27 de septiembre de 2021, 19:00:27
Nacional

GOBIERNO


Justicia estudia la viabilidad de la ley antidesahucios de Podemos

EL IMPARCIAL


Enésimo lío en el Gobierno por la ley antidesahucios que propone Podemos. Si la ley del 'sólo sí es sí' del Ministerio de Igualdad hubo de ser revisada por el Gabinete de la vicepresidenta Carmen Calvo, y se encuentra pendiente de aprobación; la del Salario Mínimo Vital contó con el asesoramiento del Ministerio de Seguridad Social de José Luis Escrivá; ahora es la ley antidesahucios la que se encuentra pendiente de la revisión del ministerio de Justicia, que estudia su viabilidad.

Así lo ha reconocido el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que ha asegurado que la norma propuesta por Podemos se encuentra en el Ministerio de Justicia que dirige Juan Carlos Campo, ante la posibilidad de que grandes tenedores de viviendas puedan iniciar recursos legales contra la norma y ganarlos.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana defiende que los grandes tenedores de vivienda (más de 10 propiedades) deben recibir una compensación económica si sus casas están ocupadas sin contrato mientras a los residentes se les busca una alternativa para vivir.

Fuentes del Ministerio han destacado, en declaraciones a Efe, que no compensar a esos propietarios por la cesión de propiedades, como pretende Podemos, corre riesgo de ser declarado inconstitucional.

Por ello, la parte socialista del Gobierno defiende que la solución -que irá recogida en un Real Decreto a aprobar, previsiblemente, antes de fin de año- debe ser la compensación por esa cesión de propiedad, porque para favorecer a los más vulnerables "no puede haber dudas de la constitucionalidad del decreto", según estas fuentes.

El Real Decreto ampliará hasta el 9 de mayo la prórroga de la paralización de los lanzamientos (expulsión de la vivienda) e incorpora en el colectivo a proteger a quienes vivan en una situación de vulnerabilidad y hayan ocupado viviendas de estos grandes tenedores.

Para estos grandes propietarios, el mensaje debe ser que en tres meses tendrán "limitado" su derecho de propiedad -hasta que los servicios sociales encuentren una vivienda digna para los ocupantes- pero a cambio recibirán una compensación, porque "hay que hacerlo de manera sólida para no correr riesgo de inconstitucionalidad", han añadido.

La finalidad, señalan, es que los más vulnerables queden protegidos, y para ello es preciso un real decreto "fuerte jurídicamente y sólido".

Las fuentes explican que la cesión de la propiedad por tres meses encaja jurídicamente, dado que se produce en el marco del estado de alarma, pero no así la falta de compensación.

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