26 de noviembre de 2020, 16:29:31
Nacional

REFERÉNDUM


Trapero alegará ante la AN que cumplió "estrictamente" las órdenes judiciales

EL IMPARCIAL

La Guardia Civil denuncia al mayor de los Mossos por sedición y alterar el orden social.


El mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, ha sido citado a declarar este viernes como investigado por la Audiencia Nacional por un presunto delito de sedición. La jueza instructora Carmen Lamela quiere así conocer su posible responsabilidad en el asedio a los guardias civiles ante la consejería de Economía el pasado 20 de septiembre. Trapero alegará previsiblemente ante la juez que la policía catalana cumplió "estrictamente" las órdenes judiciales y de la Fiscalía en sus actuaciones sobre el referéndum del 1-O "con el máximo rigor y profesionalidad", defiende en una carta la cúpula de los Mossos.

Horas más tarde, la Unión de Guardias Civiles también ha presentado una denuncia contra Trapero ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por delitos de sedición y desobediencia y omisión del deber de perseguir delitos. Defiende que en el 1-O organizó "un operativo fraudulento e ineficaz" que "alteró el orden social". La asociación de guardias acusa a Trapero de transmitir a sus subordinados "órdenes vagas, poco precisas e inconexas, para de facto, desobedecer un auto judicial, impidiendo el cumplimiento de la resolución judicial" del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El pasado 27 de septiembre, la magistrada admitió a trámite la denuncia interpuesta por la Fiscalía por los disturbios ocurridos durante dicha operación policial contra el referéndum. A cuatro días del 1-O, Lamela asumió en un auto la competencia de la Audiencia Nacional en este caso al entender que el fin último de los disturbios es el de una ruptura de la forma de Gobierno. Al asumir la competencia, Lamela explica que el tipo penal de la sedición del artículo 544 del Código Penal exige una conducta colectiva caracterizada por un "alzamiento tumultuario" dirigido a impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes. Por ello, tal y como acontecieron los hechos, considera que lo ocurrido podría ser constitutivo de ese delito "con carácter provisional" y sería competencia de la Audiencia Nacional en tanto que lo sucedido "puede suponer al mismo tiempo una ofensa contra la forma de gobierno", un delito contra una alta institución del Estado, de los que este tribunal es competente.

La cuenta de Twitter de los Mossos ha publicado cuatro mensajes en los que señala que Trapero "aportará toda la información" del dispositivo que actuó el 20 de septiembre. En el escrito remitido a todos los agentes por la jefatura de los Mossos d'Esquadra se muestra su "plena confianza" en la labor llevada a cabo por el cuerpo en relación con el referéndum, ya que nunca han dejado de trabajar "con profesionalidad y respeto a la ley", y les insta a seguir trabajando en la misma línea. Por ese motivo, indican, piden a los ciudadanos que "mantengan la confianza" en su trabajo.

La juez Lamela ha acordado citar a Trapero tras un informe de la Guardia Civil, que incluye hasta seis peticiones por escrito a los Mossos en relación con los incidentes de la conselleria de Economía, contestadas -en algún caso dos horas después- con escuetas respuestas de que se había dado trámite a la solicitud. El relato de los guardias que actuaron revela que los agentes que custodiaban la puerta se vieron obligados a entrar en el edificio para evitar "el enfrentamiento directo" ante la actitud "cada vez más hostil" de los manifestantes.

Además de las peticiones por escrito, los agentes del instituto armado pidieron en varias ocasiones ayuda a la intendente jefa de los Mossos en la comisaría del Eixample de Barcelona, Teresa Laplana, desplazada al lugar desde primera hora de la mañana, pero hasta las 14.30 horas no se presentó un responsable de la Unidad de Control de Masas. La Guardia Civil constata que a medida que avanzaba el día la protesta estaba coordinada y organizada, incluso con avituallamiento y con voluntarios que formaron una cadena humana para permitir la salida del edificio de las autoridades y trabajadores, pero no de la comitiva judicial. A las diez de la noche se dio por finalizado el registro, pero la comisión judicial "quedó retenida y sitiada en contra de su voluntad".
El informe también deja constancia de que aquel día la Guardia Civil envió hasta 24 solicitudes de apoyo a los Mossos, diez de ellas con carácter urgente, en diversos puntos de Barcelona, en Sabadell, en Hospitalet, Les Franquesas del Vallés, Vic, Tarrega, Lleida, Manresa, Reus y Valls.

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