27 de septiembre de 2021, 7:19:54
Sociedad

JUNTA DE ANDALUCÍA


Revés para Susana Díaz: el TC suspende su jornada de 35 horas

EL IMPARCIAL

Pensada para el sector público, ha tildado de "despropósito" la suspensión cautelar.


La lideresa socialista de Andalucía, Susana Díaz, ha sufrido este lunes un varapalo a uno de sus proyectos nucleares: la reducción de la jornada laboral del sector público a 35 horas. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos interpuestos por el Gobierno de Rajoy y ha suspendido cautelarmente el decreto ley promulgado por la Junta, levantando un ardiente revuelo en el seno de la baronesa del PSOE por excelencia.

El TC considera oportuno el criterio del Ejecutivo central, que consideraba que la reducción a 35 horas de las 37,5 que tienen el resto de empleados públicos contraviene los presupuestos generales del Estado de 2013. Entonces, aquel texto estableció para todo el territorio nacional una jornada laboral para los funcionarios de 37,5 horas.

Además, Moncloa defiende que fractura la vigencia del real decreto de Medidas Urgentes de racionalización del gasto público en lo relativo a la educación. Según el argumento del Gobierno, los funcionarios afectados por esa medida, "que son funcionarios del Estado", no pueden disfrutar de un régimen particular dependiendo de la autonomía en la que trabajen.

Así, el recurso gubernamental recuerda la vigencia de la jornada general de trabajo no inferior a treinta y siete horas y media, aprobada en una disposición en los presupuestos generales del Estado para 2013, cuya constitucionalidad y vigencia fue confirmada por el TC. Tal directriz está sujeta a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada en 2012, que tiene relación con los límites de déficit y endeudamiento fijados por la Administración del Estado.

En suma, el recurso ataca los artículos que permiten la contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de personal estatutario temporal y funcionario interino, cuando sea necesario, para reforzar la plantilla por la aplicación de la jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales. Y se aclara que si se interpreta como inconstitucional la medida para implantar la jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales, también será inconstitucional la habilitación presupuestaria para hacerla efectiva en la Ley de Presupuestos de Andalucía.

El Tribunal Constitucional, por su parte, ha trasladado la demanda al Senado, al Congreso, a la Junta de Andalucía y al Parlamento de esta autonomía. Y ha establecido un plazo de quince días para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones convenientes.

El equipo de Susana Díaz no ha demorado su respuesta. En un comunicado presentado por María Jesús Montero, consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, se tilda la decisión de "auténtico despropósito" y "jarro de agua fría" para los funcionarios andaluces. Alude el texto a que "no se dé ni un paso atrás" en la negociación de la comunidades con el Estado.

"El Gobierno ha agotado el plazo para presentar el recurso sin que haya habido diálogo con Andalucía", ha proclamado la Junta, que ha denunciado que el PP haya dejado pasar nueve meses para, sin diálogo entre las partes, interponer el recurso. Montero, que ha argumentado que tal reducción de horario permitiría la creación de unos 7.000 empleos en el sector público -sobre todo en Educación y Sanidad-, ha deseado que este brete no se provoque "ningún tipo de retroceso" para los empleados públicos andaluces.

"La jornada de 35 horas es un derecho laboral que fue suspendido durante la crisis y ahora es de justicia devolverles", sentenció.

El Imparcial.  Todos los derechos reservados.  ®2021   |  www.elimparcial.es