7 de diciembre de 2019, 1:11:13
Economía

LA CALIFICACIÓN PASA A BBB+ CON PERSPECTIVAS DE FUTURO OPTIMISTAS


Standard & Poor´s revisa al alza el rating de la deuda española

Efe

Pero teme que un cambio de Gobierno en las generales frene de nuevo el rating.


La agencia de calificación de riesgo Standard & Poor's ha subido la nota de la deuda de España a un aprobado alto (de BBB a BBB+) con perspectiva estable, como reflejo del sólido comportamiento de una economía que se ha ido equilibrando en los últimos cuatro años gracias a las reformas estructurales.

La agencia destaca que España se ha beneficiado de los efectos de dos reformas laborales, que han permitido mejorar la competitividad de las exportaciones y del sector servicios, así como de unas condiciones de financiación más favorables, lo que cree que facilitará una recuperación más dinámica que la de los países de su entorno.

Según S&P, la economía española registrará un crecimiento real del 2,7 % de media para el periodo 2015-2017 (que será del 4 % nominal), lo que permitirá seguir reduciendo el déficit de las finanzas públicas, siempre que se mantenga la recuperación del mercado laboral y no haya riesgo de deflación.

Esta tendencia hacia un crecimiento real y nominal más alto y consistente beneficiaría la dinámica de la deuda de España, que el Tesoro español está refinanciando a un coste medio inferior al 1 %.

En opinión de la agencia, las previsiones de crecimiento de España a medio y largo plazo estarán limitadas por la todavía elevada deuda externa, el alto desempleo, el envejecimiento de la población y la menor inversión en educación, investigación y desarrollo en comparación los países de la zona euro.

Asimismo, considera que la posibilidad de un entorno político fragmentado después de las elecciones generales de diciembre pueda conducir a desviaciones presupuestarias y a una marcha atrás en la aplicación de políticas estructurales, lo que haría peligrar el déficit a medio plazo de España y los objetivos de crecimiento económico.

A pesar de ello, la agencia espera una continuidad general en las políticas económicas por parte del próximo gobierno y considera que los acontecimientos políticos en Cataluña no debilitarán la confianza de los inversores.

"Una de nuestras premisas principales es que las tensiones entre las autoridades del gobierno central y de los gobiernos regionales disminuirán gradualmente, y que Cataluña seguirá siendo parte de España", dice el informe.

No obstante, señala que una eventual independencia de Cataluña debilitaría la solvencia y las finanzas públicas de España.

De momento, S&P mantiene estable la perspectiva para España porque cree que la recuperación económica y la progresiva consolidación presupuestaria compensan los riesgos vinculados a una elevada deuda externa y a una potencial debilidad de la demanda exterior.

La agencia podría considerar una nueva subida de nota si España consigue un crecimiento del PIB sostenido y más alto del proyectado, pero también si el déficit presupuestario se reduce sustancialmente más de lo esperado o si se abarata aún más la financiación.

Por el contrario, podría considerar una rebaja de la calificación si el crecimiento económico no alcanza las previsiones de la agencia o si las presiones deflacionistas frenan el avance de la economía y el desempeño fiscal.

También podría ser motivo de bajada de nota el que la deuda neta rebasara el 100 % del PIB, independientemente de los motivos subyacentes, o el que la balanza por cuenta corriente de España se debilitara una vez más.

Respecto al sistema bancario, S&P no espera que el Gobierno tenga que incurrir en costes fiscales adicionales significativos vinculados a la recapitalización de los bancos, puesto que desde el cuarto trimestre de 2013 el sistema bancario español ha logrado ingresos netos positivos.

Teniendo en cuenta la mejora de la capacidad de recuperación del sector bancario y los signos de estabilización en el mercado inmobiliario español, la agencia ve un riesgo limitado de que aparezcan nuevos deterioros en los balances de los bancos que deban ser asumidos por el Estado.
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