24 de septiembre de 2021, 17:32:49
Opinión


De cómo deshacer instituciones

Luis Medina Peña


El 8 de febrero pasado culminó en México un proceso político que presenta ominosas amenazas para el futuro del país. En la madrugada de ese día la Cámara de Diputados finalmente llegó a un acuerdo y se designaron los titulares a presidente y a dos consejerías del Instituto Federal Electoral (IFE), institución que organiza las elecciones federales y arbitra la competencia entre los partidos políticos. Quienes resultaron electos no es la cuestión importante, sino la forma que adquirió el procedimiento de su designación.


Todo empezó al día siguiente de las elecciones para presidente de la República e integración del Congreso de la Unión en el año 2000. En aquel entonces el mesiánico político tropical y candidato a la presidencia por la coalición de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como el Pejelagarto, perdió la elección por un margen menor a un punto porcentual frente al candidato de la derecha, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. La reacción del Peje fue rápida y fulminante: declaró fraudulenta la elección y se autonombró "presidente legítimo". Desde entonces recorre el país preparando su elección para el 2012.


Pero lo que quedó de aquello fue un diminuto cáncer que empezó a corroer las instituciones. Para sostener su alegato de fraude, el inconmensurable Peje acusó a las autoridades electorales de haberse coludido con el entonces presidente Vicente Fox, para robarle el triunfo que ya consideraba en la bolsa. La cosa no hubiera pasado a mayores de no ser por la paradoja electoral mexicana que, gracias al voto dividido y gane quien gane la presidencia de la República, las dos cámaras del Congreso quedan integradas por tres fracciones casi equivalentes.


En los doce meses pasados, los jerarcas de las fracciones parlamentarias afinaron un acuerdo: cambiar por etapas a los nueve miembros del Consejo General del Instituto Federal Electoral empezando por lo pronto por su presidente y dos consejeros . Como no podían incoarles juicio político -que es lo que señala la constitución para casos de responsabilidad de la autoridad electoral- por ausencia de pruebas de la supuesta colusión, los legisladores idearon una reforma constitucional que ordena el cambio anticipado de tres de sus integrantes en un plazo que fenecía el 13 de diciembre de 2007. Después seguirán los seis consejeros restantes.


Aquí lo relevante fueron las malas razones por las cuales actuaron así las tres principales fracciones políticas de la cámara baja, ya que demuestran la descomposición política por la que transita el país desde hace rato. El Peje y su partido, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), desde el principio de la legislatura habían dejado claro que exigían el relevo del Consejo del IFE antes de las elecciones intermedias de 2009. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) accedió a la petición por venganza, pues fue un consejo integrado en su momento gracias a los oficios de la poderosa líder del sindicato de maestros, Elba Ester Gordillo, entonces dirigente en la cámara baja de la fracción priísta, que finalmente traicionó a su partido para fundar otro. Y la fracción del Partido de Acción Nacional (PAN), el partido del presidente de la República, accedió a concurrir en la reforma constitucional para conseguir a cambio una magra reforma fiscal. Los panistas no consideraron, o no les importó, que al hacerlo aceptaban tácitamente el supuesto fraude electoral que alega López Obrador.


Ya que es la cámara baja la que designa a los consejeros, empezó la rebatinga entre las fracciones por los nombramientos. Concurrieron poco más de 400 ciudadanos en respuesta a una convocatoria abierta. Sin aclarar los criterios, los legisladores la redujeron a poco más de 30 aspirantes. Pero por falta de acuerdo no pudieron cumplir con el plazo en diciembre pasado y decidieron arbitrariamente diferir las designaciones para febrero de este año, con lo cual violaron su propia reforma constitucional. Finalmente tras largas negociaciones y multitud de vetos, coincidieron en tres ciudadanos que ni son los más destacados ni son independientes, pues cada uno de ellos debe su cargo al apoyo de una fracción partidista. Así las cosas, el IFE está ahora más minado que nunca, con el prestigio que alguna vez alcanzó a tener hecho pedazos y encabezado por un a autoridad que para muchos es ilegítima por inconstitucional, y cuyos actos pueden ser recurridos por cualquier ciudadano.
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