Díaz y Escrivá se enfrentan por el plan para endurecer el acceso a la jubilación

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró este lunes "no compartir" la propuesta de extensión del periodo de cómputo para calcular la pensión, que supondría elevarlo de los 25 años actuales a 30 años, al considerarlo "un endurecimiento" del acceso a la prestación por jubilación y un "recorte de derechos".

Así se expresó Díaz en un breve encuentro con medios de comunicación en Guadalajara (México), donde participa en la Feria Internacional del Libro.

"La ampliación del cálculo de la base reguladora a 30 años es un endurecimiento en el acceso a la jubilación que nosotros no podemos compartir, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones", señaló.

Díaz recordó que el periodo de cálculo en España "estaba inicialmente en los ocho años, después se extendió a 15 años y con la nueva ley, que entraría en vigor en 2027, se amplió a 25 años".

"Ampliarlo a 30 años es desde luego un endurecimiento en el acceso a las pensiones de jubilación (...) Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos", subrayó.

Díaz comentaba así la propuesta del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que ha planteado este lunes a los agentes sociales una extensión del periodo de cómputo para calcular la pensión que supondrá elevarlo de los 25 años actuales a 30 años, pudiendo elegir los mejores 28 años.

Según fuentes del Ministerio que dirige José Luis Escrivá, el cambio "se realizaría de manera progresiva" e iría acompañado de una mejora del tratamiento de las lagunas de cotización para las mujeres y también para los varones cuya carrera de cotización se haya visto minorada tras tener un hijo, en línea con el funcionamiento del complemento de brecha de género.

Se trata, señalan, de un "propuesta inicial" del Gobierno, que ahora queda sujeta a la negociación con patronal y sindicatos, que este lunes se ha retomado con el objetivo de cerrar estas medidas comprometidas con Bruselas antes de final de año. El Gobierno también ha propuesto un tratamiento especial para las lagunas de cotización del colectivo de autónomos.

Junto al periodo de cálculo para la pensión -que ya se extendió de 15 años a 25 años en la reforma del 2011- el Gobierno ha planteado vincular la evolución de la base máxima al IPC, así como un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050, un aumento que irá acompañado de una mejora de la pensión máxima.

El Gobierno incide en que se trata de planteamientos que suponen "un punto de partida", abierto a nuevas aportaciones de la mesa de diálogo social, que se reunirá en los próximos días.

Desde CCOO ya han rechazado la necesidad de una ampliación del periodo de cálculo, un punto que no está en las recomendaciones del Pacto de Toledo, cuando se acaba "de culminar el desarrollo de la extensión anterior" y sin la "certeza de que cuente con un apoyo suficiente para su tramitación parlamentaria, lo que constituye una condición necesaria para cualquier nuevo debate al respecto". El sindicato sí valora la vinculación de las bases máximas al IPC, aunque reclama "medidas más intensas para el incremento de ingresos contributivos"