2 de junio de 2020, 14:18:30
Opinión


El hermano pobre de los poderes

Javier Zamora Bonilla


El poder judicial ha sido en la historia constitucional de Occidente el hermano pobre de los tres poderes que definiera Montesquieu. Y es un poder clave para el buen funcionamiento democrático de un Estado de derecho, por lo que sus déficits repercuten negativamente sobre el resto del sistema. Nadie puede negar que a lo largo de los dos siglos de historia constitucional se han hecho reformas institucionales que han permitido una mejor ordenación de funciones dentro del poder judicial y que se han creado órganos específicos para determinadas materias, los cuales han agilizado la resolución de conflictos y han dado respuesta a los nuevos problemas del Estado contemporáneo. Ambas cuestiones están abiertas por principio y nada impide nuevas reordenaciones y nuevos órganos, de forma que el poder judicial pueda ir adaptándose a la realidad de la sociedad a la que sirve.

PSOE y PP están ultimando un acuerdo sobre la justicia, que para bien de todos no debería limitarse a los nombramientos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, aunque sea ésta una cuestión clave. Los elegidos para estos órganos deberían serlo por sus méritos como juristas y no por su flexibilidad a doblegarse a los intereses de parte. En el caso del Consejo, porque como órgano de gobierno del poder judicial su prestigio es fundamental para que la reforma de la justicia se emprenda con éxito. En el del Constitucional, porque es la garantía de que los valores constitucionales estén siempre por encima de cualquier interés partidista, sea quien sea la parte.

Mas insisto en que, siendo esto muy importante, no es lo esencial de la reforma de la justicia. Apunto tres cuestiones solamente: 1) que se agilicen los procesos judiciales sin poner en riesgo las garantías de los intervinientes, porque una justicia a largo plazo pierde o diluye su eficacia; 2) que la justicia llegue por igual a todo el mundo sin que la renta individual desincentive la reclamación ante los tribunales y el seguimiento del proceso; 3) que muchas cuestiones aparentemente menudas pero que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos parezcan ajenas a la justicia por la complicación y lo costoso de los procesos.
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