19 de enero de 2020, 1:05:34
Opinion

TRIBUNA


Reforma constitucional y derechos sociales

Juan José Solozábal


Me parece que es defendible la tesis de que el constituyente de 1978 acertó en sus decisiones constitutivas o definitorias sobre nuestra forma política, al configurar a España como un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado como Monarquía Parlamentaria y descentralizado políticamente. Sin embargo reconocer este acierto no supone avalar todo el diseño constitucional desde un punto de vista técnico, aunque deben tenerse en cuenta limitaciones existentes en este plano en el momento constituyente. Me refiero, por ejemplo, a una excesiva dependencia de modelos extranjeros en paralelo a un sincretismo ideológico de mera yuxtaposición, de manera que se compensó la falta de una referencia compartida, o idea de Constitución en términos orteguianos, con una inspiración abundante y algo desordenada en el constitucionalismo comparado. En esa línea escasa ayuda podía recabarse en el tiempo de la Transición del bajo nivel académico preconstitucional, pagándose las consecuencias de la orientación diversa, pero escasamente jurídica, de nuestro derecho político. Además, una vez rechazado partir de un plan o documento gubernamental de base, se hacía difícil evitar la dispersión del anteproyecto constitucional.

La reforma constitucional debería de proponerse una revisión técnica del texto de la Ley Fundamental consistente no en una modificación de su médula o decisiones más importantes, que reputo esencialmente acertadas, sino en cambios en la configuración de diversas instituciones, derechos y competencias que, a la luz de la experiencia y de la doctrina del Tribunal Constitucional, pueden mejorar su regulación. Se trata además de reformas que, en razón de su justificación funcional, no deben suscitar especiales reticencias a su aceptación, aunque exijan el quorum más alto para su aprobación establecido en la Constitución.

Si reparamos en la regulación de los Derechos Fundamentales, la propuesta de reforma debe ser cautelosa, habida cuenta del éxito con que la protección efectiva de los mismos se ha llevado a cabo en nuestro sistema constitucional. El constituyente acertó incorporando una extensa declaración de derechos en el plano constitucional, desoyendo finalmente a quienes proponían sustituir la relación de los derechos en el propio texto por una cláusula de remisión a las declaraciones sobre la materia ratificadas por el Estado español e incorporadas, a través de esta vía, a nuestro ordenamiento. El desarrollo legislativo de los derechos fundamentales, y sobre todo su interpretación constitucional y aplicación jurisdiccional, han merecido no sólo la aceptación de los ciudadanos, a juzgar por el número de amparos presentados, sino el juicio positivo de la comunidad jurídica y la opinión pública.

Las modificaciones propuestas en relación con esta materia pueden consistir en incluir algún derecho nuevo, desgajándole del continente antiguo en que sin duda está alojado (por ejemplo en referencia al resguardo de la privacidad o el secreto de las comunicaciones mediante internet), proceder a reformulaciones o sitematizaciones, (caso de la libertad religiosa o el derecho a la educación). Pero me gustaría reparar en el caso de los derechos sociales o derechos prestación, acogidos con alguna confusión quizás y en todo caso indeterminación excesiva en el Capítulo Tercero del Título Primero de la Constitución bajo la invocación precisamente de “Principios rectores de la política social y económica”.

Lo que me atrevería a proponer es que se distinguieran en la declaración lo que son verdaderos derechos, esto es pretensiones accionables ya desde la propia Constitución, aunque necesitasen, como los derechos de libertad o los derechos políticos de desarrollo por ley que no podría ignorarlos ni desvirtuarlos; y los principios de actuación pública en el ámbito social que orientasen o inspirasen a los órganos del Estado, así como los mandatos al legislador o algunas garantías institucionales. En la actualidad los derechos sociales no disponen de fuerza vinculante en relación a los poderes del Estado, a los que se limitan a “informar”; no son tampoco amparables y se trata de derechos reclamables ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo exclusivamente con las leyes que los desarrollen, pero sin referencia a “contenido esencial” alguno a respetar. Por lo que se hace al resto de disposiciones incluidas bajo el rótulo de referencia nos encontramos ante normas únicamente programáticas, no porque no obliguen a los poderes públicos, sino justamente porque no hacen más que esto, pues no atribuyen ya, desde ellas mismas, derechos a los ciudadanos.

El proyecto de distinguir claramente los derechos sociales, en cuanto disposiciones con la estructura jurídica correspondiente, que reconocen facultades identificables desde su propio tenor literal, y los principios y mandatos, como propuestas que contienen una simple deferencia en blanco al legislador, o las garantías institucionales, busca reforzar la fundamentalidad de los derechos sociales subrayada por el relieve que la reforma constitucional les conferiría: Se trata de derechos imprescindibles, al menos en el caso de grandes sectores de la población, para llevar una vida digna o poderse desarrollar cabalmente como personas. Claramente es el caso del derecho a la salud, reconocido en una cláusula de estructura parecida a la que acoge el derecho a la educación, establecido también en términos generales y potenciales, dependiente asimismo de la organización de un Servicio Público. Tampoco el derecho al trabajo, aunque no alberga una pretensión a acceder a un puesto laboral determinado, imposible de garantizar en un sistema de economía libre, significa que estemos ante una cláusula meramente programática o que genere a lo más un compromiso público por una política de pleno empleo.

Esto no quiere decir que en todo caso haya que olvidar las peculiaridades de los derechos sociales en punto a su régimen y protección, pues la especificación y garantía de estos derechos no es preferentemente jurisdiccional, ya que depende sobre todo del legislador y de la Administración, entre otras cosas para impedir al juez adoptar funciones de distribución, en realidad subordinadas a decisiones presupuestarias reservadas constitucionalmente al legislador. Tales actuaciones prestacionales de los tribunales no suponen un ejercicio de jurisdicción sino que denotarían un poder político que un órgano judicial ni tiene ni conviene que tenga en el Estado de derecho donde ha de impedirse a la Justicia el desempeño de una función que no sea de mera aplicación de la ley.

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