17 de noviembre de 2019, 8:54:19
Mundo

VENEZUELA


Al menos 29 muertos en otro motín carcelario en Venezuela

E.I.

Maduro y su gabinete mantienen el silencio ante el dramático suceso.


Venezuela se ha vuelto a teñir de sangre. Este viernes se ha detinado un motín carcelario en el estado de Portuguesa (centro) que, según se ha podido saber, ha causado la muerte de 29 personas. Es el enésimo conflicto dentro de las cárceles del país petrolero tras las crisis de los años 2017 y 2018. En aquellos episodios se detalló el fallecimiento, respectamente, de 39 y 68 ciudadanos. Azuzando los problemas que está padeciendo el régmine para mantener la seguridad en cualquier rincón de la nación.

Las autoridades chavistas guardan silencio mientras que una fuente del Ministerio Público (MP, Fiscalía) expuso que en la reyerta murieron 29 personas y otras 19 resultaron heridas. Al parecer, y según esa información filtrada, el conflicto se habría generado desde dentro de los calabozos de la Comandancia General de la Policía en Acarigua, que forma parte del municipio Páez. La Fiscalía se contraría investigando el caso, pero Nicolás Maduro y su burocracia no se han pronunciado.

Por otro lado, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha acusado como responsable de este tipo de sucesos al Ministerio de Servicios Penitenciarios, que fue creado en 2011 por el Gobierno bolivariano con el fin de dar asistencia a las necesidades en el sector penitenciario. Según la OVP, una ONG que se encarga de otorgar cobertura y defensa a los reos en territorio venezolano, el organismo estatal dirigido por Iris Varela estaría fallando.

En su cuenta de Twitter, la organización no gubernamental ha definido como una "masacre" lo acontecido este viernes. Y, pasadas las horas, especificó que las muertes fueron producto de la tensión interna que se respiraba en dicho presidio entre la policía y los reos. Según se ha relatado, los reclusos habrían solicitado hace diez días que se les permitiera que las visitas tuvieran alojamiento en el interior del recinto. Y, al no serles concedido esa petición, el caos ha explosionado.

Además, explica la OVP, los presos han exigido la dimisión del director de la comisaría, Guillermo López. Y pidieron que se permitiera la visita de grupos evangélicos y deportivos, amén de la posibilidad de tener acceso a materiales de construcción para construir una piscina. Y también solicitaron el acceso a cigarrillos y bebidas alcohólicas. Nada de esto fue concedido por las autoridades. La reacción de los reos fue reclamar la presencia del fiscal superior del MP, Amarilis Pérez, y de la defensora del pueblo regional, Raquel Vera.

Y la tensión habría desembocado en un enfrentamiento de "fuego cruzado" entre los funcionarios policiales y los reos. Las escaamuzas habrían empezado el jueves, resultando muerto Wuislandi José Medina Pineda en unas circunstancias no esclarecidas. Y es que las versiones de los familiares de ese fallecido y la de las autoridades no tienen puntos en común. Esta circunstancia no es única y se añade a la montonera de episodios oscuros que se congelan en el interior de las cárceles del país.

"Durante toda la noche del 23 de mayo y madrugada de 24 de mayo se escuchaban detonaciones en el lugar (...) fue a las 10 de la mañana (14.00 GMT) cuando comenzaron a sacar los cadáveres y heridos", remarcó el mencionado Observatorio Venezolano de Prisiones, al tiempo que la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por la disidencia, se mostró contra la violencia destacada con toda vehemencia.

"Los ocurrido es consecuencia de las malas políticas carcelarias implementadas por Maduro. Desde la Comisión de Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional hemos rechazado el uso de comandos de policiales (...) como cárceles paralelas. En todas se violan los derechos humanos, hay hacinamiento y no cuentan con funcionarios capacitados para atender privados de libertad",escribió en las redes sociales el diputado opositor Robert Alcalá.

Este suceso ha recordado al acontecido hace poco más de un año. Entonces, morirían 68 personas en una prisión de la Policía Estatal de Carabobo (norte). Se trató de uno de los motines más graves en los últimos 25 años en Venezuela. De aquel caso se supo que cinco policías fueron detenidos por ser "indiciados de ser responsables" de la muerte de todas y cada una de las personas finadas en aquel enfrentamiento. Iris Varela, ministra del Servicio Penitenciario, se puso de perfil y eludió la responsabilidad.

Es por ello que la oposición considera que no se ha aprendido nada desde entonces. Ni tampoco de lo ocurrido en 2017, cuando murieron 39 personas durante la toma de una prisión de Puerto Ayacucho denominada Centro de Detención Judicial de Amazonas (CDJA), en el estado de Amazonas. En este capítulo violento, se esclareció que una comisión mixta de policías y militares eliminaron al 39% de la población penal del CDJA durante un enfrentamiento ocasionado por una requisa rutinaria.

"¿Cuántas masacres más deben ocurrir para actuar ante la gravedad de la crisis en calabozos policiales?", se ha preguntado la OVP, que ha recordado todos estos episodios del pasado y los ha colocado en el presente al seguir al mando de la seguridad y gestión de presiones Iris Varela. Además, han denunciado el perenne hacinamiento de los centros de reclusión -se calcula que albergan a 85.000 personas, teniendo las infraesrtucturas, según esta ONG, capacidad para 35.562 reclusos-.

El Imparcial.  Todos los derechos reservados.  ®2019   |  www.elimparcial.es