11 de mayo de 2021, 2:25:07
Opinión


El caso del juez Tirado



Todo lo que rodea a la muerte de la pequeña Mari Luz Cortés no es sino fiel reflejo de las carencias de una justicia cuyo funcionamiento dista mucho de ser aceptable. Nada funcionó como debía. Sería injusto culpar a una persona, una sola instancia o una sola administración. Falló el sistema al completo. Y el resultado fue la dramática muerte de una pequeña a manos de un pederasta que debía estar en prisión. En su momento el anterior Consejo General del Poder Judicial, órgano competente en lo que respecta al gobierno de los jueces, impuso una sanción de 2 años de inhabilitación a la secretaria judicial Juana Gálvez, y 1.500 euros del multa al juez Tirado.

Aquello generó un hondo malestar, prácticamente generalizado. Por un lado, a la propia familia, que veía cómo los responsables de que un asesino pederasta siguiese en la calle recibían sanciones -sobre todo el juez Tirado- mínimas. Por otro el Gobierno, quien se apresuró demasiado en sus primeras valoraciones, cometiendo un fallo garrafal. El corporativismo es un mal endémico en multitud de profesiones y el entorno jurídico no es una excepción. A nadie gustó la lenidad con que el CGPJ sancionaba a dos “de los suyos”, pero lo hizo en base a postulados jurídicos válidos. En democracia, debe funcionar la separación de poderes. Y que el Ejecutivo y el Legislativo presionen al Judicial, es sumamente disfuncional para el sistema. Por poco o nada que gusten sus decisiones. Cámbiense las leyes, pónganse sanciones más severas, o mejórese -sobre todo esto último- la Justicia, dotándola de medios materiales y humanos adecuados.

Ahora, el nuevo CGPJ propone elevar la sanción a una suspensión de 1 a 6 meses de inhabilitación al juez Tirado. Lo cual será difícil de explicar por parte de un Ejecutivo cuya vertiente jurídica -la Vicepresidenta De la Vega y el Ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo- atacó frontalmente al anterior CGPJ, llegando a filtrar a medios afines que quienes habían instruido las sanciones eran vocales propuestos por el PP. Ocurre que, esta vez, el instructor que ha propuesto dejar las cosas prácticamente igual es un vocal de los nominados por el PSOE. ¿Volverá a protestar al Gobierno de nuevo? Quizá haya aprendido la lección: esa que dice que hay que respetar la división de poderes y más si se es uno de ellos. O aquella otra según la cual lo que imputas a tu adversario puede volverse contra ti. Resumiendo: peor que una mala sentencia es la injerencia en la independencia judicial. En cualquier caso, la Justicia es una asignatura pendiente, cuya mejora no puede demorarse más. Por el bien de todos.
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