27 de mayo de 2020, 13:56:39
Nacional

SEGUNDO GRADO


Los presos del procés no podrán acceder a permisos hasta dentro de dos meses

EL IMPARCIAL/Efe


Las juntas de tratamiento de las tres cárceles donde están presos los líderes del procés se han reunido este miércoles para aprobar su propuesta sobre su clasificación penitenciaria, que ha sido fijada en segundo grado, aunque la resolución debe ser revisada por el poder judicial, por lo que no disfrutarán de permisos antes de Navidad.

El segundo grado es un régimen ordinario que no prevé salidas aunque puede flexibilizarse con la aplicación de artículos del reglamento penitenciario que les permitiría ir a trabajar o ejercer voluntariado.

El secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalidad, Amand Calderó, dependiente de la consejería de Justicia - en manos de ERC -, ha comparecido en rueda de prensa en la sede del organismo, donde ha dado a conocer la decisión de las juntas de las cárceles donde cumplen sus penas los nueve líderes independentistas condenados por sedición por el Tribunal Supremo.

"Después de un intenso debate y sin unanimidad, ha sido asignado el segundo grado para los nueve condenados", ha anunciado Calderó, que ha recalcado que "las penas las imponen los jueces, la Generalidad no dicta sentencias", a lo que ha añadido que Cataluña "es el único territorio de España con la competencia sobre sus prisiones".

Tras conocerse la propuesta de las juntas de tratamiento de las tres cárceles (Mas Enric, Puig de les Basses y Lledoners), se abre un plazo de dos meses para que la Consejería ratifique la resolución de la junta, un órgano integrado por psicólogos, educadores, trabajadores sociales y juristas y por un representante de la administración catalana que cuenta con voto de calidad, pero insuficiente para imponer su criterio.

La junta ha tenido en cuenta factores como la conducta en prisión, los hábitos laborales, el apoyo social y familiar o la falta de antecedentes para asignar a los presos el segundo grado,

Nada en la legislación impedía que los líderes del procés fueran clasificados de entrada en tercer grado -de hecho un 40 % de los reclusos sin antecedentes lo son-, pero la larga duración de sus condenas dificulta que puedan beneficiarse del régimen abierto de forma inmediata: aunque los hay, son contados los casos de presos con penas de cárcel de dos dígitos que lo han logrado.

El segundo grado, no obstante, puede flexibilizarse hasta igualar sus condiciones a las del régimen abierto, a través de dos supuestos del reglamento -como el artículo 100.2 que se aplicó a Oriol Pujol o el 117 a Iñaki Urdangarin- que autorizarían a los presos a salir de la cárcel durante el día, principalmente para participar en actividades de voluntariado o trabajar.

Puede ser clave el papel de la Fiscalía si decide recurrir los beneficios penitenciarios, una posición que despierta recelos en el Departamento de Justicia por la beligerancia con que el ministerio público ha criticado su gestión de los políticos presos en anteriores ocasiones. De hecho, en su memoria del año pasado, la Fiscalía cuestionó la imparcialidad de las autoridades penitenciarias catalanas para evaluar a los presos una vez condenados, al tiempo que criticaba la "anormal" presencia de políticos catalanes en la cárcel de Lledoners y las asiduas manifestaciones alrededor del centro.

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