10 de agosto de 2020, 17:33:08
Editorial

EDITORIAL


Acabar con el Estado de Alarma, pero mantener el aislamiento social

EL IMPARCIAL


El Estado de Alarma, aunque se aplicó tarde y mal, ha servido para contener la expansión del coronavirus, lo esencial, ahora, para frenar la pandemia. Pero también ha sido la herramienta del Gobierno para asaltar las Instituciones y tomar su control sine die. Para reforzar el autoritarismo, la arrogancia y los delirios de grandeza de Pedro Sánchez hasta el punto de abonar el terreno para imponer la censura. Y, aunque pocos y por las difusas órdenes del Ministerio del Interior, algunos agentes de las Fuerzas de Seguridad se han excedido en sus funciones, poniendo multas a raudales y sin sentido.

Ya es hora de bajar las ínfulas del presidente del Gobierno. Ya es hora de acabar con el Estado de Alarma en sus planteamientos actuales. Es imprescindible, sin embargo, mantener el aislamiento social durante mucho tiempo. Los científicos creen que al menos hasta después del verano y algunos, como los de la Universidad de Harvard, recomiendan que hasta 2022 no podrá recuperarse al completo la actividad normal.

Pero para mantener el aislamiento social no es imprescindible que el Estado de Alarma siga vigente. Puede regularse sin necesidad de que el Gobierno aplique su absolutismo en todas las facetas de la vida de los españoles. Un absolutismo que se contagia no solo a ciertos agentes de las Fuerzas de Seguridad. También algunos ciudadanos se creen con derecho a acosar y amenazar a quienes creen que incumplen con las normas establecidas. Ya se ha producido más de un enfrentamiento violento por esas prácticas inquisitoriales.

El llamado desescalamiento en el aislamiento social debe ponerse en marcha con rigor y sentido común; basado solo en las recomendaciones de los auténticos expertos, no en ese gueto de “autoridades sanitarias” a los que nadie conoce y que el Gobierno emplea para tomar decisiones fatídicas, como ha hecho en multitud de ocasiones.

La inmensa mayoría de los españoles ha demostrado su ejemplaridad y civismo. No es necesario montar un Estado policial para que los ciudadanos cumplan con las recomendaciones sanitarias. El miedo al contagio pesa más que cualquier multa. Al Gobierno, además, le interesa aflojar la tensión política. No con los sermones del presidente y todos sus ministros en la pasarela de Moncloa; ni con imaginarios Pactos de la Moncloa.

Un ejemplo: ha resultado un error la decisión unilateral del Ministerio de Educación de abrir las puertas de los colegios en julio y, al tiempo, dar por finalizado el curso escolar y conceder a casi todos los alumnos el aprobado general. Primero, porque es una temeridad la vuelta a las aulas de los estudiantes sin un estudio previo en ese momento de la expansión del coronavirus. Y, luego, porque el aprobado general solo puede ser el último recurso. Tan de bulto ha sido el error que comunidades como las de Madrid, Murcia, Andalucía, Castilla-León y el País vasco se han negado a aplicar la norma ministerial. La polémica está servida. Hubiera bastado con consultar y consensuar con los consejeros de Sanidad autonómicos para evitar la gresca. Pero el poder omnímodo del Estado de Alarma ha cegado hasta a la ministra Celáa, acostumbrada a ver cómo Pedro Sánchez intenta imponerse con la autoridad de un dictador.

Sin ir más lejos, en su última reunión con los presidentes autonómicos, abrumado por la artillería de sus críticas, Sánchez concluyó el encuentro con una frase que demuestra esos delirios de grandeza. “Aquí mando yo”, vociferó para dar por terminado el encuentro. Pues no. Aquí manda la soberanía popular. España, todavía, es una democracia. Pero el Estado de Alarma empieza a deteriorarla. La Oposición debería tomar nota. Y cuando el presidente se encarame de nuevo a la tribuna del Congreso para renovar el dichoso decreto, los diputados tienen que rechazar que se prolongue también su poder sin límites.

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