19 de agosto de 2019, 2:40:15
Nacional

AUDIENCIA NACIONAL


La juez envía a la cárcel a Junqueras y a los otros ocho exconsejeros de Puigdemont

EL IMPARCIAL/Efe

Oriol Junqueras y los exconsejeros ingresan en la prisión de Estremera y las exconsejeras, en Alcalá Meco.


De este modo, la juez asume por completo la petición de la Fiscalía y envía a la cárcel por riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva a Junqueras y los ocho exconsejeros que han comparecido este jueves investigados por rebelión, sedición, malversación y otros delitos conexos.

El exvicepresidente Junqueras, Joaquín Forn (Interior), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Josep Rull (Territorio) y Santi Vila (Empresa) permenecerán internos en la cárcel de Estremera, aunque éste último saldrá si deposita una fianza de 50.000 euros -el único para el que no se ha decretado prisión incondicional-. Por otro lado, Dolors Bassa (Trabajo) y Meritxell Borrás (Agricultura) serán conducidas a la cárcel de Alcalá Meco. Finalmente, el Ministerio de Interior ha creído oportuno que estén en solo dos centros penitenciarios, anteriormente cinco, tanto por razones organizativas como para que los abogados defensores puedan hacer mejor su trabajo.

La juez ha apreciado alta probabilidad de riesgo fuga porque "tampoco puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados que les permita abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero". Alude así Lamela a la huida del expresidente catalán Carles Puigdemont y de otros cuatro exconsejeros a Bruselas para los que la Fiscalía ha pedido a la juez que dicte las correspondientes órdenes europeas de detención y las dirija a las autoridades belgas para que pongan a estos cinco investigados a disposición de la Justicia, solicitud que la magistrada aún no ha resuelto.

Para evaluar el riesgo de fuga, la juez tiene también en cuenta la gravedad de las penas a la que se exponen los investigados en esta causa porque "a mayor gravedad de los hechos y de la pena, más intensa cabe presumir la tentación de huir". En este sentido el auto recuerda que "los querellados se enfrentan a penas que pueden alcanzar los 25 años de prisión por el delito de rebelión, quince año de prisión por el delito de sedición, y ocho años" por el de malversación que además "puede ascender a diez años en caso de que se haya producido falseamiento en la contabilidad".

También Lamela observa en su auto un alto riesgo de reiteración delictiva, teniendo en cuenta que las "actividades delictivas descritas se han venido planificando y realizando de forma consciente por los querellados durante más de dos años" desde que comenzó en 2015 la andadura del proceso de independencia en Cataluña. Dice Lamela que los investigados "vienen operando dentro de un grupo perfectamente organizado de personas, apoyados por asociaciones soberanistas con poder y capacidad para auxiliarles en su posible huida de la Justicia". Un delito que exime a Vila en vista de que dimitió un día antes de la declaración unilateral de independencia y es por esta razón que su prisión es eludible. No obstante, en el caso de que abone la fianza, la juez indica que se le impondrán una serie de medidas cautelares que son la prohibición de salida del territorio español, la entrega del pasaporte y comparecencias quincenales en el juzgado.

Para argumentar la prisión incondicional indica también que se aprecia alta probabilidad de que los querellados puedan proceder a ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba, teniendo en cuenta los cargos que han ostentado hasta hace pocos días.

A lo largo del auto, Lamela desgrana el papel de cada uno de ellos en cada paso del llamado procés a lo largo de estos dos últimos años hasta culminar en la declaración de independencia en el Parlament catalán que desembocó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, produciendo el cese de todo el Govern y la disolución de la Cámara autonómica.

Al contrario de lo que sucedía en el Supremo, que ha suspendido a petición de las defensas la comparecencia como investigados por los mismos hechos de la presidenta del Parlament Carme Forcadell y de 5 miembros de la Mesa, en la Audiencia Nacional ninguna de las partes ha pedido la suspensión de la toma de declaraciones, a excepción de Turull, al que se le ha denegado porque la petición no la ha hecho su letrado.
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