28 de febrero de 2020, 16:51:03
Opinion


Las calles de la vergüenza



Después de unos días de reflexión, 17 de los 19 magistrados que conforman el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han decidido que no es delito mantener el nombre de las calles dedicadas a etarras. Los jueces sí podrán ordenar la retirada de las placas concretas dedicadas a los asesinos, como en su día hizo Grande Marlaska con la plaza de la localidad guipuzcoana de Hernani dedicada al etarra José Aristimuño, alias ‘Pana’, pero no condenar a aquellos alcaldes que no cambien el nombre de la calle. Esta decisión se suma al rechazo que se hizo del recurso que la asociación Dignidad y Justicia contra el archivo de la querella contra el alcalde de Leioa, el peneuvista Enero Arruabarrena. El juez Santiago Pedraz decidió archivar la causa porque consideraba que la pertenencia de Eustaquio Mendizábal ‘Txikia’ y Txabi Joseba Etxebarrieta, a quienes estaban dedicadas dos calles del municipio vizcaíno, no estaba probada.

El gran problema existente en el País Vasco es la dificultad de sortear el ambiente de impunidad e indulgencia en el que se mueven los violentos. Para acabar con la violencia definitivamente, es necesario señalar con el dedo y sin ambages a quienes la practican. Poner el foco en el componente mafioso y asesino de quienes matan y extorsionan a quienes piensan diferente o se interponen en sus megalomaniacos planes. Mantener nombres de calles dedicadas asesinos es rendirse ante quienes consideran a los etarras gudaris, mártires del pueblo vasco que se merecen un homenaje por sus crímenes. Si a alguien se le ocurriera dedicar una calle de Madrid al asesino de la katana, por ejemplo, nadie tendría duda alguna de la inconveniencia y monstruosidad de tal acción. En el País Vasco, sin embargo, se permite que los asesinos sean recordados y homenajeados al mismo nivel que escritores o personajes ilustres. El principio del problema vasco llegará cuando el Estado y todo el espectro democrático colaboren para cercar sin fisuras a quienes transigen con la violencia. En pura técnica jurídica podrá justificarse -si así procediera- la decisión pero la contestación política debe ser expulsar a todos los etarras -cualquiera que sea la bandera con que practican el corso terrorista- de todo ámbito público.
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