29 de septiembre de 2021, 3:29:52
Deportes

CORONAVIRUS


Tokio 2020. El Gobierno nipón, jaleado por el COI y contra las cuerdas por el clamor popular

E.I.

La preocupación por el impacto que collevaría el evento deportivo en la crisis sanitaria del país se ha disparado.


Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), no podrá visitas Japón para verificar la puesta a punto de la organización de los Juegos Olímpicos debido al coronavirus. Así se resume la situación sanitaria actual que atraviesa el gigante asiático y la altura de la incertidumbre en torno a la celebración de Tokio 2020 a partir del próximo mes de julio. El Gobierno de Japón se vio obligado el pasado viernes a ampliar el estado de emergencia por la expansión de la pandemia hasta el 31 de mayo.

El impacto de esta ola vírica sigue batiendo varios récords negativos en los parámetros de presión hospitalaria, contagios, incidencia acumulada y demás indicadores. A 75 días de la ceremonia de inauguración del evento olímpico se ha multiplicado la presión popular. El promedio de las encuestas realizadas en este sentido es claro: en torno al 67% de la ciudadanía apuesta por volver a aplazar el evento o anularlo de forma definitiva, mientras que sólo el 25% quiere que el plan se cumpla pese a todo. Además, ya han apoyado más de 220.000 personas la iniciativa de cancelación promovida en la plataforma Change.org.

Bach tenía previsto reunirse el 17 de mayo con Yoshihide Suga, primer ministro japonés, con motivo del relevo de la antorcha olímpica en Hiroshima. Y para concretar el buen desarrollo de los preparativos de los JJ.OO. Mas, el contexto sanitario ha torcido una hoja de ruta que, según el comité organizador, entiende como absolutamente necesario que el directivo del organismo olímpico fiscalice el estado de la organización in situ. Pero, claro, con únicamente el 2% de la población vacunada contra el Covid y el virus campando, va a ser difícil que no aterrice en territorio nipón antes de junio.

Kenji Utsunomiya, afamado activista y abogado japonés, ha impulsado una de las campañas contra los Juegos porque, asegura, "queremos que los recursos se destinen a salvar vidas porque la pandemia no ha terminado". "Es muy posible que celebrar los JJOO depare un escenario de súper contagio que empeore la situación en la que ya estamos", añade en su petición de boicot. Y ese posicionamiento ya ha sido respaldado, entre otros gremios, por la Asociación de Enfermería de Japón. Esta organización ha dicho basta al enterarse que el Ejecutivo va a destinar 500 profesionales para trabajar de forma "voluntaria" durante los Juegos. Mermando los efectivos de los centros de salud.

La perspectiva de las pérdidas económicas a las que se abocarían si se aplazan o cancelan las competiciones olímpicas marea. Se habla de decenas de miles de millones de dólares. Y el COI sigue apretando para que los dirigentes de Japón no pestañeen. De hecho, han arrancado un acuerdo con Pfizer y BioNTech para que donen vacunas para inmunizar a los participantes en el evento -deportistas, entrenadores, directivos de federaciones y miembros de comités nacionales-. Bach, como en marzo de 2020, no está dispuesto a tirar la toalla. Sea cual sea el brete.

En esta trinchera también empuja Sebastian Coe. El presidente de World Athletics aplaudió la capacidad de Sapporo para acoger los Juegos. "Estoy muy satisfecho con lo que he visto. El evento ha estado bien organizado y bien orquestado", declaró tras la disputa del maratón que ha tenido lugar en estas semanas en dicha localización. "El Covid-19 ha sido, hasta ahora, un gran reto para todos y estoy encantado de decir que las medidas para evitar contagios han sido visibles (...) Y los atletas aceptan que esta es la realidad que les toca vivir", sentenció el mandatario.

Del otro lado se colocan los gobernadores de nueve provincias del país, que exigieron la ampliación del estado de emergencia y la anulación, o el aplazamiento, de la cita olímpica. Así lo atestigua el diario The Mainchi Shimbun, publicación que expone, asimismo, un incremento considerable del apoyo a la oposición política que se ha alineado con la reclamación de boicot.

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