20 de abril de 2019, 10:18:50
Nacional

LLARENA DICTA EUROORDEN CONTRA LOS POLÍTICOS HUIDOS


Prisión para Turull, Forcadell, Romeva, Rull y Bassa

EL IMPARCIAL

La expresidenta del Parlament y los cuatro exconsejeros se unirán a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.


El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado prisión incondicional para el candidato a la Presidencia del Govern, Jordi Turull; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; y los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, a petición de la Fiscalía y de la acusación popular de Vox.

Se unirán así al exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconsejero Joaquim Forn, al expresidente de ANC, Jordi Sánchez, y al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, por lo que todos los procesados por rebelión, penado con entre 15 y 25 años de cárcel, estarán en prisión provisional salvo los cuatro fugados que son el expresidente Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y los exconsellers Antoni Comín y Clara Ponsati.

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Marta Rovira y otros nueve investigados por el procés (Raül Romeva, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Dolors Bassa, Josep Rull, Joaquìm Forn, Carme Forcadell y y a los dirigentes de las asociaciones ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente) han sido procesados por rebelión por Llarena. Para todos ellos y Santi Vila, el magistrado ha fijado también una fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros que deberá ser prestada solidariamente.

Sin embargo, Llarena no ha procesado por rebelión ni a Meritxell Serret ni a Lluís Puig -ambos huidos-; tampoco a Anna Gabriel -también huida - ni a Mireia Boya, de la CUP. A los cuatro, sin embargo, los procesa por un delito de desobediencia, al igual que a Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simón, Ramona Barrufet, Joan Jusep Nuet, Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila.

Por otro lado, el magistrado ha procesado por un delito de malversación de caudales públicos a Puigdemont, Romeva, Junqueras, Borrás, Ponsatí, Comín, Forn, Rull, Puig, Mundó, Bassa, Serret y Vila.

Llarena ha procesado así a 25 de los 28 investigados y ha dejado fuera del auto de procesamiento al expresidente de la Generalidad Artur Mas, a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia Neus Lloveras.

Orden de detención internacional


Llarena también ha dictado una orden de detención internacional contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y una euroorden para otros cinco implicados en el proceso soberanista que han huido de la Justicia, entre ellos el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Llarena ha atendido así la petición de la Fiscalía tras notificar hoy el auto de procesamiento contra 25 investigados por el "procés", siete de los cuales permanecen huidos de la Justicia, después de que Rovira se haya fugado a Suiza, han informado fuentes jurídicas. Además de Rovira, los seis dirigentes del proceso soberanista huidos son: Carles Puidemont (Bélgica), Antoni Comín (Bélgica), Meritxell Serret (Bélgica), Lluís Puig (Bélgica), Clara Ponsatí (Escocia) y Anna Gabriel (Suiza).

Las fuerzas independentistas tendrán margen hasta el 22 de mayo para pactar la investidura del nuevo presidente de la Generalidad y evitar así una repetición de las elecciones, en julio. No obstante, tendrán que buscar ahora a nuevos políticos para ocupar sus escaños.

Anoche, cinco minutos después de que finalizase la primera sesión del debate de investidura del candidato Turull, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsejera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, renunciaron a sus escaños como diputadas de Esquerra para tratar de convencer al juez de que renuncian a insistir en el procés así como para evitar que su procesamiento pueda interferir en la actividad parlamentaria.

Llarena considera que el 'procés' se reanudará


El juez del Supremo sospecha que el proceso independentista, considerado en el auto como un "ataque al Estado Constitucional", puede estar en desarrollo, por más que se encuentre puntualmente larvado y que pueda pretender servirse de un relevo en sus protagonistas". Según el instructor, la "estrategia criminal" está pendiente de reanudación una vez que se recupere el pleno control de las competencias autonómicas.

Y ello porque, según el magistrado, así lo expone que el Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña, que contemplaba que en el caso de que la independencia no fuese consentida por el Estado, "la secesión se alcanzaría reanudando la desobediencia permanente al marco constitucional y legal".

Según el auto del juez Llarena, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn sabían "sobradamente" que en la jornada del referéndum habría una "escalada de violencia", ya que habían sido advertidos de ello por los Mossos en una reunión que tuvo lugar el pasado 28 de septiembre.

"Pese a ello, la decisión de los miembros del Gobierno fue de que la votación había de celebrarse", añade el juez en el apartado del auto de procesamiento dedicado a la actuación del ejecutivo de Puigdemont.

Así, explica cómo después de la reunión de coordinación policial las entonces consejeras de Enseñanza Clara Ponsatí y de Trabajo Dolors Bassa asumieron la dirección de los centros escolares y cívicos para ofrecer locales para celebrar la votación.

Llarena cita además el momento en que firmaron la convocatoria del referéndum y cómo siguieron luego adelante con el proceso "pese a las reiteradas declaraciones de inconstitucionalidad y de nulidad de las distintas iniciativas parlamentarias" anteriores.

