23 de octubre de 2019, 4:10:10
Nacional

DESAFÍO SECESIONISTA


Torra anuncia que su Govern denunciará al presidente del Supremo

EL IMPARCIAL

Moncloa riega el terreno para otra "fructífera" reunión con Torra.


El Govern encabezado por Quim Torra ha dado este viernes otra vuelta de tuerca a su interpertación del presente. Su Ejecutivo ha anunciado que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado con el fin de que este organismo investigue si el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo, cometieron un delito en la polémica sentencia de las hipotecas.

Esta suerte de amortización de lo que va ocurriendo para la propia causa ha sido defendida por la consejera de la Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi. Esta dirigente ha expuesto desde el Parlament que la denuncia se presentará, si no hay contratiempos, el próximo martes, toda vez que haya concluido la reunión del ejecutivo catalán. El argumento es el siguiente: la Fiscalía está "obligada a investigar" si ha habido delito en el "cambio de una sentencia firme", después que el Supremo pactara que sea el cliente quien abone el impuesto de Actos Jurídicos Documentados relacionado con la firma de una hipoteca.

La rectificación emitida por el Supremo con respecto al criterio por el que debía ser la banca la que se hiciera cargo del monto, tuvo lugar, según Artado, en una "inusual convocatoria de la sala del tribunal" que tuvo el objeto de volver a debatir la doctrina pertinente. Es por eso que el Govern entiende que ha habido una "vulneración de los derechos de toda la ciudadanía", con unos "procedimientos" judiciales que resultan dudosos y unos "posibles intereses particulares" que han podido influir en la decisión.

Asimismo, Artadi ha puntualizado que "los dos principales responsables" de esta rectificación del Supremo en este polémico asunto de las hipotecas son Lesmes y Díez-Picazo, pero ha fijado como responsabilidad exclusivo de la Fiscalía la concreción de los delitos que pueden haber cometido

Ha reconocido la dirigente secesionista que el Govern había sopesado llevar el caso "directamente al Tribunal Supremo", después de valorarlo con sus servicios jurídicos. Pero, finalmente, ha acordado que esta vía no tendría recorrido, por lo que lo elevará a la Fiscalía. Y es que el caso de las hipotecas se suma a otros episodios que demuestran que "la injusticia española es una amenaza para la democracia y el Estado de derecho", ha defendido.

Esta ha resultado su exposición crítica en torno a la petición de "más de 200 años de cárcel para quienes defienden la democracia". Así se ha referido a los políticos y representantes del secesionismo catalán que se encuentran bajo procesamiento por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Y también ha pescado para traerlo a colación el caso de la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el procesamiento de Arnaldo Otegui.

Por último, ha acusado a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, de "dar por culpables" a los secesionistas encausados por el 1-O pese a que aún "no han ido a juicio". Ha instado a Calvo a retractarse, porque sus palabras suponen una "clara violación de las directivas europeas". En efecto, la socialista dejó entrever esa consideración esta semana en el Senado.

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