21 de octubre de 2019, 8:00:06
Nacional

UN VICECONSJERO DE LA CAM DIMITE TRAS SER IMPUTADO EN LA 'PÚNICA'


Eloy Velasco descarta imputar a Cristina Cifuentes

EL IMPARCIAL/Efe

Por no ver relación con la financiación del PP, aunque la UCO ve indicios de delito.


El juez del caso Púnica Eloy Velasco no tiene intención de proceder contra la presidenta madrileña Cristina Cifuentes, pese a que la UCO en un informe señalara indicios de delito en su papel en la adjudicación de contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid cuando era presidenta de la mesa de contratación.

Según fuentes jurídicas, ni el juez ni la Fiscalía Anticorrupción han encontrado pruebas de que tuviera una participación en la financiación ilegal del PP que se investiga en la pieza de Púnica cuyo secreto se ha levantado y en donde aparece el citado informe.

Las fuentes han resaltado que la UCO, que señala indicios de delito en relación a la intervención de Cifuentes en esa mesa de contratación, la menciona al igual que a otras tantas personas y han recordado que lo que se investiga en esta pieza es la presunta financiación irregular del PP, hechos en los que no se considera que Cifuentes esté involucrada.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) considera acreditado que el PP de Madrid financió ilegalmente las campañas de 2007, 2008 y 2011. Al respecto, vincula a la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, y a su predecesor, Ignacio González, con esas prácticas.

Dos informes aportados al sumario de la trama Púnica que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, fechados el 1 de marzo y relativos a esa posible financiación ilegal y a las relaciones de la Asamblea de Madrid y el grupo Cantoblanco, presidido por Arturo Fernández, recoge estas dos conclusiones.

La UCO sostiene que "importantes gastos electorales" de las campañas de 2007 y 2008 e "indiciariamente" de las de 2011 se pagaron mediante "subvenciones públicas" de la Comunidad de Madrid a través de la Fundación Fundescam. Velasco señala como responsables al exconsejero de Presidencia y ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados; al extesorero del partido Beltrán Gutiérrez y al exconsejero de Transportes Ignacio Echevarría, todos ellos patronos de Fundescam.

Pero también cita a otros cargos públicos vinculados al patronato de Fundescam, que habrían participado en contratos con "múltiples irregularidades penalmente relevantes" de los que se habrían beneficiado empresarios como Arturo González, que en 2007 ingresó 160.000 euros en las cuentas de Fundescam.

Indicio de delito de Cifuentes

En su informe, la UCO cita en concreto a Cristina Cifuentes, a quien considera posible responsable de delitos de cohecho y de prevaricación y sobre quien hace un informe específico.

Argumenta que Cifuentes fue al mismo tiempo patrona de Fundescam, dirigente del PP de Madrid y de sus comités de campaña y miembro del comité de expertos que efectuó las valoraciones de las ofertas de las empresas licitadoras de los contratos de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011, que consiguió la empresa Grupo Cantoblanco, asunto en el que fue presidenta de la mesa de contratación en esas licitaciones.

Una actuación "contraria a la legalidad y que vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la presidenta de la mesa de contratación", a juicio de la UCO.

La Guardia Civil recuerda que Cifuentes pertenecía al Patronato de Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones de 160.000 euros del empresario y que fueron destinados a sufragar gastos de campaña, cuando ella pertenecía al comité regional de campaña del PP.

En el caso de Ignacio González -en prisión por el caso Lezo, en el que el mismo juez Velasco también investiga la financiación del PP-, la UCO le señala como firmante de una subvención a Fundescam cuando era vicepresidente de la Comunidad de Madrid y patrono de la fundación, además de director de la campaña del PP de Madrid a las elecciones de 2007.

Una campaña en la que, según recuerda la UCO, "los sobrecostes en que incurrió el PP de Madrid fueron extraordinariamente relevantes y muy superiores a los legalmente establecidos, llegando a superar el límite legal establecido en varios millones de euros".

Según los investigadores, Ignacio González -que dimitió de Fundescam tras aprobar la subvención- "sería conocedor del abono de gastos electorales mediante subvenciones públicas a través de la facturación falseada que validaron ante la Cámara de Cuentas Beltrán Gutiérrez e Ignacio Echevarría".

Lo considera "participe privilegiado" en los hechos, pues "no en vano se encontraba donde se promueve y paga la subvención (Comunidad de Madrid), donde se justifica (Fundescam) el gasto de la subvención y donde se materializa realmente el gasto (como jefe de campaña)".

En este caso, se trataba de una subvención de más de 195.700 euros para "difundir a los ciudadanos el conocimiento del sistema democrático, la realidad sociocultural y política" de la Comunidad de Madrid y fomentar la participación ciudadana "en actos de naturaleza política y sociocultural". La UCO considera llamativo que González dimitiera como patrono de Fundescam solo semanas antes de que tuviera que rendir cuentas del año 2007.

