19 de noviembre de 2019, 1:16:26
Nacional

ELECCIONES


La Fiscalía anuncia que se querellará contra Torra por ignorar a la JEC

EL IMPARCIAL/Efe

El president coloca otra pancarta a favor de la libertad de expresión.


El presidente catalán, Quim Torra, ha decidido colgar este viernes al mediodía una nueva pancarta en el balcón del Palau de la Generalitat, con el lema "Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos". Ha sido colgada sobre las 15.05 horas por personal del Palau de la Generalitat, después de que al filo de las 12:30 horas dos operarios retiraran otra a favor de "presos políticos y exiliados", con un lazo blanco y una franja roja.

Esta operación se ha realizado, según fuentes del Govern, después de que agentes de los Mossos d'Esquadra acudieran a Palau a notificar que había una orden de la Junta Electoral Central (JEC) para retirar los símbolos soberanistas de los edificios públicos de la administración catalana antes de las 15.00 horas de este viernes. En el resto de edificios de los departamentos de la Generalitat se ha ido retirando esta simbología a lo largo de la mañana sin necesidad de que intervinieran los Mossos.

En paralelo, en un comunicado hecho público cuando se retiraba la pancarta de Palau, Torra ha anunciado su propósito de presentar, este mismo viernes, un recurso contencioso administrativo contra la decisión de la JEC pidiendo la suspensión "inmediata" de sus acuerdos. Fuentes de la Generalitat han precisado que el recurso se presentará ante el Tribunal Supremo y que en él se urgirán medidas cautelares para paralizar el efecto de las resoluciones de la JEC. Además, Torra presentará la próxima semana una querella contra la JEC por presunta prevaricación.

Mientras tanto, la fiscal general del Estado, María José Segarra, ha ordenado a la Fiscalía de Cataluña que, una vez que tenga conocimiento de todas las actuaciones, interponga una querella contra Torra por ignorar los requerimientos de la JEC.

La Fiscalía General ha remitido el acuerdo a la Fiscalía de Cataluña, a la que compete estudiar el caso por tratarse de un aforado y de un delito cometido en el territorio de la comunidad autónoma. Y lo ha hecho con la orden de que, una vez tenga conocimiento de todas las actuaciones, proceda a ejercitar acciones penales y a interponer la correspondiente querella.

El artículo 410 del Código Penal prevé para el delito de desobediencia por parte de una autoridad pública a resoluciones judiciales "multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Se trata del delito por el que fueron inhabilitados el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega -por sentencia del TSJ de Cataluña posteriormente rebajada por el Supremo- y el exconsejero Francesc Homs, que fue juzgado en el Supremo por su condición de diputado nacional cuando se inició el proceso judicial.

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