24 de agosto de 2019, 18:04:49
Nacional

"LA ACTUACIÓN DE LOS INVESTIGADOS NO SE PUEDE EXAMINAR DE FORMA AISLADA"


Lamela acepta trasladar la causa contra el antiguo Govern al Supremo

EL IMPARCIAL

Contra el criterio de la Fiscalía, que argumenta que dicho traslado posibilitará un macrojuicio y se ralentizará el caso.


La jueza Carmen Lamela ha remitido al Tribunal Supremo el informe que le solicitó la semana pasada el magistrado Pablo Llarena el estado de sus investigaciones de la causa contra los exmiembros del Govern y matiza que la investigación por separado "dificultaría el esclarecimiento de los hechos y la comprensión de toda la estrategia colaborativa. “La actuación de los investigados no se puede examinar de forma aislada y desvinculada de la organización de la que ellos y posiblemente otros han formado parte para culminar un propósito común”, por lo que la magistrada se muestra partidaria de que sea el Supremo el que asuma toda la causa.

Lamela recuerda que se están investigando delitos conexos, “razón por la que cualquier escisión de la causa inevitablemente conduciría al examen parcial y sesgado de los hechos, lo que dificultaría enormemente la investigación y la determinación clara de responsabilidades de los investigados”. Por ello, concluye que la investigación conjunta de los hechos y de sus partícipes “es la única manera de comprender en su integridad toda la trama y de dilucidar las responsabilidades individuales susceptibles de reproche penal que confluyeron de forma coordinada en el resultado que condujo a la declaración final de independencia”.

En su informe, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 incluye los antecedentes procesales, fácticos e investigativos. En las 35 páginas de su escrito, la magistrada considera que todas las personas querelladas, así como otras investigadas, "forman parte de una compleja y heterogénea organización, donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente, contraviniendo el orden constitucional y estatutario".

Entiende, asimismo, que los integrantes de esa organización han venido llevando a cabo desde 2015 una premeditada estrategia “perfectamente coordinada con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles”, por lo que considera que la investigación no debe ser escindida, “sino que debe realizarse de forma conjunta y en un único procedimiento a fin de poder determinar y valorar con conveniente coherencia la participación concreta de cada una de las personas investigadas y los delitos en que cada uno puede haber incurrido”.

Según la magistraada, lo investigado hasta el momento apunta a que los exmiembros del Govern "forman parte de una organización que actuaban con unidad de propósito, con arreglo a un plan común y con reparto de tareas y responsabilidades para lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña y su proclamación como República independiente, alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario".

Dentro de esa organización, Lamela cita la participación de 'los Jordis' y el papel desempeñado por los Mossos D’Esquadra para asegurar el éxito del proceso hacia la declaración de independencia impulsada por los investigados. “Resultaba esencial contar con la capacidad investigadora e intimidatoria de los Mossos d’ Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto coercitivo que los mismos representaban”. La juez concluye que se ha producido una utilización ilegal de los Mossos al servicio de los intereses secesionistas, tanto en los actos sediciosos como en la celebración del referéndum ilegal. Igualmente, “en la realización de actuaciones de espionaje a los miembros de la Policía y Guardia Civil y acciones de vigilancia y contravigilancia a miembros de la organización que eran seguidos y vigilados en el curso de las investigaciones judiciales”.

Asimismo, la jueza considera que "todas las actividades llevadas a cabo por los investigados, la planificación, organización y convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre fueron, al menos parcialmente financiadas con fondos públicos".

El Imparcial.  Todos los derechos reservados.  ®2019   |  www.elimparcial.es