Y ha comprobado que las facturas emitidas por Fundescam para justificar el dinero de la subvención coinciden con los importes y empresas que contabilizó Beltrán Gutiérrez como gastos electorales del PP de Madrid. Los investigadores han detectado que "la inmensa mayoría de los gastos abonados desde la cuenta corriente de Fundescam en el año 2007 tendrían como finalidad abonar gastos electorales del PP de Madrid".

Al menos se habrían pagado 209.985,45 euros que se corresponderían con gastos electorales abonados directamente por la citada Fundación y otros 240.000 euros por empresas que también resulta ser proveedores del Partido Popular en la campana electoral del año 2007 y que enmascararon esos gastos mediante financiación interpuesta. Es decir, 449.985,45 euros de esa campaña se pagaron de manera directa o indirecta desde Fundescam.

Un millón en la caja B

Por otro lado, la UCO apunta también en un informe que el PP de Madrid tuvo supuestamente una "caja B" en la que acumuló más de un millón de euros en torno al año 2011, cuando se celebraron elecciones autonómicas.

Así lo refleja en un informe que se basa en la documentación intervenida al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez y al que la Fiscalía da credibilidad en un informe posterior. Dicha documentación, "a juicio policial, pondría de manifiesto la existencia de una caja B cuantificada en más de un millón de euros", señala la Guardia Civil.

Y añade que los ingresos fraccionados de terceros al PP de Madrid son "parcialmente coincidentes" con las aportaciones que el exconsejero madrileño Francisco Granados le hizo a Beltrán Gutiérrez. Según la UCO, así lo reflejan los apuntes de Granados en una libreta que recoge "gastos con proveedores que también habrían resultado ser proveedores de la campaña electoral".

En esa libreta o "cuaderno negro" hallado en el domicilio de Granados constan anotaciones manuscritas sobre actos de campañas electorales de septiembre de 2010 a abril 2011, y en un hoja aparecen dos columnas "IN-OUT", donde, dice la Fiscalía, "supuestamente se relacionaban los ingresos procedentes de determinados empresarios" y se vinculan con salidas a personas como Granados y Gutiérrez. Algo que negó ante el juez el exconsejero cuando dijo que las anotaciones de números no se correspondían a dinero sino al número de asistentes a los eventos.

Las fiscales del caso, Carmen García y Teresa Gálvez, dan crédito a la documentación intervenida, que "proyecta importantes indicios sobre la existencia de una 'caja B' del Partido Popular" en Madrid. Dicha caja "recogería las aportaciones realizadas" por adjudicatarios de contratos de la Administración autonómica y estarían "indiciariamente destinadas al pago de gastos electorales que no serían fiscalizados".

Además, entre la documentación intervenida a Beltrán Gutiérrez, se encontró, precisa la UCO, "datos reveladores acerca de la financiación irregular en esos citados comicios", los de 2011, en los que Granados fue el director de campaña de la formación. La Guardia Civil explica que, como en los comicios electorales de 2007, el PP de Madrid recibió en su cuenta habitual -en la que no se pueden facturar gastos de campaña- varios ingresos "que superan el millón de euros" aportados por "uno de los principales proveedores de la campaña".

Pese a que no precisa de quién se trata, la UCO añade que el mencionado proveedor únicamente facturó 137.036 euros a la cuenta corriente de la campaña electoral autonómica del PP de Madrid, que es donde debería haber aportado todo.

Es por ello que la UCO considera que esa "importante divergencia debe de ser objeto de investigación, por si como en el caso de las elecciones autonómicas del año 2007, finalmente se han sufragado importantes gastos electorales desde la cuenta de funcionamiento del Partido Popular".

Investigado, imputado y dimitido

Por otra parte, el viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Ruiz, citado este martes como investigado por el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, ha presentado su dimisión después de que el magistrado ordenara, entre otros registros, el de su despacho por su actividad cuando estaba en Arpegio, empresa pública cuya sede también se analiza.

Tras recibir el auto en el que se le cita como investigado, Ruiz ha presentado su dimisión a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, tanto de su cargo como viceconsejero como de secretario de Territorial del PP de Madrid.

Como insisten desde el Ejecutivo madrileño, los hechos por los que Ruiz está siendo investigado no se refieren a sus responsabilidades en el Gobierno de Cifuentes, sino a la etapa en la fue consejero delegado de Arpegio entre 2008 y 2010, cuando la presidenta de la Comunidad era Esperanza Aguirre. Ruiz ha dimitido de sus actuales cargos en aplicación del código ético de altos cargos de la CAM, así como el del PP madrileño.

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