16 de diciembre de 2019, 7:26:16
Nacional

DESAFÍO SECESIONISTA


El juez toma declaración a un ex alto cargo de la Generalidad por el 1-O

EL IMPARCIAL

Cinco de los imputados afirman que cesaron su labor al saber que era ilegal.


Jordi Cabrafiga, exjefe de gabinete de la consejería de Gobernación de la Generalidad y Valentín Arroyo, director del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) de dicho organismo autonómico, están prestando declaración ante el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona con motivo de la investigación de los preparativos y organización del referendum ilegal que tivo lugar el 1 de octubre de 2017.

Junto a estos dos ex altos cargos del Gobierno del fugado Carles Puigdemont han sido citados otros tres imputados vinculados al CTTI -Lluis Domingo Anaya, director de área TIC, y otros dos empleados del centro- que habrían gozado de un rol importante en la el diseño y la implementación de la web web referendum.cat que fue lanzada con motivo de la celebración del 1-O.

El nombre de Cabrafiga, responsable de la supervisión del proyecto de la mencionada web, figura en el sumario del caso al lado de otros 20 implicados. Las pesquisas extrajeron la nómina de un chat en el que participaban los investigados, que tenían el rango de responsables de la preparación del referéndum declarado ilegal por el TC. Sobre este conjunto de miembros de la aparataje separatista de la Generalidad pesa la sospecha de haber mantenido viva la web de cara a la votación.

El propio exjefe de gabinete de la consejería de Gobernación pidió a un informático de la consejería de Economía de la Generalidad, el pasado 8 de septimebre, que le enviara, a partir de esa fecha, información a través de mensajes a un teléfono "limpio, con SIM nueva y sin rastrear".

Arroyo es la cabeza visible de la empresa pública de la Generalidad que integra los servicios de telecomunicaciones e informáticos correspondientes a la administración catalana, conocido como el CTTI. Ese centro recibió la orden de ser bloqueado por parte de la justicia. Tenía funciones de consulta de datos y se considera que influyó de forma decisiva enla organización del referéndum del 1-O.

La orden del bloqueo correspondió al intento de que ese acopio de datos no pudiera ser trasladado a otra aplicación para que fueran usados durante la consulta ilegal. Y la Guardia Civil se ha personado repetidas veces en la sede de este Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información durante las últimas semanas con el objetivo de rastrear los correos que intercambiaron los mandos de los Mossos d'Esquadra, siempre en el marco de las investigaciones judiciales abiertas sobre su supuesta pasividad durante el 1 de octubre.

El de este domingo no es más, por tanto, que otro capítulo de la ronda de interrogatorios iniciada por el juez el pasado sábado, cuando llamó a declarar a dos testigos expertos en participación e informática, que señalaron a Carles Puidgemont y al exvicepresidente Oriol Junqueras en las reuniones técnicas para organizar el 1-O.

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