20 de septiembre de 2021, 22:22:50
América

CRÓNICA DE AMÉRICA


Crónica de América. Lecciones y elecciones de Guatemala

Rafael Fuentes

Las instituciones han funcionado contra la corrupción. Por Rafael Fuentes



Los acontecimientos que han rodeado a las últimas elecciones en Guatemala encierran interesantísimas lecciones políticas que necesariamente han de afectar a todos los Gobiernos de la región y de las que se deberían extraer conclusiones a una escala más global en todas las democracias, por mucho que nos parezca de forma equivocada solo un pequeño país centroamericano. Sería un gran error desdeñarlo y no prestar atención a lo que allí está ocurriendo en estos momentos.

La primera lección ha sido el encarcelamiento preventivo -que acaba de ser ratificado tras las apelaciones-, del expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina después de un auto de procesamiento. Una medida, sin duda, inicialmente impecable, a pesar de las protestas airadas del interesado. Las informaciones sobre el proceso que ha desembocado en la entrada en la cárcel de un presidente de la República, sobre todo si provienen de medios de comunicación proclives a la izquierda, han recalcado la supuesta épica de las multitudinarias movilizaciones contra la corrupción como un factor clave en la caída del mandatario. Resulta de forma indudable un ingrediente más en el mecanismo que ha conducido a este desenlace, pero en modo alguno el determinante.

Casos sangrantes de corrupción están salpicando a Gobiernos de toda el área, y movilizaciones populares masivas se suceden sin tregua en muchas de las grandes capitales. Esto mismo está ocurriendo en Brasil, en Ecuador, en Nicaragua, y, con otras connotaciones, en México y en Venezuela. En ningún caso esas supuestas mayorías sociales que se han adueñado de las calles han frenado proyectos fraudulentos ni han impulsado el procesamiento o la dimisión de los altos dirigentes señalados por la opinión pública como corruptos. La primera gran lección que nos ofrece el caso guatemalteco es precisamente que el modo más real y único efectivo de depurar la lacra de la corrupción es el de los votos en las urnas en unas elecciones democráticas, el libre desenvolvimiento de los Parlamentos y el correcto desempeño de los tribunales de Justicia. Es decir, lo auténticamente eficaz contra la corrupción instalada en las altas esferas, es la eficiente actividad de las instituciones, muy por encima de concentraciones populares que solo logran que se visualice el malestar de distintas capas sociales.

Las grandes democracias con una trayectoria arraigada no siempre actúan institucionalmente con la determinación que han demostrado las instituciones de la República de Guatemala. El largo proceso seguido hasta este desenlace ha puesto a prueba a todos los organismos de la nación frente a la enorme capacidad de mando del poder ejecutivo, y, en general, de los poderosos en las altas instancias. No ha sido un camino fácil. Ya en nuestra Crónica anterior sobre el inicio del problema, “La corrupción desestabiliza Guatemala”, se apuntaba que el presidente Otto Pérez Molina afrontaba una crisis gubernamental de imprevisibles consecuencias. Para entonces, el escándalo de “La Línea”había afectado de manera irreversible a la vicepresidenta del país, Roxana Baldetti, implicada supuestamente en una trama donde se lucraba con los impuestos al tráfico de mercancías en las aduanas. Un asunto aún por sentenciar en los tribunales. Pero la inmediata huida y pánico de su exsecretario privado Juan Carlos Monzón por distintos países para evitar su captura, apuntó a una responsabilidad política ya ineludible. Tres instituciones clave jugaron un papel crucial. En primer término la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Creada en 2006, fue rápidamente tildada por la izquierda como un organismo de la derecha y defensora de intereses imperialistas de Estados Unidos y la Unión Europea. Todavía se está esperando la rectificación de esas burdas acusaciones, después de haber sido el factor detonante para la imputación y encarcelamiento de los máximos dirigentes de la derecha, incluso durante el pleno ejercicio de su poder político. Se trata de una institución independiente puesta en marcha para investigar acciones ilegales dentro de los organismos estatales, y dada su incontrovertible eficacia, sería un modelo a estudiar por otras democracias tocadas gravemente por preocupantes niveles de corrupción.

Igualmente, otras instituciones han desempeñado papeles impecables. El Congreso de Guatemala supo retirar la inmunidad a la vicepresidenta Roxana Baldetti, tal como ha vuelto a hacer después con el presidente Otto Pérez Molina. Junto a la Corte Suprema de Justicia -otra institución que ha dado la talla que de ella se esperaba-, dio paso al procesamiento, imputación y encarcelamiento primero de Roxana Baldetti, y, ahora, de Pérez Molina, también acusado formalmente de estar al frente del expolio en las aduanas del país. Un mecanismo intachablemente legal y por tanto acompañado de todas las garantías procesales. Esta es una lección clara y contundente para las democracias. Aunque la imagen del país se vea circunstancialmente empañada por los encarcelamientos de sus mandatarios, a medio plazo debe destacar el modo irreprochable con el que se ha cauterizado una cuestión que, si pensamos en otros muchos casos y en otros países, se gangrena, se enquista y llega a formar parte integral del engranaje político. Gobiernos cercanos a Guatemala son ejemplos palmarios de cómo esa corrupción unida a redes clientelares ayuda a los mandatarios a perpetuarse en el poder y reformar las leyes para que sus reelecciones, de trasfondo fraudulento, se repitan eternamente como en una pesadilla.

