5 de diciembre de 2021, 14:43:36
Nacional

CASO 8M


La jueza del 8M aguanta la presión del Gobierno e investigará a Franco

EL IMPARCIAL

La Abogacía y la Fiscalía pedían anular la investigación sobre la manifestación del Día de la Mujer y el riesgo de contagio por coronavirus.


La jueza del 8M, Carmen Rodríguez-Medel, ha rechazado los recursos de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía y continuará con la investigación sobre la manifestación del Día de la Mujer. Por lo tanto, mantiene la declaración este miércoles del delegado de Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, junto a más testigos. En un auto hecho público este martes, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, se defiende y contesta a los distintos ataques de Abogacía y Fiscalía, que solicitaban la nulidad de su instrucción.

Rodríguez-Medel contesta a la Abogacía del Estado, que solicitaba la anulación de los plazos, y subraya las continuas "reticencias y demoras" que algunos órganos oficiados transmitían a la Policía Judicial sin causa justificada. "Para evitar dilaciones injustificadas en la remisión de documentación y propiciar que la Guardia Civil actuante no tuviera que estar reiterando sucesivamente la necesidad de que los oficios se cumplimentaran para poder continuar con la investigación, en definitiva, para facilitar la labor de los agentes actuantes, se optó por la fijación del plazo desde este órgano judicial", indica.

La jueza considera "ilustrativo" el hecho de que la Abogacía del Estado no haya puesto objeción alguna al dictado de resoluciones durante el estado de alarma, cuando las mismas benefician a su cliente, pero sí en este caso. Algo que, en su opinión, pone de manifiesto que la suspensión del plazo nada tiene que ver con la imposibilidad de tramitar las causas penales, como argumenta la Abogacía. Por otro lado, Rodríguez-Medel rechaza los argumentos de la Fiscalía, que considera "innecesaria" su instrucción, por "lo escueto de sus argumentos".

Rodríguez-Medel niega categóricamente que su investigación sea una "causa general contra el Gobierno", como había afirmado la Abogacía: "El objeto de este procedimiento penal se circunscribe única y exclusivamente a las decisiones jurídicas adoptadas entre el 5 y el 14 de marzo de 2020 por el Delegado de Gobierno de Madrid, don José Manuel Franco Pardo, tanto de toma de conocimiento de concentraciones/manifestaciones como de no prohibición de aquellas sobre las que previamente ya había tomado conocimiento, en su condición de autoridad administrativa", aduce.

La jueza cierra filas también con el informe forense, del que reniega la Abogacía, que concluye que se debería haber impedido esa manifestación y que tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, los consejeros autonómicos o el delegado del Gobierno en Madrid conocían la "gravedad" de la situación de la epidemia pero la minimizaron. Al respeto, destaca su "utilidad" pues "permite analizar desde la perspectiva médica el grado de conocimiento en el periodo que nos ocupa (entre el 5 y el 14 de marzo) de que mantener la distancia social evita el riesgo de contagio y también determinar desde cuando se tiene ese conocimiento (que es clave a efectos de valorar si, en su caso, se dictaron resoluciones a sabiendas de su injusticia)".

La jueza contrarresta así la presión de la Abogacía y de la Fiscalía y desestima la impugnación de tres providencias de 21 de abril, 21 de mayo y 25 de mayo de 2020 en las que rechaza la alegación de nulidad de las actuaciones, la paralización de las mismas y la indefensión del delegado del Gobierno en Madrid.

Está previsto que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, declare este miércoles a partir de las 15.30 horas en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. Tras él concurrirán, aunque únicamente como testigos, el secretario general de la delegación del Gobierno, Fernando Talavera; el jefe del gabinete del delegado del Gobierno, Luis María Sanz; y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz.

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