25 de mayo de 2019, 5:33:54
Nacional

DESAFÍO SECESIONISTA


Dos jueces del procés se inhiben de la deliberación de la JEC

EL IMPARCIAL/Efe

Además, la Fiscalía Superior de Cataluña se declarar competente para estudiar el caso.


Los vocales de la Junta Electoral Central (JEC) Ana Ferrer y Luciano Varela, miembros asimismo de la sala segunda del Tribunal Supremo que está juzgando el proceso independentista, se han abstenido este jueves de las deliberaciones de este órgano electoral sobre los lazos amarillos y las esteladas.

En una nota de la Junta Electoral se informa de que, "con objeto de evitar cualquier interpretación errónea", ambos magistrados se han abstenido de las deliberaciones y de la resolución que ha ordenado a los Mossos la retirada de todos los símbolos independentistas de las sedes de la Generalitdad y que lleva al presidente, Quim Torra, a la Fiscalía General del Estado.

"Se hace constar que ambos se han abstenido de participar en cuantas deliberaciones y acuerdos adopte esta Junta referidos a la Generalidad de Cataluña o las circunscripciones de esta Comunidad Autónoma", remarca el comunicado.

La Fiscalía Superior de Cataluña, competente para estudiar el caso


Además, la Fiscalía General del Estado estudiará el acuerdo de la Junta Electoral Central sobre la negativa del presidente de la Generalidad, Quim Torra, a retirar los símbolos independentistas de los edificios públicos para determinar qué órgano debe investigarla, que, según la ley, es la Fiscalía Superior de Cataluña. La Junta Electoral -además de ordenar a los Mossos la retirada de los símbolos independentistas- ha remitido el caso al Ministerio Público ante la posible comisión de un delito de desobediencia.

Una vez que reciba el escrito, la Fiscalía debe determinar el órgano al que compete investigar y, al ser Torra aforado y tratarse de hechos ocurridos en el territorio de Cataluña, corresponde al Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad decidir sobre el asunto, con lo que la iniciativa se trasladará a la Fiscalía Superior de Cataluña.

El precedente más claro es el del expresidente Arturo Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, condenados por el TSJ a penas de inhabilitación por desobediencia por la organización del 9N, en una sentencia posteriormente rebajada por el Supremo. En el caso de Mas, la primera condena fue de dos años y la segunda la redujo a uno.

Están pendientes de juicio en el TSJ catalán los miembros de la Mesa durante el procés. Su caso se empezó a investigar en el Supremo dentro de la causa que se sigue por rebelión, pero finalmente se remitió al Tribunal Superior de la comunidad al estar procesados únicamente por desobediencia. El artículo 410 del Código Penal prevé para el delito de desobediencia por parte de una autoridad pública a resoluciones judiciales "multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

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