8 de diciembre de 2019, 20:41:33
Opinion

TRIBUNA


Contra la mutilación genital femenina

Cristina Hermida


El Día Internacional contra la Violencia de Género, celebrado el veinticinco de noviembre, exigiría que también nos acordáramos de todas las mujeres que sufren en la actualidad la mutilación genital femenina (MGF). Pensemos que esta práctica abarca todas aquellas actuaciones que alteran o causan lesiones de forma intencionada a los órganos genitales femeninos sin existir razones médicas que las justifiquen. Aunque parezca sorprendente, la mutilación genital la siguen padeciendo más de 135 millones de mujeres en todo el mundo, siendo sometidas a dicha práctica en torno a 2 millones de niñas y adolescentes cada año.

A pesar de ser una práctica que claramente atenta contra los derechos humanos, constituye una tradición profundamente arraigada en ciertas comunidades y en sus estructuras sociales, económicas y políticas. Escalofriantes en este sentido son declaraciones de hombre y mujeres que dicen en defensa suya ante el juez que <<la mutilación de los genitales de las mujeres es una práctica ancestral de más de tres mil años en su país y que no busca menoscabar la integridad física de las mujeres sino cumplir con una costumbre que facilita la integración de la niña en su comunidad>>.

El hecho de que este tipo de prácticas estén oficialmente prohibidas por las normas penales de los países de procedencia no permite, por desgracia, descartar la existencia de un peligro real por parte de las mujeres a padecerlas. Tengamos en cuenta que este tipo de prácticas se desarrollan en un ámbito privado y, en la mayoría de las ocasiones, con la aquiescencia familiar y social del entorno que rodea a la mujer que la sufre, y en el que las autoridades gubernativas, en muchas ocasiones, son incapaces de brindar una protección efectiva contra tal abuso a causa de la propia situación social de las mujeres y por el fuerte arraigo social de las mismas, en el que las propias afectadas se ven coartadas a denunciar tales hechos por el rechazo familiar y social que ello supondría.

La presión para someter a las niñas a la MGF proviene tanto de las familias como de las comunidades situadas tanto en los países de origen como en Europa. La edad a la que se practica la MGF tampoco es fija y oscila de un país a otro, aunque lo más habitual es que se practique entre la primera infancia y los 15 años, según ACNUR.

Bajo su configuración como práctica tradicional subyacen distintos mitos de legitimación que, a mi modo de ver, pueden reconducirse a razones de índole sexual y reproductiva. Con frecuencia, el acto de mutilar a las niñas representa el paso de la edad infantil a la adulta, identificado como un rito a partir del cual quien lo sufre empieza a asumir un papel sexuado de mujer adulta frente a la infancia asexuada, y del que se hace depender las posibilidades de participación e incorporación efectiva a la vida social.

En cualquier caso, de una forma u otra, lo que parece claro es que se trata de prácticas definidas por un marcado componente de carácter identitario de pertenencia al grupo social, que condicionan de un modo inevitable la efectiva integración de las mujeres en el grupo y sus expectativas de desarrollo personal.

A mi modo de ver, tras los falsos mitos de legitimación se esconde una soterrada finalidad de control de la sexualidad femenina, en realidad, enmascarada bajo razones varias de higiene, salud, estética, pureza o pretendidamente religiosas, y con ello la subordinación clara de la mujer al varón.

Es cierto que han cumplido una importante función las campañas de distintos organismos internacionales al abordar el contenido del status inalienable de la persona desde el enfoque de género, que han puesto en primera línea de trabajo las violaciones de derechos humanos basadas en la pertenencia de las víctimas al sexo femenino y al rol social que se les asigna en cuanto tales pero, en todo caso, creo que éstas reclaman nuevos instrumentos dirigidos a evitar toda discriminación, entre cuyas modalidades más graves se encuentra la violencia de género.

La práctica de la MGF está tipificada como delito en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Cada año, unas 20.000 mujeres y niñas procedentes de países donde se practica la MGF solicitan asilo en la Unión Europea. El acervo comunitario en materia de asilo exige que se tengan en cuenta las necesidades específicas de los solicitantes vulnerables, incluidas las necesidades derivadas de la tortura. Y es que la MGF se puede elevar al grado de tortura puesto que su práctica genera deliberadamente dolores o sufrimientos graves. Quizás lo peor de esta terrible práctica es que el dolor no termina nunca con la mutilación sino que a menudo persiste como una tortura sine die para la mujer.

Por todo lo anterior, hay que decir alto y claro que la ablación del clítoris no es cultura, es mutilación y discriminación femenina y que el límite al respeto de las culturas autóctonas está en el respeto a los Derechos Humanos, universalmente reconocidos, y que actúan como mínimo común denominador intercultural.

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