El Gobierno deja a España sin presupuestos por tercer año consecutivo

El Gobierno de Pedro Sánchez ha sufrido este jueves su enésima derota parlamentaria y vuelve a dejar al país sin Presupuestos Generales del Estado por tercer año consecutivo. El Congreso ha rechazado por segunda vez el techo de gasto -paso indispensable para aprobar las cuentas públicas- para el periodo 2026-2028 por 177 votos en contra -PP, Vox, Junts y UPN-, 166 a favor y 5 abstenciones (Podemos y la exdiputada de Sumar Àgueda Micó), en línea con la votación de la primera senda a finales de noviembre.

El diputado del PP Juan Bravo ha criticado que el Gobierno quiera aumentar el gasto a costa de "más impuestos y más deuda", a lo que el diputado de Vox Pablo Sáez ha añadido que la reducción del déficit solo es posible con "un importante aumento de la presión fiscal" y el diputado de Junts, Josep María Cruset, que se trata de la misma senda que ya fue rechazada.

El Gobierno prevé presentar el proyecto de presupuestos en torno a febrero del próximo año, lo que obligará a prorrogar por tercera vez las cuentas de 2023, que son las actualmente vigentes.

Subida salarial a funcionarios

Por otro lado, el Congreso sí ha convalidado la subida salarial del 2,5% para 2025 y del 1,5 % para 2026 para los 3,5 millones de empleados públicos con el apoyo de todos los grupos, incluido el PP, y pese a los votos en contra de Vox.

Con 309 votos a favor, 32 en contra y 7 abstenciones -las de Junts-, el real decreto ha sido convalidado y se tramitará como proyecto de ley, permitiendo que en el sector público estatal la subida de 2025, incluyendo los atrasos desde el pasado 1 de enero, se haga efectiva en una nómina adicional este mismo mes, lo que afectará a 540.000 empleados públicos.

El resto de las administraciones públicas tendrán que establecer el calendario de abono de los importes y atrasos relativos al ejercicio 2025.

Atención al cliente en lenguas cooficiales

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la ley de servicios de atención a la clientela, que incluye la atención en catalán, euskera y gallego a la ciudadanía de las comunidades autónomas con lenguas cooficiales, así como el bloqueo de las llamadas 'spam' y garantizar la atención humana.

En su último Pleno del año, la Cámara Baja ha dado luz verde a una ley que inició su andadura en 2011 y ha necesitado más de una década para culminar su camino.

El Congreso de los Diputados ha tumbado la mayoría de enmiendas introducidas por el PP en el Senado, que pretendían limitar la atención en lenguas cooficiales así como ampliar los tiempos de espera máximos para atender llamadas.

Sin embargo, el respaldo de PP, Vox y Junts ha hecho que las restricciones a la publicidad del juego hayan decaído del texto legal, entre ellas, prohibir la presencia de personajes populares en estos anuncios y limitar esta publicidad en redes sociales.

"Un avance importante"

Durante el debate, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido que la ley es un "avance importante" que va a suponer "un paso adelante de calado en la defensa" de los derechos de las personas consumidoras y también "la mejora de la democracia española" al cubrir "gran parte de las relaciones económicas y comerciales".

La ley de atención a la clientela, la primera específica sobre esta materia, establece el fin de las llamadas spam, de los gastos de gestión ocultos, de las reseñas falsas en internet o de las renovaciones de contrato no consentidas.

Con esta legislación, las empresas estarán obligadas a identificar sus llamadas comerciales con un código numérico específico y garantizar que el 95 % de las llamadas que reciban sean atendidas en una media de tiempo inferior a tres minutos y no se podrán atender sólo por contestadores automáticos o inteligencia artificial, siempre deberá existir la opción de hablar con un operador humano.

Asimismo, las reclamaciones de los clientes deberán ser atendidas en un plazo máximo de 15 días. Y las empresas de más de 250 empleados o facturación superior a 50 millones de euros tendrán que ofrecer atención a la clientela en las lenguas cooficiales en las comunidades autónomas donde el catalán, el euskera o el gallego sean lengua cooficial.

Lenguas cooficiales

La atención en lenguas cooficiales ha sido el punto más polémico de la ley, como se ha vuelto a poner de manifiesto en el Pleno. El diputado popular Antonio Martínez ha afirmado que se trata de "imposiciones nacionalistas" y ha dicho que es una barbaridad obligar a empresas de cualquier lugar de España a prestar atención en lenguas cooficiales, mientras que Tomás Fernández (Vox) ha indicado que la ley es un "engendro de contenido ideológico" y un "mero vehículo de concesiones políticas".

La ley de atención a la clientela ve la luz sin la enmienda con la que el PP quiso introducir una disposición final para aplicar un IVA del 4% durante los primeros seis meses de 2026 a carnes, pescados y conservas y eliminar completamente ese impuesto a la leche, los quesos, las frutas, las verduras, las hortalizas, y las legumbres.

El Gobierno solicitó el veto de esta iniciativa por implicar una disminución de los ingresos o un aumento de los gastos presupuestarios, que calculaba que tendría una afectación en el presupuesto de 3.780 millones de euros y el Congreso lo avaló. El grupo popular ha calificado el veto de "error" y de "verdadera vergüenza".