14 de diciembre de 2019, 18:39:10
Sociedad

ESPAÑA


El 43,1% de los ciudadanos no entiende el lenguaje de la Administración

EL IMPARCIAL

Alarmante déficit de comprensión en las diligencias públicas.


El Defensor del Pueblo ha ofrecido este lunes un dato que genera desazón al que lo lee: el 43,1 % de los ciudadanos españoles encuestados confiesa que no entiende los escritos administrativos. Es por ello que ese órgano ha instado a las 80 administraciones públicas a que, con urgencia, acometan una reforma que clarifique los términos con los que acomodan la burocracia o, en su defecto, atiendan con celeridad a las peticiones de información que les solicita la ciudadanía.

El comunicado publicado especifica que el trabajo de estudio efectuado a través de una encuesta masiva trataba de esclarecer la sospecha que mantenía en torno a "la dificultad para acceder a la información pública, la vía utilizada para contactar, así como la claridad de la respuesta recibida y el tiempo transcurrido hasta obtener la información solicitada".

Los resultados, según expone el documento, son proporcionales a la rapidez que el Defensor del Pueblo exige a las administraciones: el 26,3% de los entrevistados "había tardado meses en recibir contestación de la Administración"; el 43,1% de los escrutados no comprenden la terminología ni el contenido de los escritos públicos que manejan cuando cursan procedimientos; y el 42% de los consultados declaró haber recibido una información insuficiente.

Entre los métodos por los que los ciudadanos acceden a las istancias públicas pertinentes, el informe revela que un 44,2 % había usado internet para formular sus peticiones, que el 75,1 % de los encuestados sabe cómo obtener información pública y el 79,3 % dice conocer la existencia de la Ley de Transparencia. Además, se señala que los temas más consultados son educación, sanidad, empleo, seguridad social e impuestos.

En cuanto a las administraciones a las que los ciudadanos se dirigen, la encuesta ofrece una distribución equitativa, siendo la administración autonómica la más consltada (31%), seguida de la municipal (29,9%) y por la del Estado (28,2%).

Finalmente, el Defensor del Pueblo ha aclarado que las conclusiones y recomendaciones han sido transmitidas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a las comunidades autónomas, a los 10 ayuntamientos con mayor población, a las diputaciones provinciales y al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Institución quiere ayudar a mejorar el funcionamiento, transparencia y claridad de las administraciones en su relación con los ciudadanos.

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