18 de septiembre de 2019, 18:35:20
Opinion

TRIBUNA


La retirada de la Unión Europea

Juan Carlos Barros


El articulo 50.1 del Tratado de Lisboa (TL) que establece la Unión Europea (UE), dice que “Todo estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión.” Esta disposición es una copia exacta de la incluida en la Constitución Europea (CEU), que nunca llegó a aplicarse tras la oleada de referéndums negativos que recorrieron Europa, pero que dejó como herencia algunas notables innovaciones, como el abandono unilateral de la organización sin causa ni consentimiento, tal y como ha puesto recientemente en práctica el Reino Unido.

Este artículo de la CEU fue una novedad en el derecho internacional con respecto a su contenido básico en el Tratado de Viena (TV) y solo tiene su explicación en clave política, como lo confirman los comentarios que hizo el Presidium (órgano supremo de la Convención que se formó para reformar los tratados y responder a las críticas de falta de democracia) sobre el artículo 50, donde dice que constituye “ una señal política para cualquiera que estuviera inclinado a decir que la Unión es una entidad rígida de la que es imposible salir.”

La inclinación y la rigidez pesaron bastante posteriormente al elaborarse el TL, tras el fracaso de la CEU, pues se repitió la misma disposición de abandono unilateral, solo que la situación en Europa era muy distinta y no se trataba de hacer una constitución. La marcha atrás en la integración europea fue muy evidente.

El proceso de elaboración de la CEU empezó fuera de cauce, pues en vez de seguir el procedimiento normal de revisión de los tratados, se puso todo, democráticamente, patas arriba. De ese modo, en la reunión de Laeken en 2001 se convocó una convención para abandonar esas reuniones a puerta cerrada entre los gobiernos europeos que hacen tan feo y establecer latransparencia y la participación de todos los interesados.

Eso se tradujo en una convención de 105 miembros que representaban a las instituciones europeas y nacionales, cuyo resultado fue que, después de año y medio, en vez de hacer una reforma institucional, que es lo que se les había pedido, fue bastante más allá y elaboró una constitución.

Ciertamente, la Comunidad Económica Europea (CEE) tampoco nació como una organización ortodoxamente jurídica, según lo demuestra su escasez de fundamentación en el derecho internacional. Se llegó hasta el extremo de sostener que la CEE era un organización internacional“sui generis”, o como dijo Jacques Delors, uno de los presidentes de la Comisión Europea, que la CEE era un OPNI (objeto político no identificado).

El artículo 240 del Tratado de Roma (TR), que fundó la CEE, decía que se constituía por un período de tiempo ilimitado. Lo cual, unido a que no había ninguna disposición sobre la retirada unilateral, significaba que sus miembros no se podían marchar dando un portazo.

Pero, que la retirada de la CEE era, en el fondo, una cuestión más política que jurídica nos lo volvió a demostrar la salida de Groenlandia, cuando así lo decidió, tras celebrar un referéndum en 1982. Groenlandia difícilmente podía marcharse de la CEE porque ni siquiera era miembro, sino que lo era el reino de Dinamarca (de la cual era simplemente una región). Su salida iba en contra también del TV, cuyo artículo 29 dice que un tratado será obligatorio en la totalidad del territorio de un estado, salvo que se desprenda una intención diferente o conste de otro modo.

La explicación de esa marcha fue bastante peculiar, pues la CEE se limitó a decir que Groenlandia era “un caso especial”. Y la solución, para evitar el enfrentamiento con la legalidad internacional, consistió en reducir la aplicación territorial del TR, de forma que ya no se aplicaría en Groenlandia, lo que contó con la ratificación del resto de estados. A partir de ese momento Groenlandia quedó incluida entre los Países y Territorios de Ultramar (PTUs) como “comunidad diferente del reino de Dinamarca”.

Europa, aunque en Bruselas no lo crean, ya existía antes de inventarse la CEE, y tiene una larga tradición jurídica desde el ius civile romano. Esto significa que uno puede salirse de una organización internacional, lo mismo que puede marcharse de una sociedad civil, pero siempre con unas normas. Esa posibilidad de retirada se ha concretado en la cláusula “rebus sic stantibus”, o sea que uno contrata “como están las cosas” en ese momento, y si las cosas cambian, también uno puede cambiar de opinión.

La cláusula “rebus…” se recoge en el artículo 62 del TV y además su artículo 54 dice que la retirada podrá tener lugar bien “cuando se haga conforme a las disposiciones del tratado” o bien “en cualquier momento por consentimiento de todas las partes después de consultar a los demás.”

No obstante, según el art. 50.2 del TL, el estado que se retira debe notificar su intención y se negocia un acuerdo “teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión”. Y según el art. 50.3. del TL, se dejará de aplicar el tratado cuando entre en vigor ese acuerdo o a los 2 años de la notificación, salvo que la UE decida prorrogar el plazo.

La discrepancia entre el derecho internacional y el europeo es evidente: en el primero, el acuerdo de salida debe hacerse antes entre todos los socios, y en el segundo, el acuerdo se hace después de haber decidido un estado marcharse unilateralmente “de conformidad con sus normas constitucionales”.

Ahora queda por delante la negociación de un acuerdo con arreglo a ese “marco futuro” de relaciones. En el Protocolo del Tratado de Groenlandia, por ejemplo, se acordó la exención arancelaria para los productos de la pesca de Groenlandia en la CEE, “en la medida en que haya un acuerdo satisfactorio para el acceso a las zonas de pesca de Groenlandia”. El acuerdo pesquero se celebró al año siguiente y la CEE mantuvo las ayudas de los fondos estructurales europeos a Groenlandia, que suponen cerca del 7% de su Presupuesto.
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