14 de octubre de 2019, 6:06:38
Nacional

RESUMEN DE 2018


El año en el que el Supremo con las hipotecas y la Manada restaron crédito a la Justicia

EL IMPARCIAL

La designación política de los altos cargos y su manipulación, la lentitud de los procesos o la escasez de medios han hecho perder la fe a la ciudadanía en el poder judicial.


Los últimos indicadores de la Comisión Europea revelan que un 49% de los españoles percibe como “muy mala” o “bastante mala” la independencia judicial del país.

El año 2018 ha sido de los peores que se recuerdan en cuanto a la credibilidad de las instituciones de Justicia se refiere. A las históricas reivindicaciones y críticas que habitualmente se vienen haciendo de ellas por la designación política de los altos cargos y su manipulación, la lentitud de los procesos o la escasez de medios para afrontarlos, tanto técnicos como humanos, se suman este año unas sentencias que han hecho perder la fe a la ciudadanía en el poder judicial y que les ha llevado, igualmente, a manifestar este rechazo en las calles.

Este año nos hemos vuelto a encontrar con un bloqueo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero también con una huelga, con una ministra reprobada por el Parlamento, un Tribunal Supremo dividido y cuestionado y con euroórdenes rechazadas en el extranjero.

Pero a todo esto hay que añadir una serie de sentencias que no han dejado a nadie indiferente y que han tenido consecuencias imprevisibles: Gürtel, la Manada y las hipotecas.

La sentencia de la trama Gürtel provocó un terremoto político que nadie preveía antes de conocerse. Supuso el fin de la ‘era Rajoy’ en el PP y desencadenó un cambio de Gobierno tras la moción de censura que ganó Pedro Sánchez. Y para enredar más, un juzgado de Madrid investigará a Baltasar Garzón por prevaricación en relación a la grabación publicada en el medio moncloa.com en la que el excomisario José Villarejo presuntamente afirmó que se reunió con el exjuez para "preparar la Gürtel" un día antes de que éste admitiera la causa a trámite.

La Manada

No menos sonado fue, y con amplia repercusión mediática y social, la condena a los integrantes de la Manada. El caso de los cinco jóvenes sevillanos acusados de haber violado en grupo a una joven en los Sanfermines en 2016, que fueron condenados en abril por la Audiencia de Navarra a nueve años de prisión por abuso sexual, pero no por agresión sexual al estimar que no hubo violencia o intimidación, terminó de alejar a la ciudadanía de la administración de Justicia.

La incomprensión ante esa sentencia y ante un voto particular en el que un juez vio un ambiente de "jolgorio y regocijo" en lo que otros dos percibieron como un abuso llevó a la calle a miles de personas y abrió el debate para reformar la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal, aún no cerrado.

Terminó de rematar el año la polémica gestión en el Supremo del caso de las hipotecas, que ha certificado la desconexión de la sociedad con un sistema que reclama reformas, pero permanece cautivo víctima de las tensiones políticas.

La decisión del Alto Tribunal de revisar la sentencia que en octubre determinó que serían los bancos quienes se hicieran cargo del impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas abrió un agrio debate interno y reveló ante la opinión pública las fisuras de un sistema que no es ajeno a las luchas de la arena política.

La independencia de los jueces

La relación entre política y justicia quedó en evidencia al conocerse por boca de los propios interesados el acuerdo alcanzado entre el Gobierno del PSOE y el PP para renovar el CGPJ, un órgano que no dicta sentencias, pero que es el encargado de garantizar la independencia de los jueces y nombrar a los magistrados del Supremo.

Mientras miles de jueces, fiscales y funcionarios bregaban en sus juzgados ante los atascos de una administración con carencia crónica de medios, populares y socialistas se enzarzaban en un cruce de acusaciones sobre la manipulación de la justicia después de que el magistrado Manuel Marchena renunciara a presidir el CGPJ, reivindicando su independencia.

La víspera, jueces y fiscales habían protagonizado su segunda huelga del año.

En mayo habían parado con el PP en la Moncloa y Rafael Catalá al frente de Justicia, pero la llegada al Ministerio de la fiscal Dolores Delgado, que había participado en aquellas movilizaciones, no ha colmado las expectativas de un sector que reclama mejoras retributivas, más medios y mayor independencia.

Ministra reprobada

Delgado, que ya había sido reprobada por el Senado, vio poco después cómo el Congreso también censuraba su labor, salpicada por las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo y entre duras críticas del PP y Ciudadanos por su gestión en la causa judicial del "procés".

Ese juicio comenzará en breve en el Tribunal Supremo tras una instrucción accidentada y que también generó incomprensión fuera de nuestras fronteras.

Llarena y Puigdemont

La decisión de la justicia alemana de rechazar la extradición del expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont por el delito de rebelión llevó al instructor del caso, el juez Pablo Llarena, a retirar las euroórdenes contra los fugados.

Antes, la justicia belga había denegado ya la entrega de los exconselleres que habían huido a ese país, y después también dudaría de la extradición del rapero Valtònyc, condenado en España por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas.

La conclusión final es que la Justicia acaba 2018 esperando reformas que no llegan para mejorar su funcionamiento y, no menos importante, su imagen.

El Imparcial.  Todos los derechos reservados.  ®2019   |  www.elimparcial.es