30 de mayo de 2020, 20:16:01
Opinión

AL PASO


Medios y topes constitucionales para el Gobierno de Sánchez

Juan José Solozábal


Muchos observadores no dejan de vaticinar el naufragio del Gobierno cuya andadura no se ha iniciado todavía. Entre los escollos a destacar aparecen los de la homogeneidad, y las limitaciones constitucionales en la cuestión catalana. Es evidente la dificultad de los gobiernos de coalición en punto a su eficacia y durabilidad, y el ejecutivo de Sánchez, con la base del Partido Socialista y de Unidas Podemos, no puede ser la excepción. Con todo no conviene desechar los instrumentos para asegurar la cohesión de que dispondrá el Presidente, comenzando por los propiamente constitucionales. No cabe duda la orientación de canciller, que refuerza la posición del Presidente en el modelo constitucional español. La preminencia presidencial en la Norma fundamental en modo alguno es protocolaria o meramente instrumental. Así, la decisión sobre la efectiva composición del Gobierno corresponde al Presidente, y la responsabilidad política de los ministros siempre es solidaria y se exige al jefe del ejecutivo en exclusiva. Para nada son desdeñables las atribuciones de los ministros, que no solo gestionan los asuntos de su propia cartera sino que participan en la discusión de los asuntos que competen al ejecutivo en su conjunto, pero es impensable que el Gobierno decida sin la conformidad del Presidente.

De otro lado, en la situación parlamentaria española actual, donde el acuerdo de la oposición planteando una moción de censura es absolutamente imposible, la crisis que pudiese desencadenar la salida del gobierno de Unidas Podemos sería prácticamente irrelevante o perfectamente asumible. Me atrevo, por tanto, a vaticinar un ejecutivo completamente pacífico: Podemos sabe que son las oportunidades de formar parte del gobierno lo que ha salvado al partido de su irrelevancia a corto plazo (riesgo perfectamente advertible por la importante pérdida de votos en las últimas elecciones) y lo que depara a sus equipos su colocación en las estructuras administrativas correspondientes. Por el contrario en la oposición siempre hace mucho frío y las acechanzas son múltiples.

Más arriesgada es para el Gobierno la navegación en las turbulentas aguas de la negociación catalana, donde la pericia propia ha de extremarse, pues de nada sirve la acertada atribución por su parte de responsabilidades al enfoque y la actuación del Gobierno de Rajoy sobre el particular, verdaderamente calamitosos. Creo que tampoco es de recibo la supersensibilidad, vamos a llamarla semántica, con que muchos han acogido el acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana, resistiéndose al calificativo de conflicto político del contencioso catalán (antes problemas de convivencia en Cataluña) o del marco del ordenamiento o la legalidad democrática eludiendo la referencia constitucional, que es, como no hay necesidad de decir, obvia e inevitable. Sin duda serán posibles actuaciones tendentes al reconocimiento de Cataluña por parte del Gobierno, contando con satisfacciones en el terreno simbólico o identitario, donde habrá terreno para avanzar en un Estado en el que las pulsiones centralistas son bien grandes.

Pero con todo, a mi juicio, no cabe cuestionar dos cosas. En primer lugar, la existencia de límites a la actuación del Gobierno referidos al resguardo de la igualdad de los españoles como sujetos ciudadanos del mismo estado y la indisponibilidad para nadie, sin previa reforma constitucional, de la condición indivisible de la soberanía nacional. Y, en segundo lugar, que la observancia de esos límites (auténticas líneas rojas) del Gobierno en su gestión del conflicto catalán no depende solo de las convicciones constitucionales del ejecutivo, sino de las garantías institucionales que nuestro Estado de derecho ha establecido para asegurar la observancia del orden constitucional. El Gobierno en su actuación, aun en el caso de los actos a través de los cuales se dirige al Estado, está sujeto a la Constitución y las leyes, lo que está garantizado jurisdiccionalmente, bien por el TC o la Justicia ordinaria si pensamos en su responsabilidad contencioso-administrativa o penal (esta última contemplada explícitamente en el artículo 102 de la Constitución, que se refiere a la acusación del Gobierno y su Presidente de la comisión del delito de traición o de cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones).

Al poder legislativo, y específicamente al Senado, le compete como sabemos, por su parte, en su caso aprobar la intervención prevista en defensa del Estado en el artículo 155 CE, que se produjo en unos términos durante el Gobierno anterior cuya irreprochabilidad ha salvado, en una impecable Sentencia, el Tribunal Constitucional recientemente. La implicación del Estado en su conjunto en relación de la guarda de su unidad y soberanía justificó, en fin, con toda legitimidad la intervención del jefe del Estado que en cumplimiento de sus propias tareas constitucionales pronunció su discurso del 3 de Octubre de 2017. Como se sabe, en este último supuesto no estamos refiriéndonos a una intervención protocolaria del monarca, pues la imparcialidad del Rey que se corresponde con su función arbitral y moderadora, propia de su rol representativo general, no le impide actuar en la defensa del orden constitucional en aquellas circunstancias en que este corra serio peligro, como sucedió en ocasión del golpe de Estado de febrero de1981 o de la revuelta institucional catalana aludida.

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