23 de septiembre de 2021, 10:45:05
Nacional

SEGÚN RAFAEL MURILLO, PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL


Tras la sentencia del TC, el Supremo tendrá que unificar la jurisprudencia para los confinamientos

Sara Cabrero

Caos en las restricciones: cada Tribunal Superior de Justicia responde en función de su criterio ante las medidas que adoptan las comunidades para frenar la pandemia.


El Tribunal Constitucional anuló este miércoles por una ajustada mayoría de seis votos contra cinco el confinamiento domiciliario que incluía el decreto del primer estado de alarma. Una decisión que dejará sin efecto las multas impuestas durante ese periodo.

El Tribunal no cuestiona las medidas anuladas, sino el instrumento que utilizó el Gobierno para implantarlas al entender que para suspender un derecho fundamental es necesario declarar el estado de excepción. De este modo, la declaración de inconstitucionalidad del confinamiento del estado de alarma dejará sin efecto las sanciones derivadas de saltarse esa prohibición de circular. Es decir, se anularán las multas que fueron recurridas por los sancionados y las que no llegaron a notificarse.

“Las sanciones por haber vulnerado el confinamiento que no hayan sido declaradas definitivas quedan anuladas automáticamente”, explica a este periódico Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo. “Las otras habrá que recurrirlas la vía contencioso-administrativa”, añade.

Según datos de las Delegaciones del Gobierno, entre el 14 de marzo y el 20 de junio (tiempo durante el que se prolongó el primer estado de alarma) se impusieron casi 1,2 millones de sanciones. “Quien haya sido sancionado y haya pagado la multa, tendrá que reclamar por la vía contencioso-administrativa la devolución del pago”, insiste. No obstante, recuerda que la propia sentencia no tendrá efecto a la hora de reclamar indemnizaciones al Estado por los perjuicios causados al declarar un estado de alarma.

¿Volverán los toques de queda para frenar la quinta ola?

En plena quinta ola, son las comunidades autónomas las encargadas de adoptar las medidas oportunas para frenar el avance de la pandemia, unas restricciones que deben ser avaladas o rechazadas en función del criterio de cada Tribunal Superior de Justicia.

Para contener los contagios, muchas autonomías han endurecido las restricciones y algunas han solicitado incluso un nuevo el toque de queda. Una petición que, sin embargo, ha obtenido una respuesta diferente en cada región. Mientras que en la Comunidad Valenciana se ha autorizado, en Canarias se ha denegado y Cantabria y Cataluña esperan recibir luz verde. “No tenemos una norma y, por tanto, cada uno interpreta el marco jurídico de una manera”, ha lamentado el experto. “Hay tribunales de justicia que han entendido que sí y otros que no”, critica.

Preguntado sobre esta cuestión y si la decisión del Tribunal Constitucional va a suponer algún cambio, Murillo opina que las resoluciones seguirán su curso sin variaciones y la disparidad continuará reinando entre los tribunales superiores de justicia.

“Creo que la decisión del Tribunal Constitucional no va a suponer un cambio a la hora de tomar este tipo de decisiones. No obstante, habrá una tendencia a una unificación”, dice. Para ello, hace referencia al último decreto que publicó el Gobierno para unificar criterios, el cual permitió elevar los recursos ante el Tribunal Supremo. “Al final, le va a tocar al Tribunal Supremo la unificación de jurisprudencia”, cuenta. Así, interpreta que “será este tribunal quien, en última instancia, determine lo que pueden hacer o no las comunidades autónomas”.

El estado de alarma se ha decretado en cuatro ocasiones, en diciembre de 2010, por una huelga de controladores aéreos, y las tres siguientes, una en marzo y dos en octubre de 2020, por la pandemia la Covid-19. El pasado 14 de marzo, un Consejo de Ministros extraordinario aprobó la declaración de estado de alarma, que tuvo seis prórrogas, autorizadas por el Congreso de los Diputados, hasta que decayó el 21 de junio, 98 días después.

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