24 de septiembre de 2021, 3:20:02
Nacional

ANDALUCÍA


La comisión parlamentaria culpabiliza a Chaves y Griñán

EL IMPARCIAL

Así ha sido su propuesta de dictamen en torno a los cursos de formación.


La comisión parlamentaria que investiga el caso de los cursos de formación ha emitido este lunes su propuesta de dictamen. En ella no se menciona el menoscabo de fondos públicos -si bien se recalca que Adolfo García Hernández, exinterventor de la Junta andaluza susurró que pudo darse el caso- pero sí se denuncia la responsabilidad política de José Antonio Griñán y Manuel Chaves, ya que como expresidentes ejercieron "la superior dirección y coordinación de todas las consejerías".

El documento, que ha escudriñado las subvenciones a la formación de la Junta y que ha sido presentado ante el Registro del Parlamento, se pone en claro que los mencionados dirigentes fueron los encargados de nombrar a los sucesivos titulares de la Consejería de Empleo, hecho que les responsabiliza. Además, se apunta que Chavez tiene es responsable "in eligendo" e "in vigilando" durante el traspaso de competencias en materia de Empleo y Formación y hasta 2009. Griñán, por su parte, tendría responsabilidad del segundo tipo por la designación de los dirigentes de las Consejerías de Empleo durante su mandato en la Junta -se apunta, también, que paralizó la convocatoria de subvenciones en 2011-.

Asimismo, el texto pone en evidencia la relación de los expresidentes, en tanto que responsables políticos de máximo grado- con las "incidencias e irregularidades" localizadas en la gestión de los fondos por parte de los viceconsejeros de Formación Profesional y los consejeros de Empleo desde 2002 y hasta 2012. El documento redactado por Julio Díaz (presidente de la comisión y perteneciente a Ciudadanos) señala también a los titulares de la Dirección del Servicio Andaluz de Empleo, a los de las delegaciones propias de dicho organismo, a los de las prefecturas regionales de la Junta con competencias en Formación y a los titulares de las secretarías generales y los de las direcciones generales de la materia formativa para el empleo.

El documento considera constatado que la actuación de los responsables políticos que se han ido sucediendo en la Consejería ha ido marcada por una "gran falta de coordinación, comunicación y continuidad en la gestión", lo cual ha contribuido a los "desórdenes" e incidencias puestas de manifiesto. "Consecuencia directa de la falta de personal ha sido el retraso en las tareas de comprobación técnico-económica de la justificación de los expedientes (...), lo que obedece también a la mala gestión y planificación por parte de sus responsables y a propias decisiones políticas". Y concluye el texto que no se han registrado órdenes coordinadas y prolongadas en el tiempo, "hecho que se ha puesto de manifiesto por los diversos directores generales que se fueron sucediendo, llamando especialmente la atención la brevedad de su tiempo en el puesto".

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