14 de octubre de 2019, 1:12:39
Opinion


Federalistas razonables

Juan José Solozábal


Puede parecerles extraño, pero he de confesarles que encuentro un exceso constitucionalista en la argumentación sobre los problemas de nuestro Estado. No niego que sea un doble éxito del sistema constitucional, primero, el admitir el canon de la constitucionalidad para concluir acerca de la justificación o el rechazo de una propuesta política y, segundo, que se identifique la Constitución con lo que simplemente son exigencias del sentido común. Pero francamente me gustaría que en la discusión pública el criterio de constitucionalidad fuese la conclusión y no el punto de partida sobre la plausibilidad de una argumentación sustentada preferentemente, entonces, con razonamientos éticos, históricos o de la naturaleza que fuera.

Pensemos por ejemplo en los problemas actuales del Estado autonómico que durante meses han de girar sobre la constitucionalidad del Estatuto catalán, a dilucidar en una próxima sentencia, como antes ocurrió con el proyecto de dicho texto a su paso por el tramo autonómico y nacional, aunque entonces la referencia fuese la opinión de la clase política al respecto y ahora lo sea el dictamen del Tribunal Constitucional. Pero no me dirán ustedes que no les gustaría que se abriesen las ventanas y la discusión se extendiese por ejemplo a la relación entre democracia y descentralización y que en ellas interviniesen además de profesores de derecho constitucional, algo aburridos de ordinario, por otra parte, historiadores, politólogos y tutti quanti.

Miro una vez más con envidia a los Estados Unidos y veo, en el último número de la New York Review of Books, un comentario indispensable, de Cass R. Sustein, sobre las ventajas e inconvenientes de la descentralización en la primera época americana, justamente en la discusión acerca de la ratificación de la Constitución de 1787 por los Estados de la Unión entre los federalistas y los antifederalistas. En realidad la disputa tiene que ver, pensando, claro, en la organización del sistema territorial constitucional, con la pertinencia de la relación establecida por Montesquieu entre el tamaño del Estado y la libertad política. Los antifederalistas creían que el espíritu faccional , o la corrupción, para entendernos, que pone la fidelidad al grupo o la persecución del interés particularista por encima del servicio a toda la comunidad sólo sucumbiría donde predominase el patriotismo local que involucra a la colectividad en la selección y el control de sus representantes políticos. Pero los espacios amplios, en la línea de Montesquieu, sólo propiciaban el alejamiento de los políticos y en definitiva su despotismo.

Ante estos argumentos Publius (en realidad los federalistas Madison y Hamilton) respondía que la suerte de la República no dependía tanto de la virtud de sus gobernantes como de la disposición política de las estructuras que evitase el espíritu de facción. La corrupción donde prende es en los pequeños Estados, pero no puede hacerse con toda la federación, donde la oposición de diversos intereses lleva a su neutralización efectiva. Ocurría, venía a señalar Madison, que en una pequeña república, un grupo de interés particular podía hacerse con el poder y distribuir la riqueza o las oportunidades en su favor. Así, la corrupción tendría menos facilidades para “invadir el cuerpo todo de la Unión que el de un miembro particular de ella”. De otro lado, la dilucidación de lo conveniente para la Nación sólo alcanzaría determinados estándares de calidad y libertad en un Parlamento de suficiente tamaño.

Lo que esta discusión pone de manifiesto es la sabiduría del equilibrio del federalismo americano huyendo de planteamientos meramente doctrinarios y estableciendo un sistema que compatibiliza los elementos particularistas, que reconocen el patriotismo local, al lado de los amarres federales que aseguran el control y la eficacia de las instituciones nacionales. Un ejemplo, ¿verdad?
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