14 de mayo de 2021, 8:22:12
Opinión


Más código penal

Enrique Arnaldo


A falta de buenas noticias, un nuevo Código Penal de la democracia. Agotada la virtualidad del auspiciado por Juan Alberto Belloch en 1995, en sólo trece años debe alumbrarse uno nuevo. Es verdad que había sido parcheado en más de una docena de ocasiones al pairo de cada necesidad política del momento. La respuesta ante cada nuevo escándalo ha sido siempre idéntica: reforma del tipo penal para que encaje una conducta imprevista o, alternativamente, más castigo. El Código Penal ha ido, en fin, engordando por momentos, enriquecido con vitamínicos nuevos delitos descritos con un pormenorizado lenguaje ininteligible de complicadísima interpretación. Más Código Penal pero no una sociedad más segura.

Las denuncias y las querellas han aumentado exponencialmente y nuestros Juzgados de Instrucción se inundan de diligencias previas. La jurisdicción penal rompe la estadística judicial. El número de asuntos de que conoce es muy superior, más que duplica, al que resulta de la suma del resto de los órdenes jurisdiccionales. Muchos acaban en la papelera por falta de autor conocido y otros muchos sobreseídos porque no son susceptibles de reproche penal. Hasta tal punto se ha extendido en determinada sociedad el abuso del recurso al Juez de Instrucción o al Fiscal que un buen amigo sostiene que aquello que puede solucionarse con una buena denuncia o querella ¡para qué solventarlo por la vía civil o contencioso-administrativa!. Son, en suma, instrumentos de intimidación, de amedrentamiento... y hasta de posible negociación a la fuerza.

El Gobierno ha aprobado un nuevo Anteproyecto de reforma del Código Penal que se ha presentado, una vez más, como la tabla salvífica de todos los males: “No habrá resquicio para la impunidad”. Lo que quiere tanto como decir que es el definitivo, que no va a requerir de más modificaciones. ¿Apostamos?.

Desde luego hay medidas que han de recibirse con gran esperanza preventiva como las referidas al endurecimiento de las penas para los autores de abusos y agresiones sexuales a menores, para los captadores de menores para la participación en espectáculos pornográficos y para los que los ofrecen. También la previsión de la impresciptibilidad de los delitos de terrorismo que hayan originado la muerte o graves lesiones físicas o psíquicas en la víctima. Asimismo, la incorporación del delito de acoso laboral, que hasta ahora vivía en el limbo del genérico tipo de los delitos de torturas y contra la integridad moral, lo que dificultaba su aplicación.

Parece más un canto al sol la creación de un nuevo delito de piratería internacional (más bien su recreación pues desapareció hace unos años y ahora vuelve al Código Penal), lo mismo que el castigo con penas agravadas de la corrupción entre los directivos de las empresas, de los delitos de abuso de información privilegiada y manipulación de mercados, que no sería extraño que permanezcan inaplicados dentro de algunos años.

Son tipos bienintencionados de un legislador omnicomprensivo que hace de la espada penal su estandarte máximo para cambiar la sociedad.

Mayor interés reviste la incorporación de la figura de la estafa a los inversores por la que se podría incrementar a los administradores de sociedad que falseen sus balances y las informaciones sobre su actividad negocial con el fin de captar inversiones u obtener créditos. Y el mayor aplauso merece la aplicación de medidas de libertad vigilada (en definitiva, de medidas postpenales) a los terroristas y delincuentes sexuales tras el cumplimiento de su condena, muy en la línea de lo sugerido por los defensores de la constitucionalidad de la cadena perpetua revisable. Más oscuridad, en fin, presente –aún más en la patética situación de crisis vivida en todo el mundo –la nueva vuelta de tuerca con el tema de la prescripción de los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social nada menos que hasta diez años.
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