El magistrado cree que los órganos ejecutivos de la Generalidad "continuaron con la permanente y obsesiva actividad para crear las denominadas estructuras de Estado (...), así como para divulgar su proyecto e impulsar el mayor apoyo que pudiera obtenerse de la comunidad internacional y de la ciudadanía".

En cuanto a la actuación de la portavoz de ERC, Marta Rovira, Llarena le atribuye un papel "esencial" en el impulso de las leyes del proceso independentista, así como en la "coordinación" de distintos sectores de la administración para organizar el referéndum del 1-O.

El juez señala que Rovira ejerció una "actuación política de coordinación de esfuerzos de múltiples sectores de la administración" y ante el referéndum del 1-O "asumió una responsabilidad rectora para lograr la plena disponibilidad de los centros de votación".

Hubo actos violentos durante el 1-O: "Los representantes políticos aceptaron el riesgo de una violencia claramente representable"

También hace referencia a los Mossos d'Esquadra en el auto. Según el magistrado del Tribunal Supremo, los Mossos diseñaron un dispositivo para el 1-O que estaba "orientado a boicotear" la orden judicial para evitar el referéndum, al optar por la "inacción" y por unas pautas "plenamente dilatorias y tolerantes con la votación".

Como ejemplo, destaca que en los días previos al referéndum los Mossos acudieron a los puntos de votación donde "informaban (desvelaban)" que el 1-O acudiría una pareja y que lo cerrarían si no lo impedía una aglomeración de personas, lo que supuso unas "pautas de actuación" que sirvieron de base para que las entidades soberanistas ocuparan los centros desde la víspera.

Además, apunta que los Mossos movilizaron a 7.000 efectivos, pese a que en jornadas electorales normales lo hacen 12.000 policías, y que se distribuyeron "de manera ineficaz" ya que lo hicieron "no en el sentido de poder garantizar el cierre de los grandes centros de votación, sino en el de garantizar la presencia de al menos dos agentes en los 2.259 centros de votación existentes".

En su auto, de 70 páginas, el juez considera además que el asedio a la Consejería de Economía del 20 de septiembre no fue "exclusivamente intimidatorio" sino que allí se limitó la capacidad de actuación "como consecuencia del uso de la fuerza, tal y como ocurriría en un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire".

Los hechos ocurridos reflejaron que "existía un riesgo de que las movilizaciones futuras desembocaran en una violencia instrumentalizada para lograr la independencia", dice.

Llarena establece que el gasto público en el referéndum ilegal del 1-O fue de 1,6 millones de euros

También considera que hubo actos violentos durante el 1-O, cuando se instó a los ciudadanos a que defendieran el recuento de votos y a que hiciesen frente al despliegue policial destinado a impedir la votación. Con esta actuación los representantes políticos que alentaron a la ciudadanía no solo aceptaron "el riesgo de una violencia claramente representable", sino que impulsaron "a una masa ciudadana a que desborde por la fuerza cualquier intención de contención que pueda provenir del Estado, tal y como finalmente sucedió el día de la votación".

Y lo hicieron "tras años impulsando el deseo colectivo por la independencia" y después de haber convocado "movilizaciones masivas" y convencido "a los seguidores de que ostentaban una legitimidad para una independencia que sabían constitucionalmente imposible".

Por otro lado, la resolución destaca que, conforme a la evaluación hasta ahora practicada, los gastos públicos que necesariamente habían de realizarse o comprometerse para la realización del referéndum ascendían a un total de 1,6 millones de euros. En concreto, destaca la cantidad de 224.834 euros para hacer la campaña del registro de catalanes en el extranjero; 277.804 euros para dar publicidad y difusión a la convocatoria ilegal; 979.661 euros para el suministro de papeletas, censo y citaciones de los miembros de las mesas electorales; y 199.700 euros para la participación de observadores internacionales.

Precisamente, la cuantía que se ha establecido para los procesados por rebelión y Santi Vila (2,1 millones) corresponde a la suma de estos 1,6 millones de euros más el tercio de esa cuantía que debe añadirse de acuerdo a la ley para este tipo de fianzas para asegurar responsabilidades económicas.

Rovira también se fuga


Además, Marta Rovira (ERC) ha anunciado esta mañana a través de una carta que no acudía al Supremo y huía de España. En el escrito, dirigido a la militancia republicana, asegura que ha optado por "un camino duro, un camino que, desgraciadamente, tantos otros que me preceden han tenido que coger. El camino del exilio".

En la misiva, Rovira expresa su "tristeza" por tener que haber tomado esta decisión, aunque asegura que "más triste habría sido vivir silenciada interiormente". "Estas últimas semanas he vivido dentro de una prisión interna", lamenta. "El exilio será un camino duro, pero es la única forma que tengo de recuperar mi voz política", justifica.

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