1 de agosto de 2021, 22:52:08
Economía

DÉFICIT


Las comunidades amenazan al Gobierno con ir a los tribunales si no paga la deuda

Luis Vera

Montero busca tranquilizar a las CCAA permitiendo que puedan incurrir en un déficit del 0,2% del PIB este año.


Los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas llegaban esta tarde al Consejo de Política Fiscal y Financiera con la noticia filtrada a los medios de comunicación del Ministerio de Hacienda de relajar en dos décimas los objetivos de déficit para 2020.

Ni la medida ni las formas han gustado a los responsables de las 15 comunidades de régimen común y han amenazado con llevar al Ejecutivo a los tribunales si no abona los 2.500 millones que Hacienda adeuda a estas regiones por atrasos en la liquidación del IVA autonómico de 2017.

Otra oferta posterior es la oferta de descontar del déficit autonómico de 2019 la liquidación del IVA de 2017, según los gobiernos autonómicos, que el Ejecutivo ha descartado devolver. Así, a la hora de evaluar el cumplimiento del déficit de 2019, fijado en el 0,1 por ciento del PIB, primero se descontará el efecto del IVA. Si tras esa resta, las comunidades registran un 0,1 por ciento o inferior se dará por cumplido el objetivo de 2019 y la comunidad no pasará los controles de Hacienda.

La jugada inicial del departamento que dirige María Jesús Montero buscaba tranquilizar a las CCAA permitiendo que puedan incurrir en un déficit del 0,2% del PIB este año, frente al equilibrio presupuestario que se preveía para 2020 por el Gobierno de Mariano Rajoy, pero no han "picado". Tienen claro que "no es lo mismo" una cosa que otra.

La rebelión de las comunidades autónomas, encabezada por las regidas por el PP, pero apoyadas por las del PSOE, ha obligado al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez a anunciar que en la reunión que podrían estudiarse "medidas paliativas" para solventar el asunto. Pero que Sánchez haya ofrecido a Cataluña mejoras en la financiación y más recursos tampoco ayuda a la normal convivencia. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, le ha acusado de "meter la mano en el bolsillo de los españoles para llenar la cartera de Torra" con la financiación autonómica.

El presidente aragonés, el socialista Javier Lambán, ha advertido este viernes a la ministra Montero que la recuperación de los 80 millones de euros de la liquidación del IVA de 2017 es la medida paliativa que espera del Gobierno central y ha insistido en que, si no, recurrirá a los tribunales en defensa del interés general de la comunidad, porque no hacerlo sería "dejación de funciones".

La Junta de Extremadura pide la devolución del IVA que se le adeuda, 86 millones, o procederá a la reclamación por "la vía jurídica" que entienda oportuna. El Gobierno asturiano tampoco renuncia a acudir a la vía judicial para reclamar la liquidación del IVA que causó un quebranto de unos 75 millones de euros: "No renunciamos a ello". Se suman así a la postura expresada en los últimos días por los Ejecutivos de Galicia y Andalucía con Alberto Núñez Feijóo y Juan Manuel Moreno Bonilla, respectivamente, a la cabeza.

El presidente de la Generalidad valenciana, Ximo Puig, no descartaba acudir a los tribunales para reclamar al Gobierno la liquidación del IVA. En la línea, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, también advertía de que no se obligue a las comunidades autónomas a recurrir a la Justicia para que le abonen el IVA porque el Gobierno lo tendría "perdido".

Avisaba el regidor cántabro de que si no paga incurriría en "apropiación indebida". "Lo que tiene perdido el Gobierno de España, estoy convencido, es si se resiste a pagar la deuda del IVA del año 2017, mes de diciembre", ha dicho Revilla en declaraciones a los periodistas. En el caso de Cantabria, según ha recordado, la "deuda" asciende a 42 millones.

Por su parte, la secretaria de Economía de la Generalidad catalana, Natàlia Mas, (que ha viajado a Madrid en sustitución del vicepresidente y consejero de Hacienda, Pere Aragonès) ha dicho que el objetivo de déficit que propone el Gobierno del 0,2 del PIB sigue "incumpliendo" la ley de estabilidad presupuestaria y ha propuesto una senda del 0,%.
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