Si el acertado funcionamiento de las instituciones es la clave y la primera lección que nos envía hoy Guatemala, el mito de las movilizaciones callejeras y la reacción ciudadana como agente decisivo en el actual desenlace contiene otras enseñanzas no menos importantes. Sin duda, la pérdida del miedo político en la ciudadanía y su consiguiente desapego al estamento militar como garante para resolver la crisis, constituye una excelente señal. Pero el desembarazarse del miedo y abandonar la tutela del ejército -algo que debe consolidarse y ser habitual-, no tiene un vínculo de causa a efecto con la acción directa en las calles del país. Los escándalos de corrupción han servido para aglutinar también otras muchas reclamaciones de muy diferente índole, por ejemplo el inasumible índice de criminalidad y homicidios, las demandas de los grupos étnicos indígenas, la espantosa emigración a Estados Unidos bautizada como “el viaje de la muerte” o el altísimo nivel de desempleo. La acción callejera ha atraído la máxima atención de los informativos -sin ser el auténtico conducto para la resolución del problema planteado-, dotándola de una épica fraudulenta que ha dejado en la sombra inquietantes amenazas ocultas. Las movilizaciones se han alimentado con lemas populistas, muy alejados del impoluto desempeño de las instituciones, y por ello son un perfecto caladero para aventureros del populismo político. Las principales consignas coreadas y en pancartas giran en torno a “No somos de izquierdas ni de derechas, somos los de abajo y vamos contra los de arriba.”

Divisa sembrada en las movilizaciones de vieja genealogía peronista sobre los “descamisados”, actualizada ahora por los bolivarianos y no pocos movimientos que están cobrando protagonismo en la Europa de la crisis. Se trata de un caldo de cultivo más que inquietante, muy lejos de las imaginarias virtudes saludables y renovadoras que se le vienen atribuyendo. La prueba incontestable de ello han sido las elecciones celebradas inmediatamente después de la entrada en prisión de Otto Pérez Molina. Y aquí el singular caso de Guatemala nos proporciona la última gran lección, que deberían tener muy en cuenta los países no solo de la zona, sino de toda Hispanoamérica e incluso en ciertos países europeos. La cuestión es que la corrupción en las altas esferas arrasa con la credibilidad de todos los dirigentes políticos -sean o no culpables de los hechos- y pulverizan una institución tan esencial para la democracia como son las formaciones políticas. Si las manifestaciones generalizadas han resultado el perfecto caldo de cultivo, los aventureros políticos de corte populistas son quienes han extraído el máximo beneficio de la oportunidad que se les ofrecía. Manuel Baldizón, Sandra Torres y Jimmy Morales, que han capitalizado los votos en estos comicios, no representan en realidad a ningún partido ni tienen ningún programa de Gobierno más allá de eslóganes demagógicos. Se representan solo a sí mismos y han logrado que los votantes se fíen únicamente de sus personas y de su obvia actitud antipolítica. Estamos ante una advertencia clave que nos muestra el caso guatemalteco y de la que es necesario aprender y diseñar una respuesta realista para conjurar la amenaza.

Un rápido repaso a los tres candidatos más votados resulta sumamente elocuente. Manuel Baldizón, que partía en la campaña electoral como el favorito en la carrera a la presidencia, viene promocionándose desde hace años con la sola ayuda de un capital financiero propio en apariencia inagotable y de procedencia opaca. Su partido Libertad Democrática Renovada (LIDER) posee como uno contenido ideológico el baldizonismo, es decir, su propiocapricho y ocurrencias, pues como rezan las siglas del nombre del partido de su propiedad, lo único que cuenta es su LÍDER. Ocurrencias y caprichos siempre antisistema que propugnan la supremacía de la personalidad del dirigente por encima de las normas e instituciones. Contra todo pronóstico solo ha alcanzado un tercer puesto que no se corresponde con el enorme desembolso llevado a cabo, especialmente en medios de comunicación de su propiedad y puestos a su entero servicio.

Por su parte, Sandra Torres encarna por igual una desaforada ambición de poder sin otra ideología que comprar voluntades. Esposa del expresidente Álvaro Colom, al frente del país entre 2007 y 2011, se encargó, desde los entresijos del poder presidencial de su marido, de comenzar a tejer una red de lealtades clientelares de la que intentó aprovecharse en un episodio que roza lo esperpéntico. La ley prohibía que los familiares directos del presidente se presentaran a una elección para sucederle en el cargo -un recurso que empieza a ser un hábito creciente en Hispanoamérica-, por lo que organizó un divorcio puramente estratégico con el que seguir detentando la presidencia. No tuvo éxito aquella maniobra descarnada, pero las redes clientelares trenzadas desde la Casa Crema de la capital, han sido determinantes en su segundo puesto en las recién celebradas elecciones.

El mayor número de sufragios ha recaído, no obstante, en Jimmy Morales, cuya fama proviene de su trabajo como cómico en la televisión. Desde ahí ha lanzado su mensaje antipolítico, que germina como agua de mayo, en una ciudadanía crispada por la corrupción, promoviendo el engañoso lema de no ser un político y, por ello, estar en situación de crear una política nueva. Algo que difícilmente resiste un mínimo análisis al carecer de cualquier estructura sólida y depender del volátil voto antivoto.

Jimmy Morales y Sandra Torres se disputarán la victoria en la segunda vuelta electoral. Pero con todas sus acusadas diferencias, lo cierto es que gane uno u otro el populismo habrá dado una zancada decisiva en la presidencia. La corrupción tiende a producir una “tabla rasa” en los auténticos partidos, y estos deberían prevenirse con una democracia interna que depure las responsabilidades personales y deje a salvo la organización.

El encarcelamiento de Otto Pérez Molina no es un oprobio para Guatemala, sino más bien un motivo de orgullo por la ejemplar actuación de sus instituciones. La otra gran lección estriba en el error de otorgarle un protagonismo épico a movilizaciones donde se fraguan los populismos que una vez alcanzado el poder solo tienen como divisa central perpetuarse en él.

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