14 de octubre de 2019, 13:35:15
Opinion


División y separación de poderes en España



Hace años, el entonces vicepresidente del gobierno socialista de Felipe González, Alfonso Guerra, pronunció una de sus célebres frases, referida en aquella ocasión al poder irresistible que detentaban los socialistas. Con su “Montesquieu ha muerto”, Guerra quería significar que la famosa división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) formulada por el insigne pensador francés había perdido la vigencia. “El pueblo nos ha votado”, decía, olvidando quizá que lo que la ciudadanía había hecho no era otorgar una “patente de corso” al poder Ejecutivo, sino suscribir con ellos un “contrato social” de contenido democrático occidental: un sistema el nuestro que consiste precisamente en la limitación del poder y en la idea que los ciudadanos votamos –que no plebiscitamos- y delegamos una parte reducida de la realidad, en la inteligencia que el resto es de dominio individual. Esos son los límites que no debían ser rebasados, por mucho respaldo electoral que se tuviese. Pero ya se sabe que, para determinados políticos –no importa de qué signo o color político- el poder ilimitado resulta una tentación irresistible. Son incapaces de someterse los límites jurisdiccionales que marcan las reglas del juego democrático. Así ha sido en Occidente desde Pisistrato en el mundo antiguo: historias de soberbia y ambición que siempre terminan mal, para los ciudadanos, desde luego, pero también incluso para los empresarios del poder, porque la concentración del mismo, nos decía Solón, en los albores míticos de nuestro sistema, tiene “mala salida”. Por eso a los “modernos” se les ocurrió repartir y dividir el poder de los Príncipes.

Desde luego, el mundo actual es bien distinto del que vivió el sabio e ilustrado barón. Sin embargo, la idea sigue vigente porque el poder desmedido es una tendencia consustancial a la naturaleza humana. La prueba la tenemos entre nosotros. Esta vez le ha tocado el turno a otro socialista español con responsabilidades, pero sin las lecturas ni la valía parlamentaria de Alfonso Guerra. Así, el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, volvía por sus fueros al atacar frontalmente al Poder Judicial, a propósito de la confirmación, por parte del Consejo General del Poder Judicial, de la sanción impuesta por el mismo al juez Tirado, instructor del “caso Mari Luz” –un ejemplo lamentable de negligencia judicial que ha tenido comprensiblemente enardecida a la opinión pública por las características repugnantes del delito de pederastia. El señor Blanco se ha despachado diciendo que, de haber sabido que el CGPJ actuaría con “corporativismo” al imponer la sanción del juez Rafael Tirado, los socialistas debería haberse “replanteado su voto” a la hora de elegir a los miembros del órgano de gobierno de los jueces.

Fantástico. Ahora resulta que, a juicio del señor Blanco, los vocales del Consejo General del Poder Judicial elegidos a propuesta del PSOE le deben pleitesía, y han de votar, según el sentir de la calle Ferraz –en este caso, coreada por la de Génova (sede del PP) ¿Y dónde queda la independencia judicial? Habría que preguntarle a José Blanco, o quizá al resto del “lobby jurídico” del Gobierno, encabezado por la vicepresidenta De la Vega y el titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Todos ellos se han permitido opinar abiertamente sobre materias que no debían. Se lo impide su responsabilidad. La peor sentencia es preferible a la mejor injerencia. Porque en el momento que el Ejecutivo le diga al Judicial cómo ha de proceder, la democracia estará en peligro. Por muy progresista que sea quien la amenace. Las intempestivas declaraciones de don José Blanco son la mejor prueba de lo imprescindible que es la división y separación de poderes.
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