21 de noviembre de 2019, 7:04:51
Opinion

AL PASO


El momento catalán, acotaciones

Juan José Solozábal


Aunque ya se sabe que la finura no es la nota más característica del independentismo catalán, no obstante llama la atención la tosquedad de algunos de sus planteamientos ideológicos. Por ejemplo la falta de escrúpulos al aprovecharse del gobierno de las instituciones catalanas, aunque sea debido a la injusticia del sistema electoral que sobreprima la representación independentista. Los gobiernos están para sacar adelante políticas que se refieren al bienestar material de los ciudadanos, que si bien poseen una inspiración determinada, están dirigidas a la comunidad en su conjunto; pero cuando, contrariamente a su función, los gobiernos se limitan a hablar o emitir proclamaciones ideológicas, el resultado no es la integración de la sociedad que recibe los servicios públicos sino la afirmación partidista de la mayoría en el poder y la marginación de las minorías. En una situación normal lo que impide la apropiación sectaria de las instituciones, de modo que solo se gobierne para la satisfacción ideológica de las fuerzas que ocupan las posiciones de mando, es el límite constitucional. Cuando ese límite voluntariamente se rechaza, como ocurre en el Gobierno de los catalanes, el resultado es la arbitrariedad y el despotismo de un poder público autorreferencial y por ello sectario e institucionalmente propenso a la corrupción.

La naturaleza del gobierno de Cataluña no es objeto de análisis en los medios públicos territoriales, que pusiesen de manifiesto lo inapropiado de su actuación y los resultados divisivos para la ciudadanía a que da lugar. Así, no hay, como se sabe, en TV3 espacio para la información plural y el ejercicio de la crítica, dejando hueco suficiente a los planteamientos de la oposición. Lo lamentable es que, con frecuencia, las tesis de las fuerzas independentistas tampoco encuentren demasiada crítica cuando se formulan en espacios públicos fuera de Cataluña. No deseamos que los líderes del independentismo catalán se topen con la barrera que exasperó a Josep Borrell recientemente en la televisión alemana: un individuo entrevistador manifiestamente sectario y mal educado que mostraba un desconocimiento y mala fe sorprendentes sobre la situación política española. Naturalmente tampoco estoy pidiendo que se silencie a los portavoces del independentismo en la escena nacional como si se aspirase a compensar su predominio manifiesto en los espacios catalanes. Lo que pienso es que un periodismo honesto e independiente no puede dejar de mostrar las contradicciones y los sofismas, con un alto precio a pagar por la objetividad, con que se pronuncian en múltiples ocasiones los independentistas.

El otro día en un espacio de TVE de la noche oí a un representante en el Congreso defender el independentismo desde el progresismo y la defensa de, decía, la fraternidad de los pueblos. Desde luego uno puede optar por la independencia por los motivos que quiera, y aun sin motivos, pero, lo que no puede es justificarla con argumentos incongruentes o, groseramente, falsos. Defender que sea un causa progresista acabar con lazos de solidaridad construidos históricamente, establecer fronteras e introducir diferencias de ciudadanía que solo funcionarán para causar la discriminación y la desigualdad, me parece que es lo contrario del progreso y denota mas bien una mentalidad reaccionaria y obtusa.

De otra parte presumir de fraternidad, cuando se quiere acabar con la garantía de equidad que es el Estado común, como instrumento de desarrollo y prosperidad de todos, me parece que raya en el sarcasmo. Claro que en este extremo el listón está muy alto. Recuerdo como en la Sexta, hace algún tiempo, con su presentadora impertérrita, Oriol Junqueras impugnó en un programa de gran audiencia que la independencia catalana se pretendiese desde el supremacismo y el desapego. Por el contrario se trataría de un fórmula política, inspirada por el afecto, que mejoraría el entendimiento mutuo entre Cataluña y España

Algo parecido ocurre cuando, sin cortarse lo más mínimo, oímos a los líderes independentistas acusar al Estado por haber instruido el proceso contra quienes , presuntamente, propiciaron la revuelta institucional en el otoño de 2017, de vengativo e imbuido por un proposito innegable de escarmiento, lo que merita calificar a la misma causa judicial de farsa.

Ya muchos anticipamos el derecho del Estado a defenderse frente a quienes, abusando además de su posición institucional como poder público, habían desafiado el orden constitucional. Estábamos firmemente convencidos de que la réplica a la revuelta se haría desde los cauces y conforme a los límites del Estado de Derecho, de modo que se tratase de una respuesta proporcionada y respetuosa de las garantías procesales constitucionales de los acusados. La asunción de que el Estado español no se avendría a tal parámetro nos parecía la consecuencia de un prejuicio que solo puede estar basado en la animadversión y un desconocimiento profundo de las raíces de la democracia constitucional española.

A lo que se ve las semanas transcurridas de la vista del juicio a los líderes del procés son al respecto bien concluyentes. Lo que un observador desapasionado está contemplando no es la actuación represiva, atropellada y prepotente de un Estado vengativo que ha montado un espectáculo justiciero para castigar arbitrariamente un acto de rebeldía, sino un proceso con todas las garantías donde se exponen los puntos de vista de los acusados y sus defensas con oportunidades de presentación de argumentos y contrapruebas y que el más alto Tribunal examinará con independencia y profesionalidad, y, seguro, sentido de la proporcionalidad y medida.

Esta será la faz del Estado que resultará del proceso, no tengo la menor duda. Mientras repárese en que el proceso está revelando la auténtica fortaleza del Estado español: sus servidores y funcionarios públicos: una clase nutrida de personas honestas, preparadas, y a la altura de su responsabilidad. No obstante la dirigencia política, estamos, de verdad, en buenas manos.

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