose casi cuarenta agentes heridos, y se hizo chantaje armado contra los campesinos que no secundaban la huelga.



Imposible de ocultar a estas alturas las evidencias. El pasado lunes 5 de mayo, Santos puso en marcha una doble línea de acción. Por un lado, encomendar a Rubén Darío Lizarralde, su ministro de Agricultura, llegar a toda costa a un entendimiento con el campesinado, y, por otro, iniciar una campaña de denuncia contra las protestas, para las que no encuentra causas económicas sino ocultas motivaciones políticas. En una entrevista a Efe, el presidente insistía: “No hay razones objetivas para que los campesinos en este momento estén protestando, sobre todo ciertos sectores. El nuevo paro agrario se produce porque hay grupos que están interesados en golpear al presidente de la República.” El ansia por cerrar un pacto en tiempo récord hizo que al día siguiente, martes 6 de mayo, el Ejecutivo anunciase que los líderes del movimiento Dignidad Agropecuaria habían aceptado las propuestas del ministerio de Agricultura, pero el miércoles se comprobó que representantes de la movilización tomaban la plaza Bolívar de la capital y se encadenaban muy cerca de la sede presidencial de la Casa Nariño, “exigiéndole al Gobierno que cumpla”. Mientras, numerosos municipios de Huila han quedado bloqueados, y entrado en crisis por desabastecimiento. Las espadas están en alto, y no es descartable que los altercados del año pasado, que paralizaron al país, se repitan.

Resulta difícil de defender, como sostiene Santos, que actuaciones de estas características no posean fundamentos económicos muy hirientes y que fácilmente conducen a la ira popular. Pero esto es compatible con que la crispación esté siendo manejada con objetivos políticos que no se corresponden, precisamente, con solucionar los graves problemas de la economía agraria. Hoy, con una gran diferencia respecto a los disturbios del pasado año. Al desvincular, finalmente, la fecha de la elección presidencial con la de un referéndum sobre los acuerdos con las FARC, los guerrilleros no pueden imponer en La Habana sus criterios utilizando los movimientos agrarios como arma de coacción. Al final, Santos se ha quitado esa soga que él mismo se había puesto al cuello, y puede dilatar las negociaciones y relegar los acuerdos al momento en que realmente hayan madurado de forma razonable, sin que la guerrilla le tuerza la mano por la inminencia electoral. Por presión de las circunstancias o por oportuna e inteligente rectificación, Juan Manuel Santos ha librado a la democracia colombiana de una espada de Damocles inaceptable.



Ahora las movilizaciones populares quedan reducidas a un posible mayor o menor desgaste en las urnas, junto a episodios más o menos azarosos de la campaña de reelección, como el escándalo de su asesor electoral Juan José Rendón o el sainete vivido con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Las protestas campesinas no erosionarán las metas del actual presidente en los inminentes comicios, siempre que no se desborden hacia una violencia callejera generalizada, como sucedió hace un año, mermando considerablemente su crédito. Negociar sin esconder la realidad, conseguir que no se le sumen sectores urbanos y neutralizar a los agitadores ajenos al conflicto, son las tareas ineludibles que tiene por delante en este capítulo.

La renuncia de su asesor Juan José Rendón es un episodio sensacionalista que no debería trascender el simple escándalo mediático. Rendón, hijo de un militar venezolano, participó en la campaña que llevó a Carlos Andrés Pérez a la presidencia de Venezuela, pasando a ser asesor en la elección de Juan Orlando Hernández en Honduras o de Enrique Peña Nieto en México. Ahora, informaciones periodísticas han destapado cómo recibió millones de dólares de capos del narcotráfico por sus negociaciones entre ellos y la Fiscalía de Estados Unidos. Haber recibido una fortuna procedente, en última instancia, del tráfico de narcóticos es de todo punto incompatible con asesorar una campaña presidencial en Colombia, y esta semana se materializó en su fulminante dimisión. A favor de Santos juega que Juan José Redón sea un técnico que no forma parte del círculo de poder, un profesional radicado en Miami en donde ya está de vuelta sin más implicaciones políticas que el ruido desencadenado en los medios de comunicación.



Otras lecciones puede extraer Santos del vodevil protagonizado a propósito de Gustavo Petro. Petro proviene de la extinguida organización guerrillera M-19, que entregó las armas a cambio de integrarse en el juego democrático. A través de las urnas, Gustavo Petro alcanzó la alcaldía de Bogotá, pero su pasado guerrillero ha seguido hiriendo sensibilidades, de modo que el Partido de la U lideró una campaña a favor de su destitución por no cumplir el programa con el que se presentó. Un juez ratificó la revocación del regidor, y Santos lo destituyó de su cargo. Ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha exigido devolvérselo, lo que ha secundado el Tribunal Superior de Bogotá. Y el mismo Santos que hace pocas fechas lo destituyó, ha tenido que restituirle al frente de la alcaldía de la capital. Un vaivén a ritmo de opereta que causa desconcierto y hastío en la ciudadanía. El caso de Petro -justo vencedor electoral en el Ayuntamiento de Bogotá-, refleja la hipersensibilidad que con toda lógica provocan las acciones del terrorismo guerrillero, incluso cuando hay un sincero arrepentimiento de por medio.

Su caso indica hasta qué punto no es suficiente un acuerdo de Paz de un Gobierno -en este caso, el de Santos-, con la guerrilla de las FARC, ni siquiera refrendado en las urnas por una mayoría simple. El cumplimiento de esos acuerdos no sería asumido por el conjunto de la sociedad, desembocando con muchas probabilidades en una ruptura que daría vigor político y recuperación militar a unos guerrilleros en un país conducido a la confusión. Es necesario que se cumplan los requisitos del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, que exige que no queden impunes crímenes de lesa humanidad. También resulta imprescindible que un pacto de estas características implique no solo al Gobierno, sino a la inmensa mayoría de las fuerzas políticas. Algo que quizá no pueda lograrse de un único plumazo. No es descabellado pensar que se alcance a medio plazo un acuerdo con parte de la guerrilla, y que el resto deba ser definitivamente doblegado por las armas mediante un ejército democrático. La erosión que todos estos incidentes ha causado en la figura de Juan Manuel Santos impedirá, casi con toda seguridad, que obtenga la reelección en la primera vuelta. Pero difícilmente será un obstáculo insalvable para que sí la alcance en la segunda vuelta de junio.
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