|
19 de octubre de 2025, 9:05:11 |
El Convenio de Ottawa, 10 años después
Lucía Nieto
Hace 10 años del Convenio de Ottawa o “Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersona y sobre su destrucción”, y aún contabilizamos miles de víctimas civiles que han sufrido las trampas que, en tiempos de conflicto, han sido sembradas en los campos y caminos de por lo menos 80 países en el mundo. En la región de América Latina actualmente se encuentran contaminados por minas o restos de explosivos de guerra en diferente escala, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Chile.
Es imposible ser indiferente ante información que no deja de aparecer a diario desde hace 20 o quizá 30 años indistintamente en uno u otro de estos países, sobre chiquillos que caminaban o jugaban desprevenidamente y, sin siquiera sospecharlo, ponen un pie sobre la muerte y allí la encuentran y si se salvan las secuelas son graves mutilaciones que les dejan marcada su existencia. O de soldados corajudos que, aún sabiendo lo que pisan, cuando lo saben, no logran evitar la explosión y si con suerte se salvan, quedan mutilados, ciegos o sordos. Para finales del 2008 los países con víctimas de minas y restos de explosivos de guerra en América Latina fueron Nicaragua, Colombia y Perú, para el caso de Chile se reportaron víctimas de minas, exclusivamente. Colombia es el país que reporta el mayor número de nuevas víctimas al año en el mundo. Para estos países afectados es muy difícil asumir los gastos vinculados a las víctimas por la atención médica, la rehabilitación, los aparatos ortopédicos y la reintegración social y laboral.
La situación es aún más compleja, si cabe, por que esta absurda estrategia de guerra ocupa amplias regiones en las que se reducen las zonas cultivables, se restringen los movimientos y las comunicaciones y, en muchos casos, el miedo a su presencia induce el desplazamiento de las poblaciones nativas, con el consecuente abandono de sus vidas, de sus destinos.
Este año, con motivo de la década de aplicación se hará la segunda revisión del convenio, y la realidad es que poco se ha logrado modificar el mapa del terror escondido en los caminos, a pesar de las intensas labores de desminado en cada uno de los países afectados. Es necesario reforzar el financiamiento a favor del desminado, apoyar los avances logrados en la atención a las víctimas y favorecer y apoyar las gestiones con los grupos armados que aún las usan, como es el caso de Colombia -hace escasamente una semana el Ministro de Defensa colombiano acusaba a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) de seguir plantando minas de manera indiscriminada en varias regiones-.
Pese a que estos no sean buenos tiempos para hablar de recursos, de financiación, se trata de un tema que no puede ser descuidado.