17 de abril de 2021, 17:25:09
Editorial

EDITORIAL


Ábalos defiende el indulto de los presos del 1-0 para aliviar tensiones

EL IMPARCIAL


El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha declarado que "el Gobierno tiene la obligación legal de tramitar los indultos y la obligación moral de aliviar tensiones ante la petición de los dirigentes independentistas condenados por el 1-O”. Lo ha dicho en una entrevista en 'La Vanguardia" en la que, preguntado por una posible oposición del Tribunal Supremo (TS) a los indultos, ha pedido respeto por las decisiones que el Gobierno tome en el ámbito de sus competencias.

No hay una sola idea sensata ni democrática en estas declaraciones del ministro. No es “una obligación moral del Gobierno aliviar tensiones” y menos “una obligación moral tramitar los indultos”. Es, sencillamente, un ataque más del Ejecutivo contra la independencia judicial para favorecer las exigencias de los separatistas catalanes con el propósito de que mantengan su apoyo parlamentario al Gobierno.

Carmen Calvo ya criticó al Consejo General del Poder Judicial por nombrar a cuatro magistrados en pleno proceso del Gobierno para cambiar las normas de los nombramientos, con la excusa de que el PP bloqueaba la renovación. Se trata de un mero ataque de la vicepresidenta a la Constitución. Pero el Gobierno cree que su mayoría parlamentaria, con Podemos, ERC, Bildu y compañía, puede saltarse la Carta Magna para sacar adelante sus añagazas ilegales.

Se trata, de nuevo, de otra intromisión en la separación de poderes. Porque el Gobierno socialcomunista confunde la mayoría parlamentaria que le ha servido para ejecutar más de 70 decretazos durante esta legislatura con el respeto al Estado de Derecho. El Gobierno y sus socios no pueden saltarse la Constitución que establece en su artículo 122 que “la renovación de los miembros del Poder Judicial elegidos por el Congreso debe ser aprobada por mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara Baja, esto es 210 votos”.

En efecto, la soberanía popular es la esencia de la democracia, pero también lo es el respeto al Estado de Derecho y a la separación de poderes. Lo que pretende el Gobierno es antidemocrático, anticonstitucional y el ejemplo del comportamiento cada vez más autoritario de Pedro Sánchez.

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