Puigdemont destituye al consejero díscolo

Pero Baiget no ha tenido que apartarse, sino que ha sido apartado. El presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, ha cesado al titular de Empresa y Conocimiento, que será sustituido por su homólogo en Cultura, Santi Vila. El relevo entrará en vigor este martes, cuando se publique en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC).

El consejero saliente soltaba la bomba la mañana de este lunes, cuando mostraba sus dudas sobre las posibilidades reales de una consulta: “El Estado tiene tanta fuerza que probablemente” Cataluña “no podrá hacer el referéndum”, sino “alguna cosa diferente que se puede parecer al 9-N”, expresó. Y esas palabras le han costado el puesto.

No obstante, hasta Podemos, tradicional defensor del referéndum, ha mostrado su desacuerdo con el borrador de la llamada Ley de Transitoriedad de Cataluña, que será presentada este martes junto a la “Ley del referéndum de autodeterminación” y ha cuestionado la “hoja de ruta” del presidente de la Generalidad porque no cuenta con apoyo social suficiente.

Pero desde el Gobierno catalán, excepto el ahora cesado Baiget, no están de acuerdo con las críticas e insisten en seguir adelante con el proceso de desconexión de España. Dicen que esta “Ley del referéndum de autodeterminación” se ampara en el derecho internacional. Así, Juntos Por el Sí y la CUP entienden que invoca acuerdos de la Asamblea General de la ONU en los que se reconoce “el derecho de los pueblos a la autodeterminación” y que fueron ratificados por España. También se acogen a dictámenes del Tribunal de la Haya para convocar el referéndum del 1 de octubre.

Todo esto aparece en la "exposición de motivos" del borrador de la ley que este lunes han desvelado, junto a los tres primeros artículos de la misma, La Vanguardia y Catalunya Radio.

De esta forma, revelan que en el preámbulo de la ley se alega que los Pactos sobre Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales, aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966, fueron ratificados y están en vigor en España desde su publicación en el BOE en 1977, y que en ellos se reconoce “el derecho de los pueblos a la autodeterminación como el primero de los derechos humanos”.

A este respecto, recuerda el preámbulo de la Ley del referéndum que la propia Constitución española determina en su artículo 96 que los tratados internacionales ratificados por España “forman parte de su ordenamiento interno”. Apela también a dictámenes recientes del Tribunal internacional de justicia de La Haya en los que se indica que el derecho a decidir de los pueblos ha evolucionado a lo largo del siglo XX, tras el fin de la era del imperialismo, y que la única limitación a su ejercicio es el recurso ilícito a la fuerza u otras violaciones graves del derecho internacional.

La exposición de motivos destaca que esta ley responde a un “acto de soberanía” que es “la opción necesaria para poder ejercer el derecho de los catalanes a decidir el futuro político de Cataluña, especialmente después de la ruptura del pacto constitucional español de 1978 que representa la anulación parcial y la completa desnaturalización del Estatut de Cataluña del año 2006”.

Repasando los tres primeros artículos, se subraya que el artículo 1 regula la celebración del referéndum, sus consecuencias en función de cuál sea el resultado y la creación de la Sindicatura Electoral de Cataluña, organismo que actuará como Junta Electoral, nombrada por el Parlament, y que estará formada por juristas.

Por su parte, el artículo 2 afirma que el pueblo de Cataluña es un “sujeto político soberano” y como tal “ejerce el derecho a decidir libre y democráticamente su condición política”. Igualmente, el artículo 3 destaca que esta ley prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto con ella, y que también ampara a “todas aquellas autoridades, personas y empresas que participen directa o indirectamente” en la preparación y celebración del referéndum.

Así, los partidos soberanistas quieren aprobar dos leyes en el Parlamento catalán, la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica, que regularía el escenario político en Cataluña en caso de ganar el ‘sí’ a la independencia. Si ganase el ‘no’, se contempla la convocatoria de forma inmediata de elecciones autonómicas.

Dudas

En cualquier caso, Jordi Baiget apuntaba que no hay que "menospreciar" al Estado, ya que al "minuto 1" de aprobar la ley de consulta llegará "la suspensión": "Irán tan en contra que quizás tendremos que hacer una cosa diferente, y alguna cosa diferente se puede parecer a un 9-N", ha explicado en una entrevista en El Punt Avui en la que ha añadido que quizás lo "único" que podría diferenciar ambas consultas es que "en lugar de dos millones vayan a votar cuatro millones de personas".

Además, y ante las posibles acciones judiciales, Baiget ha afirmado que podría "aguantar tener que ir a prisión", pero no si "van contra el patrimonio", ya que afectaría a su familia, al tiempo que admite que siente "respeto" cuando firma un requerimiento judicial.

Más críticas de Baiget a la CUP, en este caso por la idea de convocar una huelga general: "El país no lo aguantaría, y pensar que sí es no conocer el país", dice un dirigente que remarca que el modelo de los antisistema no coincide "en nada" con el suyo.

"Debería apartarse", dice la CUP

Unas palabras que no han tardado en ser respondidas. "Aquel consejero que piense que el 1 de octubre será un 9-N y tenga miedos patrimoniales debería apartarse. Sin más excusas ni dilaciones. Responsablemente", ha pedido Mireia Boya, presidenta de la CUP en el Parlament catalán.

Al respecto de la consulta ha hecho lo propio Oriol Junqueras. El líder de ERC y vicepresidente del Govern considera que "la principal diferencia" entre el 9-N y el 1-O "es que aquello fue un proceso participativo y no era vinculante". Una diferencia que, en su opinión, "es enorme".

Sobre el día después al referéndum, el 2 de octubre, Junqueras ha señalado que si gana el "sí", la independencia se tiene que implementar "desde el mismo momento", si bien el Govern estará dispuesto a hablar con el Gobierno central sobre las condiciones de la secesión.

Albiol: "Se le ha escapado" lo que piensan todos

Las palabras del consejero también han encontrado respuesta en el PP de Cataluña. Así, su presidente, Xavier García Albiol, cree que a Jordi Baiget "se le ha escapado en público" lo que piensa todo el Govern en privado.

"Baiget ha tenido la mala suerte de que se le ha escapado lo que piensan todos los miembros del Govern. Junqueras y Puigdemont lo piensan pero no lo dicen por fines electorales", ha dicho Albiol, que exige elecciones autonómicas para después del verano. No obstante, apuesta por que que el Ejecutivo catalán las convocará para el segundo semestre de 2018 ya que el PDeCAT "necesita tiempo para recuperarse" del "descrédito y la vergüenza" del proceso independentista.