17 de junio de 2021, 9:56:11
Nacional

DESAFÍO SECESIONISTA


La Abogacía no se opone al indulto a los presos del procés y da por reparado "el daño económico"

EL IMPARCIAL


La Abogacía del Estado ha evitado manifestarse a favor o en contra de la concesión del indulto a los condenados por el proceso soberanista catalán aunque ha destacado la reparación del daño económico ligado al delito del malversación, una vez que se han depositado 4,1 millones en el Tribunal de Cuentas.

En un informe, dirigido al Tribunal Supremo, la abogada del estado Rosa María Seoane recuerda que como parte integrante de la Administración General del Estado "no corresponde manifestarse sobre la justicia o conveniencia del indulto o sobre la forma o concesión de la medida de gracia". Se trata de la conclusión del oficio remitido al Supremo que ahora, como tribunal sentenciador, debe emitir un informe preceptivo pero no vinculante para el Gobierno, que será el que decida.

Para evitar posicionarse, Seoane se ampara en "la personalidad jurídica única de la Administración General del Estado", de la que forma parte tanto la Abogacía del Estado como el Gobierno. De esta forma, omite manifestarse a favor o en contra pues de lo contrario "se estaría anticipando o determinando el sentido de una decisión que sólo al Gobierno compete".

Pese a ello, la Abogacía si entra a estudiar la cuestión pero únicamente en cuanto al delito de malversación cuando señala que "parece lógico que el contenido del informe a emitir se limite al bien jurídico protegido que determina la condición de ofendido".

Nada dice del delito de sedición sobre la que recae la mayor responsabilidad en las penas y del que la Abogacía sí acusó en el procedimiento ante el Tribunal Supremo. Como consecuencia, solo se analiza la petición sobre el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raul Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, ya que el resto fueron absueltos del delito de malversación de caudales públicos.

Así, la Abogacía sí que llama la atención sobre un hecho determinante a la hora de valorar la concesión de la medida de gracia, que no es otro que la reparación del daño económico que está relacionado con la condena por el delito de malversación.

Hace unas semanas, el Supremo, a petición de la Abogacía, solicitó un informe al Tribunal de Cuentas para que determinara si los condenados habían devuelto la cantidad reclamada derivada de los fondos públicos con los que se sufragó el referéndum del 1-O, es decir, que acreditara si se había procedido al depósito o afianzamiento de la cantidad de 4,1 millones de euros.

Esta cuestión es relevante porque, al margen de no manifestarse sobre el fondo de la cuestión, la Abogacía pidió al Supremo que en su decisión sobre los indultos tuviera en cuenta el dinero malversado y si han resarcido al Estado el daño causado.

Y en el informe del Tribunal de Cuentas, que incorpora la Abogacía en su oficio, se señala que "ha quedado garantizada, no como pago sino en concepto de garantía de un futuro procedimiento contable la cantidad total de 4.146.274,97 euros" y que "están afianzadas las responsabilidades contables fijadas en su día".

Al respecto, la Abogacía explica que "habiéndose determinado provisionalmente el alcance y sus presuntos responsables y encontrándose garantizada ese cantidad a día de hoy (...) ese afianzamiento constituye un elemento que repararía el perjuicio económico producido a la Hacienda Pública".

La posición de la Abogacía contrasta con la de la Fiscalía que sostiene que los condenados deben cumplir las penas sin "atajos" y por eso se ha opuesto de manera tajante a la concesión de los indultos, una medida que, subraya, no puede operar "como moneda política de cambio" para la "obtención de apoyos parlamentarios". Ya con estos dos informes sobre la mesa, solo falta el informe del Supremo que remitirá al Ejecutivo en las próximas semanas.

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