24 de julio de 2021, 15:27:03
Nacional

RESTRICCIONES


Castilla-La Mancha llevará al Tribunal Supremo el toque de queda en un municipio

Efe


El Gobierno de Castilla-La Mancha llevará al Tribunal Supremo el cierre perimetral y el toque de queda en Quintar del Rey (Cuenca), que tiene una tasa de incidencia acumulada a 14 días de 687,1 casos por cada 100.000 habitantes, medidas que han sido rechazadas por el Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJCM).

Así lo ha anunciado el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, quien ha señalado que se trata de una localidad que tiene un índice "altísimo" de covid-19 y para la que se han decretado medidas de contención que, sin embargo, el TSJCM "nos ha echado para atrás".

Primero, el Supremo se pronunciará previsiblemente esta semana sobre el recurso del Gobierno canario por la negativa del Tribunal Superior de Justicia de la región de avalar el cierre perimetral de las islas, de manera que será la primera restricción en la que deberá unificar un criterio general para el resto de CCAA.

La Fiscalía de Canarias dio su visto bueno al cierre perimetral, una restricción que contó con el apoyo de varios magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad. Pero está por ver qué posición mantendrá ahora la Fiscalía del alto tribunal, teniendo en cuenta que la Fiscalía General no ha dado un criterio general de actuación a la carrera fiscal, si bien se antoja extraño que la propia institución se enmiende a sí misma.

En líneas generales, los altos tribunales de Cataluña, Valencia, Comunidad de Madrid, Baleares, Navarra, Castilla la Mancha, Extremadura, Andalucía, Galicia, Canarias y Murcia han avalado las restricciones de los Gobiernos autonómicos, si bien no ha habido uniformidad cuando han entrado a abordar aquellas medidas que limitan o restringen derechos fundamentales. Con los cierres perimetrales, que es el caso que va a estudiar el Supremo, los tribunales superiores de País Vasco y Canarias ha rechazado aplicarlo en sus territorios de manera general. Los jueces de Canarias afirman que no pueden avalar el cierre ordenado por el Gobierno regional ante las imprecisiones en sus términos porque entienden que el régimen jurídico establecido por el Ejecutivo es discriminatorio.

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