16 de octubre de 2019, 20:00:24
Nacional

TRIBUNALES


La Abogacía del Estado no acusa de rebelión por orden del Gobierno

EL IMPARCIAL/Efe

La ministra de Justicia niega que se trate de un 'gesto' hacia los golpistas.


La Abogacía del Estado acusa a los líderes del proceso soberanista catalán de un delito de sedición en vez de rebelión, al entender que no se dieron los episodios de violencia suficientes, y de otro de malversación. Según confirmaron ya a Efe fuentes del Gobierno, la Abogacía del Estado se pliega a los deseos del Gobierno al entregar este viernes en el Tribunal Supremo su escrito de calificaciones provisionales en el que se desmarca del criterio de la Fiscalía y no ve que los acontecimientos que culminaron con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) sean susceptibles de un delito de rebelión, sino de sedición. Sin embargo, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la ministra de Justicia ha negado que se trate de un 'gesto' hacia los golpistas.

La decisión de la Abogacía, que representa los intereses del Estado y que orgánicamente depende del Ministerio de Justicia, supone que en el juicio, que previsiblemente comience en enero, defiende que no se produjo un alzamiento violento para declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Dicha decisión, según informa El País, se tomó el pasado lunes en la Moncloa cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reunió a sus colaboradores más cercanos, que concluyeron que "la acusación de rebelión es excesiva".

La Abogacía del Estado se personó más tarde en la causa del procés por el asunto de la malversación, sobre el que ha pivotado toda su actuación y las diligencias solicitadas, y no tenía de hecho por qué pronunciase sobre la rebelión o la sedición.

La ministra de Justicia lo niega

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha negado que haya "gestos" a los independentistas en la decisión de la Abogacía del Estado de no calificar de rebelión los delitos para el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y los exconsellers por los hechos ocurridos el 1 de octubre de hace un año.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Delgado ha subrayado que la Abogacía del Estado ha actuado bajo criterios de "profesionalidad" basándose en "parámetros técnicos y jurídicos" y, por tanto, ha insistido, "no es una cuestión de gestos".

A la pregunta de si esta decisión podría afectar al apoyo de los independentistas a los presupuestos generales, Delgado se ha limitado a decir: "Sirva o no sirva, no tengo ni idea".

Las claves de la acusación de la Abogacía

1-. No hubo violencia sino "una actitud hostil"

En las 58 páginas del escrito de acusación, no hay una solo referencia a la violencia. La ausencia de este elemento es clave para sostener una acusación de sedición y no de rebelión, como hace la Fiscalía.
La Abogacía habla del "ambiente crispado y hostil" en los "incidentes de orden público" del 20-S y de "concentraciones hostiles" ante los cuarteles de la Guardia Civil y la Policía. Y respecto al 1-O habla de "actos de resistencia y desobediencia" y "numerosas situaciones de tensión, disturbios y enfrentamientos". Un relato de hechos que dista del de la Fiscalía, que habla de "violentos incidentes", "disturbios", "16 horas de asedio" (en relación al 20-S).

2-. La ciudadanía como "agente político" para conseguir la independencia

El poder de la movilización fue un "factor clave" y una "herramienta indispensable" en el "procés", canalizado a través de los Jordis, al frente de las asociaciones soberanistas ANC y Òmnium Cultural, que buscaron generar un "ambiente de presión frente al Estado" para conseguir la independencia.

3-. Los ánimos y estímulos a las masas

Oriol Junqueras, los exconsellers, los Jordis y Carme Forcadell estuvieron "animando" a la participación activa en el referéndum y "estimulando" la presencia masiva de ciudadanos en las urnas pese a conocer que las Fuerzas de Seguridad del Estado habían recibido la encomienda judicial de impedir su celebración.

4. El tándem Ejecutivo y Legislativo

La Abogacía destaca en su escrito el papel del anterior Govern de la Generalitat y de la Mesa del Parlament para la consecución de la independencia.
Por una parte y pese a las "múltiples advertencias" del TC, la Mesa del Parlament, dirigida entonces por Carme Forcadell, admitió a trámite las denominadas "leyes de desconexión", "abiertamente ilegales".
Lo hicieron para dar cobertura a la convocatoria y celebración del 1-O y a la eventual declaración unilateral de independencia (DUI), llevadas a cabo por el Ejecutivo de Puigdemont, que trató además de crear y desarrollar nuevas estructuras del Estado.

5-. Todo el Govern, en el mismo nivel de responsabilidad

Aunque pide una pena ligeramente mayor para Oriol Junqueras que para el resto de exconsellers acusados de sedición, les sitúa a todos en un primer grupo de responsabilidad. Todos tomaron las decisiones ejecutivas para celebrar el 1-O y algunos (los encarcelados) dieron paso más dirigieron e indujeron a la sedición.

6-. Menor importancia de los Jordis

A diferencia de la Fiscalía, la Abogacía no considera jefes ni líderes de lo sucedido a los Jordis aunque cree que tuvieron un importante papel en la movilización de las masas con sus llamamientos a mostrar "desobediencia".

7-. ¿Donde están los Mossos?

La Abogacía apenas entra a analizar la actuación de los Mossos d'Esquadra en los hechos. Más allá de las advertencia al Govern para no celebrar el referéndum ante el "problema de seguridad ciudadana" que podría plantearse, el escrito pasa por encima de su presunta responsabilidad en aquellos días.

8-. ¿Cuánto dinero se malversó?

La Abogacía cuantifica en 1.971.601 euros el dinero defraudado, si bien la Fiscalía lo eleva a 3,07 millones. La principal razón de la divergencia es que la Abogacía no incluye en la suma final del dinero malversado la estimación pericial del coste del uso durante la jornada del 1-O de los más de 2.259 locales públicos designados por el Govern como puntos de votación (900.000 euros).

9-. Dos únicas menciones para Puigdemont

Tan solo dos veces hace referencia la Abogacía al que fuese principal responsable del Govern, Carles Puigdemont. Al estar "en situación procesal de rebeldía", no está formalmente acusado en un caso en el que, por el momento, no puede ser juzgado, a no ser que se reactive la orden de detención internacional contra él o que vuelva a España.

10-. La autora

Frente a los cuatro fiscales del Supremo que firman el escrito de acusación de la Fiscalía, en este caso solo una persona lo hace, la abogada general del Estado, Consuelo Castro, según han informado a Efe fuentes del Ministerio de Justicia tras haber difundido el escrito sin rúbrica.

El Imparcial.  Todos los derechos reservados.  ®2019   |  www.elimparcial.es