16 de septiembre de 2021, 20:43:13
Nacional

ANDALUCÍA


Caso ERE: confirmadas las acusaciones contra Chaves y Griñán

EL IMPARCIAL/Efe

Hay 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía procesados.


Tras los recursos que ambos presentaron a su procesamiento, la sección séptima de la Audiencia ha confirmado que José Antonio Griñán está acusado de malversación y de prevaricación y Manuel Chaves de prevaricación. También los delitos que el juez de instrucción Álvaro Martín imputó a otros cinco exconsejeros: Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo.

Así, las resoluciones de la Audiencia mantienen las acusaciones de la cúpula del Gobierno andaluz en la denominada pieza política de los ERE. Hay que recordar que supuso el desembolso de 855 millones de euros entre los años 2000 y 2011.

Mas concretamente, la Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión y treinta de inhabilitación para Griñán, que fue presidente desde 2009 hasta 2013, por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación.

Se trata de una pena superior a la de Chaves (por el que se piden diez años de inhabilitación), que presidió la Junta desde 1990 hasta 2009, por su actuación cuando fue consejero de Hacienda antes de ser presidente.

Sobre Griñán, la Audiencia dice: "Ha podido cometer un delito de malversación, en su modalidad de administración desleal de los caudales públicos", al entender que su actitud como consejero "produjo el mismo resultado que hubiera causado la acción de haber realizado la sustracción de caudales públicos". Añade que, como consejero, Griñán "elaboró y aprobó los presupuestos y sus modificaciones con conocimiento de la ilegalidad grosera" en el uso de las transferencias de financiación, "lo que permitía un lucro ilícito de empresas privadas por la obtención de fondos públicos a través" de ese instrumento financiero, explica la Audiencia.

Apunta que Griñán "tenía sobrado conocimiento de las irregularidades que se hacían constar en las memorias de control financiero de las empresas de la Junta, que remitía anualmente la Intervención General de la Junta de Andalucía al Consejo de Gobierno", y a pesar de ello, no actuó hasta 2010. Concluye la Audiencia que en la Ley de Presupuestos, de la que Griñán era el máximo responsable, "se vulneraba tanto la batería de requisitos como la fiscalización previa que recoge la normativa de subvenciones".

Sobre Chaves es también clara la Audiencia: "Parece que la existencia de indicios del delito de prevaricación son sólidos en relación con la actuación". Apunta que Chaves "contribuyó a materializar el otorgamiento de ayudas/subvenciones a sabiendas de que se otorgaban sin cumplimentar los requisitos legales y sin pasar los controles propios de las subvenciones regladas ni tampoco de las excepcionales".

Del mismo modo, la Fiscalía pide ocho años de prisión para Viera y Vallejo por el delito continuado de malversación, así como seis años para Martínez Aguayo por el mismo delito.
Por su parte, a Zarrías y Álvarez se les acusa solo de prevaricación.

La Audiencia señala que "no es cuestionable la legalidad de la técnica de las transferencias de financiación, pero sí es cuestionable que las mismas se utilicen para realizar ayudas económicas y sociolaborales a empresas privadas, cuando su finalidad es exclusivamente la cobertura del gasto corriente de empresas públicas".

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