27 de noviembre de 2020, 15:20:33
Sociedad

DECISIÓN DEL TSJCYL


Gago ingresará en prisión por el asesinato de Carrasco

Efe

Condenada a 14 años como cómplice en la muerte de la dirigente del PP.


El alto tribunal ha resuelto sobre este asunto después de que el pasado viernes la sección tercera de la Audiencia de León se declarase incompetente para decidir sobre el ingreso en prisión de Gago, una de las tres condenadas por el asesinato de Isabel Carrasco, junto a Montserrat González, y la hija de esta, Triana Martínez.

Desde el momento en el que reciba la resolución, Raquel Gago dispondrá de un plazo de 72 horas para su ingreso voluntario en prisión, según han confirmado a Efe fuentes judiciales.

El alto tribunal ha enviado a primera hora de la tarde el mandamiento oportuno para el ingreso en prisión de Raquel Gago tanto a la Policía Nacional como al centro penitenciario de León, ubicado en el municipio de Mansilla de las Mulas.

El Supremo confirmó el pasado lunes las condenas de 22 y 20 años por el asesinato de Isabel Carrasco a Montserrat González y su hija Triana, respectivamente, y elevó en dos años, de 12 a 14, la pena para Raquel Gago por complicidad y tenencia ilícita de armas. El TSJCyL le había retirado a Gago el delito de tenencia ilícita de armas, pero el Supremo lo ha vuelto a tener en cuenta y ha endurecido su condena.

La sentencia del Supremo casi triplica la pena que le había impuesto la Audiencia de León (después revisada por el TSJCyL), que sólo condenó a Gago a cinco años de cárcel como encubridora del asesinato de Isabel Carrasco y por tenencia ilícita de armas.

El tribunal que juzgó el caso la absolvió del delito de delito asesinato en contra del veredicto del jurado y de la posición mantenida por la Fiscalía, al asumir que las preguntas que debía responder el jurado estuvieron mal formuladas.

Durante la vista del pasado viernes en la Audiencia de León, Raquel Gago hizo uso de su derecho a cerrar la sesión y, con voz entrecortada, expresó su desacuerdo con la decisión del Supremo y anunció que agotará todas las vías legales a su alcance contra la condena que le ha sido impuesta.

Su abogado, Felipe Lozano precisó que presentará un recurso de amparo ante el Constitucional y además solicitará el indulto al Gobierno.

Gago perderá su empleo como agente de la Policía Local de León después de la sentencia del Supremo, ya que el Ayuntamiento mantenía un expediente de suspensión de funciones vigente hasta el fin del procedimiento judicial, que concluye ahora y conllevará su expulsión del Cuerpo.

En la actualidad, Gago recibía un sueldo de casi mil euros, correspondiente a su salario sin los complementos y ahora deberá devolver a las arcas municipales las cantidades cobradas desde la apertura de su expediente, unos 24.000 euros.

Gago entregó en comisaría el arma con el que Montserrat González confesó haber matado a Isabel Carrasco y explicó que la había encontrado casualmente en su coche, donde supuestamente la había escondido su amiga Triana Martínez sin que ella se percatase.

Tras ocho meses en prisión fue puesta en libertad provisional el 29 de enero de 2015 bajo fianza de 10.000 euros y se le permitió seguir en libertad una vez que el TSJCyL revisase la sentencia a la espera del pronunciamiento del Supremo.


Pide diez días para entrar en la cárcel

Conocida la decisión del TSJCyL, Gago ha solicitado un plazo de 10 días para cumplir la orden de ingreso en prisión. Su abogado, Fermín Guerrero, ha informado a Efe de que ha presentado un escrito a la Audiencia de León con esta solicitud y en el que advierte de que se están vulnerando sus derechos constitucionales.

Ha avanzado que en ese plazo espera poder presentar el anunciado recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional así como la petición de indulto al Gobierno.

El letrado ha denunciado que la orden de detención inmediata de su patrocinada que ha recibido la Policía "vulnera" los más "elementales derechos constitucionales", y ha recordado que el auto del TSJCyL no establece ningún plazo para el ingreso en prisión.

Al respecto, ha precisado que supone una discriminación absoluta de sus derechos en relación con otros condenados en parecidas situaciones, por lo que exige "un plazo normal para su ingreso voluntario en prisión".

Ha asegurado que no existe riesgo alguno de fuga por parte de su clienta y subraya que prueba de ello dado es su proceder durante todo el tiempo que ha permanecido en libertad bajo fianza.

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